¿Libre expresión en México? Complicidad, Impunidad y Corrupción, Enemigos del Periodismo

 

Por Esteban Durán Acosta / Argonmexico

 

Nuevamente el periodismo de luto; el asesinato de compañeros periodistas se ha vuelto ya muy común en la nota roja, como si el oficio o profesión fuera parte del crimen organizado o del bajo mundo del hampa; como si los compañeros caídos a manos de los sicarios merecieran la página policiaca en el que el burdo argumento de las autoridades es: «Se trató de un robo» o más allá: «Un crimen con tintes pasionales».

Ante estos hechos criminales, no queda más que la impotencia, el enojo y el miedo del gremio periodístico, no sólo por las ejecuciones contra los compañeros, sino por la incapacidad y a veces grave omisión de las organizaciones encargadas de proteger los derechos de quienes nos dedicamos a publicar y denunciar toda acción que vaya en detrimento de la sociedad; de informar a la opinión pública y que afecta mezquinos intereses de terceros.

El desinterés de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, (FEADLE) por intentar siquiera, de investigar y efectuar una verdadera pesquisa contra los asesinatos de periodistas, ha dado a los delincuentes una especie de protección, con la cual actúan en completa impunidad y ejecutan su macabro trabajo ante la atónita mirada de cientos de testigos, es decir ya no se esperan a que las sombras de la noche oculten su rostro; el cinismo y descaro es tal que los hacen a plena luz del día.
Se habla de protocolos de seguridad; de la forma en que debe protegerse la labor del periodista e incluso de lo que debería decir o dejar de decir, para con ello evitar algún daño a su integridad física -algo verdaderamente absurdo-, como si la libertad de expresión necesitara de un instructivo que debiera llevarse a cabo al pie de la letra.

La libre expresión se ejerce y ya, sin cortapisas, sin censura y sin amenazas; así fue durante mucho tiempo en México; al periodista, reportero o fotógrafo se le respetaba, fuera el medio que fuera; había el temor por lo que se publicara y sus repercusiones, era la amenaza constante para el funcionario, político o policía corrupto: documentos, grabaciones o fotografías eran las pruebas contundentes que truncaban su carrera y su inminente entrada a la prisión. Ni pensar en las represalias, eso no podía ser.

Si las denuncias, si lo que se publicara en los medios acerca de la corrupción en la política y en el ámbito policiaco se investigara, si verdaderamente se atacara de forma y fondo, se arrancaría de raíz toda amenaza sobre el autor. Ese, por principio de cuentas, sería el principal protocolo que debería seguirse, los demás vendrían por añadidura.

Al cuarto poder no sólo ya lo denigraron, lo nulificaron, se perdió el respeto por este noble oficio y con ello la indefensión de quienes tenemos la responsabilidad de informar, con probidad  a la opinión pública. No sólo hay omisión de las autoridades de los tres niveles de gobierno, también hay complicidad, y ello ha dado más impunidad a quienes con las balas han callado la crítica valiente del periodista.