Pendiente, Nombramiento del Consejo Ciudadano de la FGR: IBD
Por Jaime Arizmendi
Argonmexico / La implementación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) ha tenido avances importantes a partir de su fecha de entrada en vigor, pero también presenta demoras en algunas acciones, entre ellas, la designación del Consejo Ciudadano señala un análisis elaborado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
La nota titulada “Avances y pendientes en la implementación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República”, elaborado por los investigadores Juan Manuel Rodríguez y Miguel Ángel Barrón, explica que el artículo 14 de dicho ordenamiento, establece que la FGR se apoyará de un Consejo Ciudadano, que será un órgano especializado de consulta, de carácter honorífico e integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio, que se hayan destacado por su contribución en materia de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos.
Los investigadores destacan que este Consejo Consultivo, cuya designación corresponde al Senado de la República, tendrá a su cargo funciones sumamente relevantes para la consolidación de la FGR, entre ellas: emitir recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan de Persecución Penal; opinar sobre la creación de nuevas estructuras, sobre la normatividad, sobre los planes del Servicio Profesional de Carrera; y en general, emitir opiniones y recomendaciones sobre el desempeño.
El documento del IBD detalla que el 23 de abril de este año, el Senado de la República designó a las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Selección del Consejo Ciudadano de la FGR y el 7 de noviembre de 2019 se publicó la convocatoria respectiva. Hasta la fecha, el proceso de designación de los integrantes del Consejo Ciudadano no ha concluido.
Otras acciones que están pendientes, resaltan los investigadores del IBD, son: la integración de un Plan Estratégico de Transición, la emisión del Plan de Persecución Penal, la expedición de Lineamientos Generales que regulen la operación de la Base Nacional de Información Genética y la realización de una convocatoria pública para la revisión del marco jurídico de FGR.
