Morena Endurece Combate a la Extorsión y Exige Justicia por Feminicidio

Las y los legisladores expresaron su respaldo a las acciones de la Fiscalía capitalina y reiteraron la exigencia de que el caso no quede impune. En ese contexto, delinearon una agenda enfocada en seguridad, rendición de cuentas y protección integral de la ciudadanía.

El diputado Alberto Martínez Urincho encabezó la presentación de una iniciativa que busca tipificar una nueva conducta delictiva: el “hostigamiento coercitivo”. Esta figura permitiría perseguir la extorsión desde sus fases iniciales, incluso cuando no se haya consumado. En sus palabras, se trata de actuar antes de que el daño se materialice: «aunque el crimen no se consumaba, quedaba el temor y la zozobra que permanece en la sociedad».

La propuesta, impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, plantea una reforma al Código Penal local en tres ejes: armonizar la legislación capitalina con la Ley General en materia de extorsión; incorporar de manera explícita la violencia física o moral como agravante en casos de cobros ilegítimos; y crear el delito de hostigamiento coercitivo, que facultaría a las autoridades a intervenir desde el primer acto de amenaza o intimidación.

Con ello —sostienen— se busca subsanar un vacío jurídico que ha dejado en estado de vulnerabilidad a comerciantes, transportistas y vecinos, quienes enfrentan presiones que, al no consumarse, quedaban sin sanción. La intención, subrayó Urincho, es “atajar la extorsión en todas sus formas” y, además, incentivar la denuncia ciudadana mediante un marco legal más efectivo.

En la misma línea, el diputado Paulo García recordó que la legislación vigente ya contempla sanciones agravadas para servidores públicos que incurran en extorsión. «Quien utilice su cargo para extorsionar enfrentará una pena mayor a la de cualquier ciudadano. Eso se tiene que entender en todas las esferas públicas», advirtió, al señalar que este criterio ya ha sido aplicado en casos registrados en alcaldías gobernadas por la oposición.