Reformas Legislativas para Inhabilitar de Manera Permanente a Quienes Cometan Actos de Corrupción
Por Jaime Arizmendi
- Urge fortalecer las medidas que busquen prevenir y combatir este tipo de delitos, asegura el diputado José Antonio García García
Argonmexico / Es fundamental promover y fortalecer medidas que busquen prevenir y combatir la corrupción, con sanciones que garanticen que los servidores públicos no incurrirán más en este tipo de actos, aseguró el diputado del PAN, José Antonio García García.
Por ello, el legislador presentó una iniciativa que busca reformar el Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objeto de establecer que se inhabilitará permanentemente, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como cualquier participación en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, a quienes incurran en delitos relacionados con actos de corrupción.
Lo anterior, debido a que este tipo de ilícitos obstaculizan el crecimiento económico y el desarrollo, socava la confianza pública, la legitimidad y la transparencia y entorpece la elaboración de leyes imparciales y eficaces, así como su administración, ejecución y aplicación, al ser un grave impedimento para el Estado de Derecho.
La propuesta, enviada a las comisiones unidas de Justicia, y a la de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, destaca que en los últimos años lejos de disminuir este fenómeno, sigue en aumento, pues la prevalencia en personas que fueron víctimas de corrupción, pasó de 12.1 por ciento en 2013, a 15.7 por ciento en 2020.
De igual forma, agregó el legislador, de acuerdo con datos del Barómetro de la Corrupción de América Latina 2019, de Transparencia Internacional, nueve de cada 10 mexicanos declaran que la corrupción sigue siendo un problema grave para el país.
Antonio García refirió que los servicios públicos en los que un mayor porcentaje de mexicanos reporta haber pagado un soborno, se relacionan con la policía en un 52 por ciento, con el acceso a la justicia, 35 por ciento, y con la provisión de servicios públicos básicos 30 por ciento.
El combate a la corrupción debe de ser una lucha constante, a fin de lograr el fortalecimiento de nuestras instituciones públicas y un verdadero Estado democrático y de derecho, puntualizó.
