Únete al Movimiento por Tarifas Justas de Agua Potable en Quintana Roo

Rafael Martínez

*Queremos terminar con el falso discurso de que el problema del abusivo servicio de agua potable se origina con la empresa concesionaria Aguakan.

Argonmexico / Esto nos lo han venido diciendo con una clara intención política electoral desde hace mucho tiempo. Sin embargo, desde el IAPQROO hemos demostrado con un estudio que analiza el comportamiento de los últimos 40 años de las tarifas de agua potable y parte del servicio de los órganos operadores como CAPA y Aguakan, que el origen del problema es legal y de diseño de política pública cuyo responsable es el Gobierno del Estado de Quintana Roo. Por esto, hemos evidenciado al menos que:

1. Los problemas de abusos se originan por las estructuras tarifarias determinadas desde 2011 y 2013 en la
Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarilla?do, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo.
2. Esta Ley permite que en Quintana Roo paguemos una tarifa de agua potable y alcantarillado 8 veces más alta que el promedio NACIONAL y 6 veces más alta que en los Estados de Campeche y Yucatán.
3. Las familias con menores ingresos y que se encuentran en pobreza y pobreza extrema son los que pagan más.
4. Este problema afecta más al 60% de los usuarios del servicio.
5. Esta Ley nos obliga a todos a pagar un “derecho de piso”, pues tenemos que pagar un mínimo de 10 metros cúbicos aunque NO consumamos nada. Esto ha desatado un problema en cadena que provoca que haya muchas familias a las que la DRAEF les ha embargado sus propiedades, incluso, con un valor mayor al del adeudo originado por este precepto injusto y abusivo.
6. La Ley NO cumple con lo que mandata el Artículo 4to Constitucional, en lo que hace a la acequibilidad y a la participación ciudadana para definir con la ciudadanía el monto de las tarifas de este vital servicio.

Es momento de que las autoridades nos den explicaciones y argumenten con estudios y análisis serios, que los ciudadanos estamos equivocados. Es su oportunidad para realmente hacer una política de JUSTICIA SOCIAL y resolver este problema.

Les restan 8 días para respondernos para debatir ante la comunidad, de manera abierta, transparente y con una clara demostración de rendición de cuentas, pero sobre todo, con un sentido de responsabilidad pública para responder a las demandas de la población.

¡Quedan 8 días!