Diputadas y Diputados Aprueban Reformas a la Constitución Política Para Regular Actividades en el Espacio Ultraterrestre

Por Jaime Arizmendi

*Por mayoría calificada modificaron los artículos 28 y 73 de la Carta Magna

Argonmexico / La Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada, el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 73 de la Constitución Política, en materia de regulación de actividades en el espacio ultraterrestre.

El dictamen avalado con 462 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, precisa que las actividades en el espacio ultraterrestre, incluso en la Luna y los cuerpos celestes, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de la Constitución.

Además, faculta al Congreso de la Unión para legislar en esa materia en toda la República, mientras que en el transitorio señala que el Congreso de la Unión aprobará las leyes respectivas en un plazo no mayor a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto.

Se podrá contar con una política espacial funcional

En los posicionamientos, el diputado Jesús Roberto Briano Borunda (Morena) dijo que, en 2021, la economía espacial representó la cantidad de 370 billones de dólares en el mundo; en 2030 se estima alcance un valor de 642 billones de dólares, y para el año 2040, un trillón de dólares.

Con su aprobación, expuso, se podrá ampliar la consideración del espacio ultraterrestre en la Constitución, lo que traerá beneficios en la industria, energía, comunicaciones, agricultura, salud, medio ambiente y atención al cambio climático, desarrollo urbano, vigilancia sísmica, entre otros, así como contar con una política espacial funcional a los intereses nacionales y de beneficios civiles, ambientales y científicos.

Abre la posibilidad de una mayor transferencia tecnológica

Juan Carlos Romero Hicks, diputado del PAN, apuntó que con la reforma se incorpora a la Constitución las actividades de exploración en el espacio ultraterrestre, lo cual permitirá que el siguiente paso sea armonizar la legislación secundaria con las normas internacionales y establecer los esquemas de inversión para el desarrollo de la tecnología espacial.

Con esa reforma, dijo, se abre la posibilidad de una mayor transferencia tecnológica y la creación de instrumentos que permitan el desarrollo de la industria ultraterrestre, toda vez que en la actualidad en el país no se cuenta con una legislación que fije los límites en el derecho internacional e incentive la inversión pública y privada destinada a la investigación y exploración del espacio.

Fortalecer la regulación desde la norma constitucional

La diputada Lorena Piñón Rivera (PRI) refirió que parlamentos de otros países han legislado en materia del espacio ultraterrestre y “México no puede quedarse sin una regulación efectiva que garantice esta actividad que puede traer incontables beneficios”, por lo que se debe fortalecer la regulación desde la norma constitucional y con este dictamen se pone a la nación en la vanguardia en el concierto internacional.

Precisó que el espacio ultraterrestre requiere ser explorado en su totalidad para su entendimiento; por ello deben existir reglas claras y que se desarrolle en un ambiente pacífico y respetuoso del desarrollo sostenible. El dictamen incluye la regulación de las actividades en el espacio ultraterrestre, las cuales se considerarán áreas prioritarias para el desarrollo nacional, manteniendo la rectoría del Estado.

Hay que invertir en ciencia

Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado de MC, consideró que hay confusión con el dictamen, “pues no podemos sustraernos de una realidad que en el mundo se debe escalar; hay que invertir en ciencia, explorar y acercarse a las grandes naciones para transitar en el desarrollo tecnológico y la geolocalización”.

Afirmó que no hay objeción para caminar hacia ello, con una ley reglamentaria, pero “no podemos acompañar el texto como fue dictaminado; lo podríamos hacer, si retiramos del artículo 28, la parte que hace alusión a actividades prioritarias. Sí nos parece que sea una actividad en la cual debemos fijarnos, pero no en la Constitución, no hay fundamento”.