Propone GPPRD “Acuerdo De Blindaje Electoral ” Para Evitar Manipulación De La Pobreza Con Programas Sociales

Por Elizabeth V. R.

 Argonmexico / En voz de las diputadas Verónica Juárez y Azucena Rodríguez plantean “blindar” más de 40 apoyos a diversos grupos

A fin de evitar la manipulación electorera de la pobreza a través de programas sociales en los comicios de junio próximo, las diputadas Verónica Juárez Piña y Azucena Rodríguez Zamora propusieron incluir un “Acuerdo de Blindaje Electoral” en el Decreto de Presupuesto del año 2021.

Para tal efecto propusieron incorporarle a dicho Decreto el articulo 30-Bis en el cual se precisa que la Federación y las Entidades Federativas deberán instalar una “Mesa Nacional del Acuerdo de Blindaje Electoral” a más tardar el 30 de enero próximo.

Dicha Mesa deberán integrarla el o la titular de la Secretaría de Gobernación, de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y de la Fiscalía de Delitos Electorales, así como un representante del Instituto Nacional Electoral (INE) y de cada uno de los partidos políticos nacionales.

Asimismo, proponen que a más tardar el 7 de febrero de 2021 se instale en cada entidad federativa una “Mesa Estatal” similar con el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo y representantes del gobernador, la Junta Ejecutiva Local del INE, de la Fiscalía de Delitos Electorales, de cada partido político nacional y de cada partido con registro estatal.

Ambos tipos de Mesas -puntualiza la propuesta de las legisladoras perredistas- garantizarán el cumplimiento del Acuerdo y adoptarán las medidas necesarias para tal efecto en sesiones semanales y hasta la conclusión de los cómputos electorales federales y locales.

La propuesta del Ejecutivo no incluye este artículo 30-Bis y en el 30 -inscrito en el Capítulo II (De Los Criterios Específicos Para la Operación de los Programas de Subsidios del Ramo Administrativo 20 Bienestar) plantea convenios entre la Federación y las entidades federativas sólo para los programas del Ramo 20, para los cuales se prevé una erogación por 189 mil 970 millones de pesos en 2021.

La propuesta de las diputadas Juárez y Rodríguez es para esos 6 programas, pero también para todos los demás incluidos en el Anexo 25 (todos los sujetos a Reglas de Operación) que, juntos con los de Bienestar, suman 7 de Agricultura y Desarrollo Rural; 1 de Economía; 9 de Educación Pública; 3 de Salud; 1 de Trabajo y Previsión Social; 4 de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 4 de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 1 del IMSS-Bienestar; 2 de Ciencia y Tecnología; 3 de Cultura, y 3 de Entidades No Sectorizadas.

Por otra parte, el Ejecutivo plantea en el tercer párrafo del artículo 30 de su Proyecto de Presupuesto que la Federación, a través de la Secretaría del Bienestar, deberán establecer convenios con las entidades federativas para impulsar “el trabajo corresponsable en materia de superación de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación” y para promover “el desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo”.

La propuesta de las legisladoras jalisciense y veracruzana es que sea la Secretaría de Gobernación la que encabece esos convenios, pero prevé fechas, periodos y mecanismos precisos de actuación con otros entes involucrados.

Así, por ejemplo, proponen que el Acuerdo de Blindaje Electoral incluya que no se suspenderá la entrega de apoyos a los beneficiarios, pero sí la propaganda gubernamental de todo tipo a partir del inicio de las campañas electorales federales, o antes, si la legislación local así lo dicta.

También plantean que se prohíba a los servidores públicos que operan los programas sociales el uso de indumentaria o documentación alusiva a cualquier nombre, frase, color o símbolo que los relaciones con candidato o partido político alguno, y también que se suspendan los eventos masivos de entrega de apoyos a partir del inicio de precampañas.

Señalan que los ejecutores de los programas, a su vez, deben informar a las Mesas sobre la operación, calendario y forma de entrega de los apoyos, padrón de beneficiarios y montos de apoyos correspondientes a su territorio.

Obliga a todo funcionario, incluidos los llamados Servidores de la Nación y a los beneficiarios, a denunciar ante las autoridades electorales y la Fiscalía de Delitos Electorales cualquier condicionamiento del voto; invitación a apoyar eventos de campaña, partidos o candidatos, o cualquier medida de presión contra la libertad del sufragio con motivo de dichos programas sociales.