Administración de Puebla Alcanza 100% en Evaluaciones de Transparencia y Rendición de Cuentas
Por José Luis Arizmendi
Argonmexico / CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El Gobierno de Puebla informó que la transparencia y el acceso a la información pública se mantienen como ejes centrales de la administración estatal, con atención institucional a denuncias ciudadanas, cumplimiento total de obligaciones legales y uso de canales oficiales para fortalecer la confianza social.
El gobernador Alejandro Armenta afirmó que toda denuncia ciudadana recibe atención institucional con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, evitando juicios mediáticos u omisiones, mediante contacto directo con la población, recepción abierta de quejas y canalización inmediata de los señalamientos al equipo técnico del Gobierno del Estado.
Por su parte, el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, señaló que el acceso a la información pública es un derecho democrático y una obligación permanente, por lo que las dependencias estatales cumplen con más de 47 obligaciones de transparencia establecidas en la ley.
Indicó que en plataformas oficiales se publica información veraz, completa y oportuna sobre servidores públicos, finanzas, presupuestos y estructura institucional, con el fin de garantizar rendición de cuentas y facilitar la consulta ciudadana.
Como resultado de estas acciones, el Poder Ejecutivo estatal alcanzó un cumplimiento del 100 por ciento en las evaluaciones realizadas por el extinto Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE). Asimismo, los ayuntamientos evaluados obtuvieron cumplimiento total.
Las autoridades señalaron que estos resultados contribuyen a reducir riesgos de corrupción y permiten a la ciudadanía tomar decisiones informadas mediante el uso responsable de la Plataforma Nacional de Transparencia.
El gobierno estatal destacó que esta política cuenta con respaldo federal, al impulsar el fortalecimiento de la legalidad, el uso responsable de recursos públicos y la vigilancia institucional como bases para la confianza ciudadana y el desarrollo democrático.
