Aprueban Decreto que Reforma Ley General de Educación para Personas con Discapacidad
Por Isabel Rojas Meléndez
Argonmexico / Las Comisiones Unidas de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados aprobaron con 45 votos a favor, 18 en contra y una abstención el proyecto de reformas en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad, reformas que obligan al Estado a garantizar la educación inclusiva en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones del Sistema Educativo Nacional.
El dictamen aprobado con 45 votos a favor de Morena, PT y PVEM responde a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró en el 2019 la inconstitucionalidad 8 artículos (61,62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68) del Capítulo VIII “De la educación inclusiva”, al considerar que la Cámara de Diputados no llevó el debido proceso de consulta entre las personas con discapacidad.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Educación e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, Flora Tania Cruz Santos, calificó esta acción como histórica y agregó: “La aprobación de este dictamen es fundamental, ya que desde 2019, debido a la declaratoria de inconstitucionalidad, no se ha podido implementar la política pública contemplada en la nueva ley. Esto ha dejado sin atención aproximadamente el 90 o 95 por ciento de las escuelas en el país, abarcando todos los niveles educativos, no solo la educación básica”, indicó.
Cruz Santos detalló que, en esta ocasión, se cumplió con todas las etapas legales necesarias para garantizar un proceso transparente y abierto al público. Se llevaron a cabo foros y se trabajó de manera coordinada con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Agregó que solicitarán una sesión extraordinaria para abordar el tema presupuestario, ya que, en septiembre, durante el período ordinario, se presentará el anteproyecto de presupuesto para 2024 en la Cámara de Diputados.
Los artículos, en el dictamen aprobado, señalan que se establecerán los lineamientos necesarios que orienten la toma de decisiones relacionadas con los mecanismos de acreditación, promoción y certificación en los casos del personal que preste educación especial.
El Estado proporcionará a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral, reconociendo las características, circunstancias, necesidades, intereses, capacidades, habilidades, estilos y ritmos de aprendizaje de las y los educandos, para propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y en la sociedad.
Sin embargo, legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) subrayaron que el dictamen retoma prácticamente sin cambios los artículos invalidados por la Corte y, en consecuencia, no cumple la sentencia ni pretende materializar la educación inclusiva, por lo que anunciaron su voto en contra.
La diputada del PRI, Norma Angélica Aceves García, calificó a esta consulta como “simulada” y señaló que la Suprema Corte invalidó el capítulo de Educación inclusiva porque no se consultó a las personas con discapacidad y hoy nuevamente se aprueba un dictamen que fue “consultado” pero que permanece prácticamente igual que el capítulo original, donde no se consideraron la mayoría de las propuestas de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, aseguró la legisladora.
Entre otros aspectos, los artículos, en el dictamen aprobado, señalan que la educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir, reducir y eliminar las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de las y los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación.
Indica que el Estado asegurará la educación inclusiva en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones del Sistema Educativo Nacional, con el fin de favorecer el aprendizaje de las y los educandos, con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Del mismo modo, el Estado proporcionará a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral, reconociendo las características, circunstancias, necesidades, intereses, capacidades, habilidades, estilos y ritmos de aprendizaje de las y los educandos, para propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y en la sociedad.
