Motivos de Olvido

Por Ramón Gómez

Argonmexico/ Los dos grandes factores causales del cambio político del

año de 2018 fueron la persistencia del programa neoliberal

durante 35 años y del Estado corrupto, el cual fue fundado hacia

1952 y alcanzó apogeos en tiempos del “pensamiento único”. La

lucha popular contra ambas catástrofes se manifestó en 1988,

aunque antes había tenido lugar en los planos intelectual y

político.

Destruir el andamiaje neoliberal y la corrupción, partes

engarzadas del sistema político, implica una transformación del

Estado o, como dice Andrés Manuel López Obrador, de la vida

pública de México. Se trata de un viraje histórico que debe

impactar comportamientos y moralidades de amplios segmentos

de la sociedad.

La cuestión es de clase, naturalmente, aunque no sólo, pues

están presentes varias otras contradicciones. Durante los años

del neoliberalismo, el salario mínimo redujo su capacidad

adquisitiva en un 70%. Algo semejante ocurrió con otros niveles

salariales. La aptitud redistributiva del ingreso a cargo del

Estado menguó con los reducidos porcentajes de gasto social

directo, es decir, las subvenciones, frente al alza de los subsidios

entregados a la “clase política” y a los grandes empresarios.

Luego de que se disminuyeran las tasas más altas del impuesto a

la renta y se elevara el IVA, el Estado contrajo su capacidad

efectiva de recaudación mediante la condonación de impuestos

o simplemente por la falta de cobro de grandes masas dinerarias

que retuvieron consorcios y personas ligadas al poder.

La inversión pública productiva fue contenida o supeditada

a mecanismos de negocios privados financiados bajo la

responsabilidad del gobierno para potenciarlos con

aportaciones presupuestales directas, onerosas y sin retorno.

En el marco de todo lo anterior, era imposible atender el

crecimiento de la deuda pública, la cual se contrataba para

sufragar el gasto corriente o las obras que no generaban

ingresos públicos, pero beneficiaban a empresas privadas.

Pemex fue convertido en un gran agente financiero, encubridor

de esa maniobra, por lo que su deuda, que era en realidad del

gobierno, se convirtió en un fardo catastrófico de la paraestatal.

El país se encontró bajo una estrategia sin objetivos

nacionales y populares. En lugar de producir granos, había que

traerlos de fuera porque abundaban en el extranjero y eran más

baratos… de momento. En lugar de producir más gas, refinar el

aceite e impulsar la petroquímica, había que vender el crudo y

depender de importaciones cada vez mayores. La cosa no paró

aquí sino que, para destruir Pemex y lograr que grandes

empresas se beneficiaran de riquezas nacionales, se pactó una

reforma energética entre el PRI y el PAN, no obstante el evidente

repudio popular.

Algo semejante se hizo con la electricidad, mediante el

impulso oficial a la creación de una red de productores

independientes privados que se han beneficiado directamente

de la infraestructura de la empresa nacional construida por el

Estado.

Millones de hectáreas fueron concesionadas para la

explotación minera en un país en el que la propiedad del suelo

no otorga derechos sobre el subsuelo, por lo cual el gobierno

generó una gran presión sobre los propietarios o usufructuarios

de la tierra en amplias regiones del país, los cuales han venido

siendo despojados por los concesionarios por la vía de venta,

alquiler u otros contratos, generando crecientes conflictos.

Además, los derechos de explotación siguen siendo muy bajos.

Todas las privatizaciones, sin excepción, fueron planeadas y

realizadas bajo esquemas de corrupción. Se malbarataron las

propiedades públicas y se produjeron dobles ganancias ilícitas,

las provenientes de comprar a bajo precio y aquellas que se

realizaron en forma de mordidas, además de todo un sistema de

contratos leoninos.

El gran atraco del esquema Fobaproa-Ipab, con el que se

convirtió deuda privada en pública por un importe de 100 mil

millones de dólares, sigue causando desembolsos

presupuestales cada año con el pago de los intereses sobre la

mayor parte del valor de los bonos originales. Las mayores

instituciones de crédito beneficiadas con ese atraco fueron

enajenadas a trasnacionales, luego de que, naturalmente, los

vendedores incorporaran al precio el valor de los bonos.

Además, no se pagó impuesto sobre la renta sobre las ganancias

producidas por las enajenaciones, gracias a una cortesía

adicional del gobierno.

Toda clase de concesiones, estimuladas con mordidas, en

favor de familias vinculadas al poder o de empresas extranjeras,

invadieron el escenario nacional. En el curso de ese largo y

penoso proceso, México fue dejando de tener objetivos

estratégicos de carácter popular y nacional.

El gasto público se atomizó y perdió objeto social,

productivo y estratégico. La gestión en la Cámara de Diputados

consistía en incorporar al Presupuesto gastos inconexos,

disímbolos y muchas veces inútiles, para cobrar posteriormente

los correspondientes moches a las instancias públicas u

organismos privados beneficiados.

El gobierno de Peña Nieto llegó al extremo de desviar

recursos de la llamada Cruzada contra el Hambre por sumas de

miles de millones a través de la Estafa Maestra.

Centenares de fideicomisos se usaban como reductos de

grupos o personas agraciadas, atomizando y esterilizando de tal

forma ingentes recursos presupuestales.

Enormes cantidades de dinero presupuestado se gastaban

sin causa justificada en prebendas de una burocracia dorada que

operaba como propietaria de la cosa pública. Al lado de altas

remuneraciones existían fuertes prestaciones en favor de una

minoría de servidores públicos, los de mayor jerarquía, mientras

la gran masa de empleados percibía sueldos bajos.

Después de muchos retoques a la legislación, los fraudes

electorales sólo cambiaron la forma de realizarse, tanto en el

plano local como en el federal. El órgano de gobierno del

Instituto Nacional Electoral, como el de su antecesor, se

integraba con sendas cuotas asignadas a los partidos políticos;

ese fue siempre el sello de la casa hasta 2020.

El país estuvo en manos de una oligarquía compuesta de

grandes capitalistas y altos políticos. AMLO le llamó la mafia del

poder. El Estado corrupto albergaba a unos y otros, por lo que

fue posible la edificación de todo un sistema de gestión pública

bajo la política neoliberal que era el nudo programático de tan

amplia alianza.

La 4T es un mecanismo político de origen popular que

empezó a crearse hace poco más de 30 años. Derrotar el

proyecto neoliberal y destruir el Estado corrupto es el objetivo,

pero eso, naturalmente, implica construir un sistema nuevo. En

los primeros tres años, se ha dado inicio a la edificación de

instituciones en salud, educación, pensiones, empleo, seguridad

pública, justicia, así como sentar bases de un nuevo esquema de

distribución del ingreso. La lucha frontal y puntual contra la

corrupción se encuentra en las reformas de ley y en las nuevas

políticas de la 4T. Con los fondos rescatados se ha logrado cubrir

una parte considerable de la política social.

Sería imposible analizar con acierto la presente coyuntura

electoral a partir del olvido de lo que predominaba hasta hace

poco o de la negación del alcance que tuvo el gran movimiento

electoral que llevó a López Obrador a la Presidencia de la

República y a la 4T a la mayoría en el Congreso y en numerosas

legislaturas locales. La amnesia de las oposiciones, las

partidistas y las de medios conservadores de comunicación, es

un recurso vano. Se nota enseguida que su programa es el del

neoliberalismo bajo un Estado corrupto.

Esos opositores estuvieron tratando de evitar lo que ellos

mismos llamaron “AMLO en la boleta electoral”. Por tal motivo

tenemos calendarios diferentes para elecciones, consultas

populares y revocación del mandato. La separación de fechas fue

impuesta por la oposición con su tercio plus en el Senado, ya que

son normas constitucionales. Pues bien, después de tanto

esfuerzo, los opositores han hecho lo que no querían, es decir,

meter al presidente en la boleta a través de su propia incansable

lucha de respuestas, acusaciones, noticias falsas, insultos,

calumnias y simples difamaciones ad persona. No han parado un

momento. Lo que han hecho, sin desearlo, es alimentar

contraataques de parte de un gobernante metido en la denuncia

política, hasta provocar una vorágine interminable para la cual

ellos no estaban preparados. El punto es que han tenido que

admitir que son defensores de todas las políticas de antes y del

sistema de corrupción, aunque a este último no lo reconozcan

abiertamente en su discurso sino sólo de manera implícita. No

hay que olvidar que sólo los corruptos menosprecian la

corrupción reinante.

El olvido opositor es un mecanismo de defensa política, pero

la mayoría de las personas, incluso la base electoral de los

conservadores, no ha olvidado nada.