Senado Exige Investigar Represión en Jalisco y Separar Preventivamente a Funcionarios Involucrados

Por Jaime Arizmendi

*También exhorta al gobernador del estado a separar del cargo de manera preventiva a quienes pudieron tener responsabilidad en los hechos

Argonmexico / La Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, aprobó un dictamen con exhortos dirigidos a autoridades municipales, estatales y federales, en relación con los hechos ocurridos el pasado 11 de octubre en Casa Jalisco, durante las manifestaciones realizadas para exigir el acceso al agua.

En los resolutivos, las y los senadores solicitan a la Fiscalía General de la República iniciar de manera inmediata una investigación exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes por los actos de violencia, represión y el presunto uso desproporcionado de la fuerza contra las personas manifestantes.

Además, piden al titular del Poder Ejecutivo de Jalisco ordenar la separación cautelar y preventiva del cargo a aquellos servidores públicos que pudieran tener responsabilidad en los mandos operativos y de toma de decisiones respecto a los actos de violencia, represión y presunto uso desproporcionado de la fuerza.

Lo anterior, señalan en el documento, con el propósito de garantizar la máxima objetividad, certeza, transparencia e imparcialidad en el desarrollo de las investigaciones.

También requieren a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, en su momento, informe al Senado de la República sobre los resultados de la investigación de los hechos ocurridos el pasado 11 de octubre, en Guadalajara, Jalisco.

El dictamen incluye un exhorto dirigido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, para que informe al Senado sobre los avances y el estado que guardaba su investigación relacionada con los hechos, al momento de entregarla a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Asimismo, una solicitud a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco para que instruya a los elementos policiales y a las unidades especializadas en el control de multitudes a su cargo, a ceñir su actuación estrictamente a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, a los protocolos institucionales vigentes y al pleno respeto de los derechos humanos, con el fin de garantizar la paz pública y evitar la repetición de hechos que vulneren la integridad de la ciudadanía.

Finalmente, el documento aprobado por la Comisión propone al Gobierno de Jalisco y a autoridades estatales y municipales en materia de salud, agua potable y saneamiento, realicen, actualicen y hagan públicos los estudios técnicos y sanitarios para determinar la calidad del agua suministrada en la zona metropolitana de Guadalajara, identifiquen las causas de posibles irregularidades y adopten medidas para garantizar acceso a agua suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Asimismo, se les exhorta a informar oportunamente a la población acerca de los riesgos sanitarios comprobados, las medidas preventivas, las alternativas de suministro cuando se requieran y las acciones programadas para corregir las deficiencias detectadas, sin perjuicio de las alertas sanitarias que legalmente procedan.

Sobre el tema, la senadora Reyna Celeste Ascencio comentó que se pueden tener “los derechos humanos más bonitos en la ley”, pero en la realidad tenemos hechos como los que sucedieron en Jalisco, que “son verdaderamente terribles”.

A su vez, el senador por Jalisco, José Hiram Torres Salcedo, de Morena, consideró que lo que sucede en el área metropolitana de Guadalajara no debe repetirse en el país, y es un suceso que tiene muchos años de acumulación de malas decisiones. “El pasado 22 de octubre se dio cuenta todo el país que se hizo uso de la fuerza pública para desaparecer, reprimir y torturar a personas cuya única intención de manifestarse era exigir agua limpia para sus hogares”, dijo.

Del PRI, la senadora Claudia Edith Anaya Mota indicó que lo que pasó en Jalisco no solo violó la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, sino la Ley Nacional del Registro de Detenciones, porque muchas personas señalaron que cuando buscaron a sus familiares en el Registro Nacional de Detenciones no estaba dado el aviso de la aprehensión.