Familias Expulsadas de la CDMX
Argonmexico / La nueva Ley de Vivienda de la Ciudad de México, aprobada en diciembre pasado con muchos cuestionamientos por presentar severas lagunas legales, como suele suceder cuando se legisla la vapor, presenta todavía una gran inconsistencia: aún no tiene reglas secundarias que den algún indicio de certeza jurídica.
En efecto, la ausencia de reglas secundarias sobre las nuevas edificaciones no ofrece certeza a los inversionistas y genera, eso sí, infinidad de sospechas entre los vecinos de los recientes desarrollos.
De hecho, la Ciudad de México todavía tiene un gran encanto para atraer nuevas inversiones inmobiliarias y generar desarrollo para las comunidades, pero lo que no existe es un equilibrio que concilie el interés de los desarrolladores y el bienestar de las comunidades.
Ante esta situación, Jesús Padilla Zenteno, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex),
convocó a encontrar dicho equilibrio.
Tanto empresarios como especialistas en desarrollo urbano, como Antonio Azuela de la Cueva, la claridad de las reglas y la transparencia en los nuevos proyectos protegerá a los desarrolladores inmobiliarios de los grupos de extorsión, reducirá la posibilidad de casos de corrupción y facilitará la conciliación con los grupos de vecinos.
Es innegable que la capital del país tiene vocación natural para atraer nuevas inversiones y su crecimiento no se va a detener, lo que hay que replantearse es el nuevo modelo de crecimiento y encontrar mecanismos para conciliar entre intereses individuales e intereses comunes.
La importancia de tener reglas claras en materia de desarrollo inmobiliarios y la preocupación de los especialistas radica en el hecho de que con las condiciones imperantes, la Ciudad de México expulsa más de 30 mil familias de escasos recursos hacia la periferia, lo que representa de suyo, un agravio social.
Autoridades, legisladores, empresarios y académicos, la sociedad en su conjunto, no puede permitir que la ciudad siga expulsando pobres hacia las orillas. La densificación de la ciudad es un proceso que se puede impedir, pero lo que sí se puede hacer es conciliar para que arroje beneficios tanto para desarrolladores como para los vecinos de esas comunidades.
Crítica situación pensionaria
El sistema de Pensiones y de Jubilaciones en México se encuentra en una situación crítica ante el crecimiento demográfico, el cual ocasionará que en el año 2030 los trabajadores y sus familias con este derecho se tripliquen, con la consecuente carga financiera para el Estado.
Las dos principales organizaciones de seguridad social en el país, el ISSSTE y el IMSS, advierten de este complicado panorama: la primera dice que “existe en línea” -para pensionarse y jubilarse- 250 mil personas y que tan sólo en este año 80 mil derechohabientes se acogerán a este beneficio.
El Seguro Social asegura que un incremento no previsto de las obligaciones pone en peligro su permanencia. En 2017, el IMSS gastará 80 mil millones de pesos en pagos de pensiones y jubilaciones y se prevé que en los próximos 70 años los recursos que se canalizarán por este concepto serán de dos billones de pesos.
Con la ley anterior del IMSS, es decir la de antes de 1997, un trabajador topado en el seguro social con 25 salarios mínimos, fácilmente podía obtener una pensión de aproximadamente del 80 por ciento de su salario, es decir, alrededor de 40 mil pesos, pero una pensión de ese tamaño cuesta 13 millones y medio de pesos, de los cuales 12 son subsidio, es decir, las reglas anteriores eran muy generosas.
Lo destacable de esto, es que en la actualidad el número de trabajadores que están por retirarse con ese beneficio, es de no más de 1.2 millones.
Para la Consar, que preside Carlos Ramírez Fuentes, uno de los grandes retos del sistema de pensiones actual es la falta de incentivos de ahorro voluntario y acelerar la tendencia en reducción de comisiones que cobran las Afores por administrar el dinero de los trabajadores, por lo que recomienda integrar los distintos pilares de pensiones y que estos se comuniquen, a fin de poder enfrentar ese complejo desafío.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere que una pensión de alrededor del 50 por ciento del salario de un trabajador es digna, por lo que recomienda ahorrar el 12 de dicho salario.
De hecho, las iniciativas que se han presentado en los últimos tiempos para reformar el sistema, destacan precisamente este dato, pero lo cierto es que hasta el momento cualquier intento o iniciativa, ha quedado en la congeladora
