Avala GPPT Nueva Ley de la FGR; se Cumple con lo Mandatado en el Artículo XIII Transitorio del Marco Legal Vigente

Por Carlos Mauricio Hernández

Argonmexico / Durante la discusión del dictamen que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica y reforma diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales, el diputado Benjamín Robles Montoya aseguró que esta nueva normativa es el resultado de lo establecido en el artículo XIII transitorio del marco legal vigente.

Resaltó que en éste se señala que transcurrido un año del nombramiento del fiscal, el titular de la dependencia realizaría una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional y jurídico de la institución, a fin de identificar y formular las reformas necesarias, para la operación óptima del modelo de la Fiscalía General de la República.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) reconoció que no todos los males del sistema de justicia, a nivel nacional, puede ser atendido y resuelto por esta Fiscalía. “¿Y dónde dejamos, entonces, la responsabilidad de las fiscalías locales? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que incumplan con su trabajo?”, cuestionó.

Precisó que al establecer la facultad de atracción de la Fiscalía General, por ejemplo, para atraer los casos del fuero local, se propicia el fortalecimiento de las fiscalías locales. “Si queremos fortalecer la justicia tenemos que consolidarlas, que sean instituciones lo suficientemente confiables como para que ya no sea necesario que la Fiscalía de la República atraiga esos casos”.

En su oportunidad, la diputada María Rosete alertó sobre la urgencia de dotar a la FGR de herramientas jurídicas que le permitan un combate eficaz contra el crimen organizado, debido a que los índices de impunidad siguen siendo altos.

Refirió que no se debe obviar que el modelo neoliberal dejó un sistema de procuración de justicia podrido, por la corrupción que predominó por muchos años, por lo que no ha sido nada sencillo erradicar dichas prácticas.

La legisladora recordó que la actual Ley Orgánica de la FGR fue aprobada al inicio de esta legislatura y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018.

 “A más de dos años de su aprobación y derivado de varias circunstancias, es necesaria la expedición de un nuevo ordenamiento para dotar a la Fiscalía General de la República de los instrumentos legales que le permitan enfrentar con firmeza a las organizaciones delictivas”, sostuvo.

La parlamentaria por la Ciudad de México explicó que a diferencia de la ley vigente, en el proyecto materia de discusión se prevé en el artículo 11, fracción VIII, la existencia expresada de una Fiscalía Especializada en delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas.

 “Ésta es muestra clara del compromiso de los legisladores y de la institución para atender el justo reclamo de este sector ante la violencia de que son objeto. Con esta Fiscalía se combatirá a todos aquellos que violenten los derechos de las mujeres, previsto en tratados internacionales y en otras leyes de carácter federal, para que no haya impunidad”, puntualizó.

A su vez, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel expresó que con esta ley se avanza en el combate a la corrupción que por décadas se arraigó en los procesos penales; además de que se adecua a la Fiscalía con un lenguaje incluyente, fortalecer la participación de la ciudadanía, al establecer un consejo como órgano especializado de consulta.

Agregó que con esta nueva normativa se dictan medidas de protección para las víctimas, se crean comisiones especiales temporales, para colaborar en la investigación de fenómenos de criminalidad; y se garantiza el principio de paridad en los procesos de selección del Servicio Profesional de Carrera.

La petista dijo que la FGR seguirá respondiendo a las exigencias de las víctimas, porque seguirá interviniendo en el Sistema Nacional de Búsqueda. “Se establece una estructura orgánica, funcional, acorde a las atribuciones especializadas que constitucionalmente se encomiendan al Ministerio Público, en lugar de una estructura rígida que no corresponde con sus necesidades”.