Ejecutivo Debe Apoyar a Consumidores De Energía Eléctrica en Emergencias Nacionales

Por José Luna

Argonmexico /  Se trata de que el pago del consumo no contribuya al quiebre de empresas y al desempleo, sino a la recuperación económica: Rodríguez Zamora

La diputada propone reformar la Ley de la Industria Eléctrica para que el Ejecutivo pueda fijar tarifas para usuarios finales

A fin de evitar que el consumo eléctrico sean una carga cuyo pago cause más quiebre de empresas, desempleo y carestía en emergencias como la actual y, por el contrario, procurar que sea un elemento para la recuperación económica, la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora plantea reformar la Ley de la Industria Eléctrica.

Mediante una iniciativa para reformar dicha Ley, la legisladora federal por Veracruz consideró necesario ampliar la facultad y obligación del Ejecutivo Federal de fijar tarifas para determinados grupos de usuarios finales, no sólo para usuarios del suministro básico, en tiempos de emergencia nacional como la presente.

Sería -dijo- a través de un mecanismo distinto al que aplica la Comisión Reguladora de Energía (CRE), instancia encargada de aplicar las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico.

En el artículo 139 de la Ley vigente –y el cual Rodríguez Zamora propone modificar-, el Ejecutivo federal puede determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales que aplica la CRE para determinados usuarios del Suministro Básico, mientras que ella plantea que sea para usuarios finales.

La Ley define al Usuario Final como la “persona física o moral que adquiere, para su propio consumo o para el consumo dentro de sus instalaciones, el Suministro Eléctrico en sus Centros de Carga, como Participante del Mercado o a través de un Suministrador” y es a éste al que la legisladora plantea apoyar con la nueva facultad del Ejecutivo.

En su Exposición de Motivos para fundamentar su propuesta, señaló que la recuperación de la actual crisis económica y sanitaria se dificulta porque diversos servicios -como agua, gas, internet y electricidad- se cobran como si el país estuviera en normalidad.

Agregó que estos cobros de servicios públicos y privados contribuyen a que al menos medio millón de negocios estén a un paso de la quiebra y que, por tal motivo, se puedan perder 12 millones de empleos formales e informales.

Consideró que ni siquiera el Plan Nacional de Vacunación actualmente en marcha contribuirá a mitigar esta amenaza, pues dicho Plan concluirá hacia finales de año.

Por eso, en tiempos de baja o nula actividad económica como ésta -dijo-, es necesario y urgente promover el gasto público o condonar el gasto familiar, ya sea a través de programas o estímulos, pues de cualquier modo la población demanda seguridad alimentaria, habitacional y médica.

Insistió en que la Ley de la Industria Eléctrica vigente limita al Ejecutivo a poder acordar la tarifa a determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, lo que excluye la capacidad de incidir en tiempos de emergencia en relación con el sector de Usuarios Calificados, quienes de todas formas deben seguir operando durante los tiempos de dificultad social o económica.

En consecuencia, es pertinente proponer una reforma al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica que amplíe la capacidad de acción que el Ejecutivo debe tener en esta materia y amplíe también los sectores de usuarios que puedan ser beneficiados por dichos acuerdos.

“Sin importar el tipo de consumo, las demandas comunes en tiempos en los cuales la electricidad es trascendental para cualquier actividad cotidiana, requieren del apoyo del Estado en todos los rubros. A la espera de que en un futuro se presenten menos escenarios que requieran de este tipo de medidas, las acciones preventivas siempre nos darán como sociedad un poco de ventaja para poder contener los embates de las crisis y sus nocivos efectos”, concluyó.