Política de Seda
Por Lic. Alberto Woolrich Ortiz
Argonmexico / La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no puede, no tiene, no debe seguir siendo ignorada y despreciada por algunos Siervos de la Nación de ésta Cuarta Transformación. Es manifiesta la ilegalidad, arbitrariedad e ignorancia de ciertos funcionarios que mal piensan que por ser afines a la forma de pensar del Presidente de la República ello los autoriza a actuar de manera muy especial, incluso creando una justicia de excepción ajena a los lineamientos de nuestro Pacto Federal.
En nuestro sistema jurídico-político, la voluntad del pueblo en el ayer, hizo uso de su soberanía por conducto de sus representantes reunidos en asamblea especial, cuya suprema obra fue, lo ha sido y lo será nuestra Constitución Política, la cuál es el resultado y la expresión de esa Soberanía. Una vez que quedó debida, política y jurídicamente satisfecho dicho cometido al que se le conoció como el Poder Constituyente, esa asamblea desapareció y al extinguirse floreció el ejercicio de la Soberanía con la cuál actualmente transitamos. Así fué el nacimiento, entre otros presupuestos, de nuestra Carta Magna, cuya exteriorización concreta se reduce al tópico del referido imperio, mismo que organizó a los poderes políticos que ahora conocemos, potestades o autoridades las cuáles no son soberanas, pues sus facultades, obligaciones y derechos se encuentran debidamente enumerados y acotados o restringidos por la propia Ley Suprema.
Contrariamente a lo expuesto con antelación, aunque usted no lo quiera y se resista a creer la narco-política hizo que la Procuraduría General de la Republica ahora convertida en Fiscalía y el propio Estado Mexicano adquirieran el pleno dominio de las acciones del narcotráfico al margen de nuestro sistema de leyes; sin dubitación alguna se afirma ello, reduciendo así ilegítimamente, en puntos esenciales, las garantías que la Constitución Política prevé para nosotros los gobernados, exteriorizadas en aquella asamblea constituyente. A consecuencia de ello, se le dio fuerza y poder a dicho fenómeno para con ello impedir que honestos policías y soldados indagaran sobre tan deleznable injuria a la justica y a México entero, acorde a los cánones de la multirreferida Soberanía.
Esa pesadilla inconstitucional, ilegal e institucional tuvo nacimiento en el sexenio del neoliberalismo y ha corrido a la par de éste. Nadie ha investigado seriamente lo que se requiere indagar, nadie ha tocado aquél proceso criminal de agobio; hasta que el tal Alberto Elías Beltrán, Ex Fiscal General de la República de México, aún sin pruebas ni fundamentos serios exoneró al responsable de múltiples fechorías jurídicas que conllevaron a verdaderas desgracias de la Nación. Los grandes beneficios económicos fueron para una infinidad de funcionarios de la Representación Social Federal que conocieron y encubrieron esa causa criminal, lo que le está brindando impunidad a ese fenómeno que no se quiere combatir. No obstante lo expresado con anterioridad hay que reconocer que hubieron muy honorables Jueces de Distrito, togas, policías y soldados que trataron de oponerse a ese antipatriótico y estúpido comportamiento. De ello existen las constancias procesales que avalan la verdad, lo que les confirió un inesperado plus de virilidad, probidad y conocimientos a esos mexicanos de convicciones jurídicas y más qué nada patrias, nada inclinados a la confusión de una moral concreta y los dispositivos insertos en el Pacto Federal, esos verdaderos mexicanos decidieron estar y luchar por México sin timideces, ni desconocimientos a lo que la ley mandata. Defender nuestra Soberanía a fin de evitar la intromisión de un poder ajeno a la Nación.
La postura del neoliberalismo, la cuál sigue igual en la actualidad es vergonzosa, infamante, repudiable. Supone, objetivamente entregar nuestras instituciones al poder del narcotráfico. Por ello, la Academia de Derecho Penal se ve obligada a seguir denunciando esos actos de corrupción que se prometieron combatir, cuestionando que no existe razón de estado y/o seguridad nacional para proteger a esos facinerosos del derecho.
La Justicia no puede quedarse a medio camino. México no puede claudicar, ni renunciar a la Justicia, por ello se exige la reapertura del caso denunciado en contra de la narco-política.
El Poder Ejecutivo no puede seguir utilizando, ni apoyando a una dialéctica “de seda’’ para consagrar y aplaudir ese desmadre.
Es cuanto.
