Florida Estrenará Ley que Acorrala a Indocumentados
La nueva legislación impide que las autoridades del estado emitan tarjetas de identificación a indocumentados y reforzar la base de datos federal para comprobar el estatus de los migrantes, entre otras.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el proyecto de ley SB 1718, norma que incluye medidas que dificultan el establecimiento de inmigrantes en situación irregular, como no reconocer licencias de conducir de otros estados, durante un acto en el que denunció el control fronterizo por parte del gobierno federal.
En una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado, y bajo el lema “Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden”, DeSantis dijo que la ley que firmó es en respuesta ante lo que denominó como “problema masivo que hay en la frontera con México”.
El proyecto de ley de 43 páginas incluye disposiciones para invalidar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a “inmigrantes no autorizados”, entre muchas otras que tratan de dificultar el asentamiento de personas sin autorización legal en ese territorio.
El gobernador, que en cualquier momento podría anunciar que participará en las primarias republicanas de las que saldrá el candidato presidencial en las elecciones de 2024, resaltó que Florida desde el primer momento ha tratado de “combatir los efectos de la política” de Biden.
Estas son las implicaciones del proyecto de ley SB 1718
Para contrarrestar esas políticas firmó el proyecto de ley SB 1718, una norma que establece que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.
El gobernador señaló que ya es ilegal que los empleadores contraten a personas indocumentadas, pero dijo que los nuevos requisitos contenidos en el proyecto de ley, particularmente el sistema E-Verify, ayudarán a fortalecer la aplicación de estas leyes.
La norma establece que transportar personas a Florida sin permiso migratorio sea un delito con penas de hasta 15 años de prisión, además de prohibir financiar programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado.
Elimina las exenciones de las matrícula educativas para estudiantes indocumentados, deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que aún están regulando su estatus migratorio (entre los que se incluye a los beneficiados con el programa federal DACA) y dota con 12 millones de dólares el traslado de inmigrantes a otros estados del país.
El proyecto de ley también crea un “Consejo de Supervisión de la Seguridad Nacional” cuyo objetivo es proporcionar dirección en los esfuerzos relacionados con la protección ante incidentes terroristas, así como la aplicación de la ley de inmigración.
