La Cámara de Diputados Aprobó Reformas para que las Órdenes de Protección Consideren la Relación de Poder Contra la Víctima
Por Jaime Ariamendi
*Que los poderes legislativos, federales y locales impulsen que los casos de violencia familiar cometida por personas servidoras públicas sean sancionados
*El dictamen, que modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se presentó ante el Senado de la República
*Citan a sesión semipresencial este miércoles 12 de noviembre, a las 11:00 horas
Argonmexico / La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 451 votos, cambios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que en la emisión de las órdenes de protección las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente, tome en consideración la relación de poder, subordinación y privilegio que tiene la persona servidora pública por su cargo, contra la mujer, niña o adolescente en situación de violencia.
Estipula que los Poderes legislativos federales y locales impulsan que, en los casos de violencia familiar cometida por personas servidoras públicas que se valgan de su posición de poder o cargo para ejercerla, dicha conducta sea sancionada con independencia de los delitos en los que haya incurrido la persona agresora, y se prevea su sanción en las leyes administrativas aplicables
El dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, que añade la fracción VII al artículo 9 y la fracción VII al artículo 32, remitido al Senado para sus efectos constitucionales, destaca la importancia de proporcionar seguridad a las víctimas que sufren violencia de pareja y familiar, independientemente de la influencia política y la posición de la persona agresora, colaborando directamente con las instituciones debidas para asegurar que sean aplicadas correctamente
Su implementación, agrega, es fundamental para combatir la impunidad y las situaciones de riesgo que colocan a la persona perjudicada en un estado de vulnerabilidad posterior a la realización de su denuncia.
Menciona que el temor a represalias, dada la influencia política o institucional de la persona agresora, la falta de mecanismos específicos para atender estas situaciones, pueden hacer que la víctima enfrente mayores barreras para denunciar y recibir apoyo. Estas situaciones incrementan la vulnerabilidad de las víctimas por lo que se deben construir vías de protección efectivas e inmediatas.
