Niegan Alerta de Género en Quintana Roo
De la Redacción / Argonmexico
No menos de una docena de feminicidios se han registrado en Quintana Roo y Yucatán, en lo que va del presente año. El índice de impunidad es del 98.5 por ciento.
Desde septiembre de 2016, hace ocho meses, cuando aún era gobernador de Quintana Roo el ahora “ilocalizable” Roberto Borge Angulo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), puso un plazo de seis meses al gobierno de Quintana Roo para acatar recomendaciones contra la violencia misógina.
En caso contrario, advirtió la CONADIM, correspondería a la Secretaría de Gobernación (SG), decretar e implantar la alerta por violencia de género en la entidad. La comisión determinó que en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Solidaridad, fue donde se habían perpetrado reiteradamente agresiones contra mujeres.
Dicho plazo venció a las 11:59 horas del miércoles 30 de noviembre de 2016, dos meses después de que entró en funciones la administración de Carlos Manuel Joaquín González, quien aparentemente admitió la recomendación de la CONADIM, aunque negó la existencia de feminicidios y, por lo mismo, no ordenó que se llevaran a cabo las investigaciones bajo la óptica de perspectiva de género.
Antes, el 13 de mayo de 2016, Roberto Borge Angulo aceptó las 11 conclusiones del informe AVGM/08/2015, elaborado por la CONAVIM, luego de que el 4 de diciembre de 2015, el Consejo Estatal de las Mujeres presentara la solicitud de alerta al Instituto Nacional de las Mujeres.
Entre esas recomendaciones, figuraban 13 modificaciones al Código Penal estatal y siete al Civil, así como reformar las leyes estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como elaborar y aplicar protocolos para investigar con perspectiva de género los delitos contra mujeres, en particular el feminicidio, así como especificar medidas de protección para delitos por motivo de género.
No obstante, antes, en el 2013, Borge Angulo, a dos años y medio de asumir el poder, no reconoció feminicidio alguno, pese a que en Cancún y Playa del Carmen se perpetraron 62 homicidios dolosos de mujeres entre 2011 y 2015, por los que se iniciaron 60 averiguaciones.
Carlos Manuel Joaquín González, por su parte, declaró en octubre de 2016, que difícilmente se podría descartar la alerta de género, principalmente en Cozumel, Cancún, Solidaridad, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.
Ocultando su verdadero sentir, dijo que más que ver con temor o como un castigo la alerta de género, era una oportunidad de generar políticas públicas para demostrar que en Quintana Roo se respeta a la mujer.
Sin embargo, al reconocer que no le era posible cumplir con todos los requisitos para evitar que se diera la alerta de género, solicitó una prórroga para satisfacer todos los requerimientos y evitar dicha alerta.
Empero, a fines de noviembre de ese mismo año, sin reconocer que él mismo había admitido que no se cumplían con los requisitos para evitar la alerta, declaró públicamente que ya había sido descartado que se emitiera dicha alerta y que estaban a la espera de la respuesta de la CONAVIM, respecto a la prórroga solicitada.
Añadió que se les permitió seguir trabajando para evitar la alerta “y vamos bien, la información que dimos a la CONAVIM fue bastante convincente”, dijo esa vez.
Para tratar de convencer aún más a los quintanarroenses, remarcó que más que buscar no tener la alerta, era lograr contar con “una cultura de apoyo a las mujeres, a la equidad de género, no a la violencia intrafamilar, no a la violencia contra la mujer”.
En anticipada justificación, dijo que el plazo que le había dado la CONAVIM para cumplir con las obligaciones, había vencido el 13 de noviembre y como hasta este momento no había tenido una respuesta, creyó que sí se les había concedido la prórroga.
Por su parte, su secretario de Gobierno, Francisco López Mena, fue más allá y advirtió que emitir la alerta, sería “generar una imagen de riesgo para el importante destino turístico” y argumentó que en seis años (durante la gestión de Borge), no se hizo nada para resolver el problema “que no se puede solucionar de la noche a la mañana”, dijo exculpándose.
No pasarían ni 20 días, cuando en la Unidad Morelos, el lunes 19 de diciembre, fueron descubiertos dos feminicidios en la Súpermanzana 58, Manzana 65, Lote 6, sobre la calle Chuburná, a unos seis metros de la avenida López Portillo, en Cancún.
Una joven mujer de nombre Selene, de 26 años, fue presuntamente asesinada por su marido Margarito.
De acuerdo a los vecinos, se escucharon al menos seis disparos, por lo que pidieron apoyo a emergencias 911. Los paramédicos que llegaron al lugar, encontraron tirada a una sobre un charco de sangre. A un lado, estaba su esposo que lloraba y pedía perdón.
Ese mismo día, una mujer fue muerta, atropellada en la calle 73 A entre 50 y 52 del Centro. Testigos de los hechos, dijeron que la pareja discutía a bordo de un automóvil. La mujer descendió del vehículo y fue cuando el individuo la arrolló y la mató. El sujeto dio a la fuga.
El 17 febrero 2017, en la Calle 42 esquina con Avenida 5, colonia El Pedregal, en la periferia de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, dos mujeres fueron atacas a hachazos. Una murió en el lugar y la otra resultó gravemente herida.
El 25 de marzo, el policía segundo Ramón Fernando C. H., de la Estatal Preventiva llegó a su casa, en el número 228, de la calle Chunyá entre Colibrí y Xtacay, colonia Emancipación de México. El uniformado, con su arma de cargo, disparó al menos ocho veces contra su mujer, frente a su hijo, por una aparente infidelidad.
A bordo de su camioneta de la marca Chevrolet Zafira, de color rojo, placas de circulación UTV- 491-A se dio a la fuga, pero fue alcanzado calles adelante.
La joven presentaba cuatro impactos de proyectil de arma de fuego en el cráneo, dos en el fémur izquierdo, uno en el hombro derecho y otro más en una mejilla.
El 27 de marzo, en la Supermanzana 77, manzana 12, lote 2, edificio 2, departamento 401, en el fraccionamiento Corales, en Cancún, fueron encontrados los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, asesinados a machetazos.
Los cadáveres fueron descubiertos por Ximena “N”, hija de la mujer, quien mencionó que la noche anterior hubo un convivio en el domicilio, en donde un sujeto al que no conoce, estuvo bebiendo cervezas con su mamá Ana María “N” y su tío David “N”.
Se retiró alrededor de las nueve de la noche y cuando regresó a la mañana siguiente, encontró sin vida a sus familiares.
Vecinos del lugar refirieron que en la madrugada escucharon insultos y reclamos, luego gritos de auxilio y después un silencio absoluto, pero que no se atrevieron a salir por temor.
Por lo que respecta a Yucatán, el fiscal general del Estado, Ariel Aldecua Kuk, reconoció que se han contabilizado seis feminicidios; dos están en juzgados y cuatro bajo investigación.
Los casos de feminicidio ya judicializados son los siguientes:
Martha Eugenia Ávila Martínez, cuyo cuerpo fue hallado en diciembre pasado en los terrenos de Conkal y se consideró el primero que llega al sistema de juicio oral en Yucatán.
El segundo que ya está en juzgados, es el de una mujer chiapaneca asesinada por su pareja, quien le asestó ocho puñaladas cuando discutían en una lonchería cerca del Hospital O’Horán.
Los otros cuatro que se investigan con la aplicación del protocolo del feminicidio en la entidad son:
El de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en un basurero de Progreso, el 30 de enero pasado, y que al parecer era una persona afectada de sus facultades mentales.
El segundo es el de una pareja asesinada en el fraccionamiento “Los Tamarindos”, en Mérida, que fue secuestrada y cuyos cuerpos se encontraron sin vida en agosto próximo pasado.
El tercer caso fue el de una mujer encontrada flotando y atado cerca del muelle de Telchac, en los primeros días de marzo. Aún no se le identifica.
Sin embargo, el fiscal no hizo mención de caso de Daniela del Rosario Núñez Rosado, muerta por su marido Daniel Chuc Cuxim, en la localidad de Peto.
El presunto homicida, de quien se dice que ejercía violencia física y sexual contra la mujer, la interceptó al salir de la casa de su madre para reclamarle y luego agredirla a machetazos hasta dejarla sin vida.
El 26 marzo un sujeto asesinó a su esposa a puñaladas, al encontrarla con otro hombre a las afueras de Plaza Fiesta.
Al parecer, el marido de la mujer la encontró en compañía de otro hombre cuando había terminado su turno de afanadora en dicha plaza. El marido atacó al presunto amante de su mujer y cuando ésta intervino, le asesto puñaladas, mientras que el otro individuo logró huir.
El esposo intentó darse a la fuga, pero varias personas que se encontraban cerca lo desarmaron y lo detuvieron.
El último de los casos que trascendió no sólo a nivel nacional, sino internacional, fue el de Emma Gabriela Molina Canto, quien fue interceptada por sus asesinos el 27 de marzo, cuando descendía de su auto y se disponía a entrar a su domicilio, en la calle 28 entre 35 y 39 del fraccionamiento San Luis, cerca de la Preparatoria No. 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Emma Gabriela estuvo casada con Martín Medina Sonda, socio y lavador de dinero del ex secretario de Administración y Finanzas de Tabasco, José Manuel Sáiz Pineda, del ex gobernador tabasqueño, Andrés Granier Melo, actualmente preso.
Este individuo, creó varias empresas fantasmas para desviar dinero del erario de Tabasco, desde el 2007, a través de una vasta red de empresas que formó parte de la ingeniería contable del gobierno de Granier Melo.
Sus tres hijos fueron secuestrados por su padre en 2012, en un violento operativo realizado en Mérida a plena luz del día. Las autoridades no intervinieron y los niños fueron llevados a varios lugares, Tabasco, Cancún y el Distrito Federal.
A Emma Gabriela la encarcelaron en un penal de Tabasco con la acusación falsa de haberse apropiado de una camioneta de Medina Sonda. Salió libre por falta de pruebas y durante mucho tiempo emprendió compleja lucha legal contra Martín Alberto Medina Sonda, a quien le quitaron la custodia de sus hijos para entregárselos a su madre dos años después de sufrir todo tipo de acusaciones y acoso judicial, que la obligaron a vivir escondida.
Antes, la Juez Primero de lo Familiar de Yucatán, Sandra Bermejo Burgos, pese a que existía un fallo a favor de la madre de febrero del 2011, negó la petición de custodia y en octubre del 2012 nombró a los abuelos paternos, Juana María Sonda Herrera y Julio Alberto Medina Gurubel, como tutores de los menores.
Emma presentó una apelación ante esa resolución e inició una campaña social para recuperar a sus hijos.
En 2014, su madre, la señora Ligia Canto, también fue acusada de robo y aprehendida, pero fue liberada cuando se comprobó que las acusaciones eran falsas.
Fue entonces que la Procuraduría General de la República (PGR) rescató a los menores y detuvo a Medina Sonda. Ligia Canto comentó que cuando fueron rescatados sus nietos, las autoridades ni siquiera hicieron revisiones de rutina, ni comprobaron el estado de los menores.
Durante años, Emma Gabriela y su familia pidieron protección a las autoridades estatales y federales, al ser amenazadas de muerte por Martín Medina e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al gobierno de Yucatán dar protección a Emma Gabriela, pero nunca se la dieron.
Así, sin la protección solicitada y pese a que la señora Ligia Canto había advertido que matarían a su hija si no la protegían, la tarde del 27 de marzo Emma Gabriela fue asesinada afuera de su casa.
Dos sujetos, tabasqueños, la apuñalaron y a la mañana siguiente, a las 8 horas, la señora Canto recibió el mensaje telefónico: “Tú eres la siguiente”.
La madre de Emma Gabriela, en conferencia de prensa, dijo que las autoridades federales yucatecas y tabasqueñas son corresponsables del asesinato de su hija, ya que desde 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos les ordenó proveer a Emma y a su familia de todas las garantías de la Ley General de Víctimas, entre las cuales debían garantizar su seguridad y en consecuencia su vida.
Ante la presión social, el gobierno de Rolando Zapata Bello anunció: “ya se activó el Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio”, mientras que el ombudsman, José Enrique Goff Ailloud, dijo que se emitió una medida cautelar a la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar la integridad física y la vida de los familiares de Ema Gabriela Molina Canto.
En el colmo del cinismo, en un video, co duración de seis minutos con 38 segundos, aparecen Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, los autores materiales del crimen.
Los sujetos beben cerveza y comen en el área de alberca del hotel Ambassador de Mérida y alardean de “lo chingón que se lo estaban pasando en las playitas poca madre” y lo bien que les iba por los “trabajos” que hacían.
Alardearon que cuando terminaran el “encargo por hacer” en Mérida, viajarían a Nuevo León, Ciudad de México y Cancún y que no regresarían a su lugar de origen.
Los datos que los mismos homicidas aportaron en el video, sirvieron para que fueran detenidos en el centro de la ciudad de Mérida.
En el caso de Quintana Roo, Mónica Franco, investigadora del Observatorio de Violencia Social y Género de Cancún, declaró que en dicho estado, aún no está tipificado el delito de feminicidio.
Por su parte, la diputada federal Kathia Bolio Pinelo exigió a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados de Yucatán y Quintana Roo, difundir el número de Feminicidios registrados de 2015 a 2017, además de que se declare la alerta de género para disminuir este problema, ya que, dijo, “es una exigencia de la sociedad yucateca, ante el trágico asesinato de la señora Emma Gabriela Molina Canto”.
La legisladora panista pidió a las autoridades justicia, no sólo por el asesinato de Molina Castro, sino por todas aquellas mujeres asesinadas en dichas entidades y recordó que desde el 7 de abril de 2016, presentó un Punto de Acuerdo dirigido a los gobernadores de Yucatán y de Quintana Roo, para que reconocieran el problema que existe y declaren como Feminicidios los crímenes que se han cometido contra las mujeres por razones de género y exigió que ya se ponga alto a la violencia contra las mujeres en Yucatán y Quintana Roo.
A dicha demanda, se sumó el diputado federal Joaquín Díaz Mena, quien exigió la alerta de género en ambos estados, “hago del conocimiento de esta Cámara la preocupación que hay por los recientes feminicidios”.
Finalmente, advirtió que el gobierno de Yucatán endeudó con mil 500 millones de pesos al estado, para la supuesta implementación de un Programa de Seguridad Pública denominado Escudo Yucatán, que, ante los recientes hechos, parece ser que fue sólo una simulación.
De acuerdo a expertos en la materia, el feminicidio se da cuando hay una violencia extrema, estructural y sistemática contra la mujer, sus cuerpos y su dignidad, enmarcada en una cultura machista y misógina que no sólo las discrimina y niega sus derechos, sino que oculta, tolera y minimiza estos crímenes, cobijados por autoridades corruptas y leyes ambiguas o carentes de mecanismos que den resultados concretos, aunado a la falta de voluntad política de muchas
autoridades.
Estadísticas de organizaciones civiles, señalan que al menos 10 mil mujeres y niñas han sido asesinadas de manera violenta en México en los últimos 10 años, y sólo en 2010 hubo mil 400 casos.
En el 60 por ciento de éstos, los asesinatos se cometieron después de que la víctima fue sometida a una serie de vejaciones, lesiones y agravios que bien pueden ser calificados como tortura.
La mayor parte de los casos han quedado en total impunidad y muchos otros son ocultados o negados por las autoridades.
A la fecha, en 19 estados se han activado Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para implementar acciones que permitan disminuir el fenómeno y mejorar la atención a las víctimas.
Algunos de los estados son: Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Colima, Baja California, Sonora, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala y Veracruz, donde la alerta se ha declarado dos veces, una por violencia feminicida y otra por agravio comparado.
En Quintana Roo y Yucatán se niegan a que sea emitida la alerta de género, “porque sería enviar un mensaje de riesgo al turismo y con ello se afectaría la economía de los estados.
