Revela UIF que Empleada de la Judicatura Firmó Contratos con Empresa de García Luna
Por Jaime Arizmendi
Argonmexico/ Pablo Gómez, reveló que Sonia Vargas actual directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal firmó dichos contratos.
En el marco de la conferencia mañanera de este lunes 22 de mayo de 2023, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló que una empleada de la Judicatura Federal firmó como exfuncionaria de la Policía Federal Preventiva contratos por poco más de 71 millones de dólares con empresas vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
De acuerdo con Gómez, se trata de Sonia Vargas Terreros actual directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, quien asegura la UIF es responsable de la firma de los contratos.
En el periodo de Felipe Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares”, afirmó el funcionario.
Pablo Gómez explicó también, que la investigación realizada detectó que se establecieron diversos contratos con las mismas empresas durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El titular de la UIF, detalló que Vargas Terreros fue solo uno de los funcionarios que firmaron contratos con la empresa Nunvav, propiedad del exsecretario, y otras que formaban parte del mismo consorcio.
En este contexto, se enlistó a los involucrados en dichas transacciones, como por ejemplo, Eugenio Ímaz Gispert, con un contrato por más de 253 millones de dólares; Eduardo Guerrero Durán, con contratos de 88 millones de dólares; a José Alberto Rodríguez con contratos de más de 26 millones de dólares.
Así como otros funcionarios como Raúl Mata Soria, María Dolores Rojas y Enrique Salinas con contratos por 26 millones de pesos.
México promueve juicio civil para restituir los recursos
Por esta causa, se explicó que el gobierno de México ha presentado ante los Tribunales en Estados Unidos para que a través de un juicio civil sean restituidos los recursos a México.
