Morena Frena la Gentrificación; Oposición se Pliega al Negocio Inmobiliario
Por Jaime Arizmendi
*El derecho a permanecer en el propio barrio —y no el precio del mercado— se colocó hoy en el centro del debate público
Argonmexico / La iniciativa de reforma constitucional en materia de “rentas justas”, enviada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, llegó al Congreso de la Ciudad de México arropada por la bancada de Morena como eje de su agenda de justicia social. Desde la oposición, sin embargo, se anticipó el rechazo y la preparación de amparos, en una defensa —acusan los morenistas— de intereses inmobiliarios y dinámicas de especulación.
La coordinadora parlamentaria, Xóchitl Bravo Espinosa, enmarcó la propuesta como resultado de un proceso de escucha ciudadana: “Entender lo que se dijo en aquellos foros es fundamental, porque hoy se consolida en la propuesta que envía la Jefa de Gobierno… Tenemos muy claro el sentir de la gente”. No se trata, insistió, de una ocurrencia legislativa, sino de una respuesta estructurada a una crisis habitacional sostenida.
Las cifras dibujan la magnitud del problema: alrededor de dos millones de personas viven en vivienda rentada en la capital; los precios se duplicaron entre 2015 y 2025, y apenas uno de cada diez jóvenes logra acceder a una vivienda propia. En los 15 foros contra la gentrificación realizados en 13 alcaldías, el diagnóstico fue reiterado y contundente. “La gente nos decía: ‘yo pagaba 10 mil o 15 mil pesos; hoy pago más de 40 mil’”, relató Bravo. El efecto, añadió, es la expulsión paulatina de comunidades enteras: “Desaparecen la tienda, la papelería, la barbería, la botica. Eso es lo que están defendiendo desde la oposición”.
La iniciativa plantea cuatro ejes para revertir esta tendencia: limitar los incrementos de renta a la inflación anual; ampliar de forma significativa la vivienda social; crear una Defensoría de los Derechos Inquilinarios; y reconocer constitucionalmente el arraigo vecinal, cultural y económico. Se trata, en palabras del oficialismo, de “reordenar el mercado con criterios de justicia”.
El presidente de la Comisión de Vivienda, Emilio Guijosa, subrayó que la propuesta no llega sola, sino acompañada de respaldo presupuestal: “Hay una política de vivienda muy ambiciosa… Este Congreso ha aprobado 9 mil millones de pesos en vivienda. Es una inversión histórica”.
El choque de visiones es frontal. Mientras la oposición advierte afectaciones a la propiedad privada, Morena sostiene que el verdadero agravio es la exclusión habitacional que hoy viven miles de familias. “La diferencia es clara: nosotros vemos la vivienda como un derecho; la oposición la ve como un negocio”, zanjó Bravo.
Desde la mayoría legislativa se insiste en que la reforma no va contra propietarios, sino contra prácticas especulativas que, aprovechando fallas del mercado, han desplazado a sectores de menores ingresos hacia la periferia. El diputado Paulo García criticó la postura opositora: “Nos llama la atención que hoy vino Acción Nacional a recetarse una sarta de falsedades… Están en contra de una reforma que aún no llegaba ni leían”.
Con el inicio del próximo periodo ordinario en septiembre, Morena emplaza a un debate “con altura, con datos y con la mirada puesta en quienes menos tienen”. La disputa, más que técnica, será de fondo: definir si la vivienda se regula como derecho social o se mantiene sujeta a la lógica del mercado.
