Sep Quiere Imponer Ley Marco de Educación en Los Estados: GPPT
Por Crispín Barrera Ponce
*Argonmexico / Exhortamos al congreso de Michoacán a no dar un albazo legislativo en este tema: dip. Reginaldo Sandoval
Dicho documento subordina al sistema educativo estatal a lo que determine la autoridad federal, sin atender el contexto local y regional, dijo
Que se apruebe este marco legal hasta que exista un profundo estudio previo: dip. Mary Carmen Bernal
Solicitamos a los diputados locales a que actúen con responsabilidad en este tema: dip. Francisco Huacus
Es inadmisible que la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretenda imponer una Ley Marco para ser aprobada en los congresos locales, sin analizar las diversas aristas particulares que la formación académica presenta en cada estado de la República, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) no avalará de facto este tipo de documentos, advirtió el diputado federal Reginaldo Sandoval Flores.
En entrevista virtual, el coordinador de la bancada petista en la Cámara de Diputados aseguró que los estados son libres y soberanos, por lo que ante las leyes generales y reglamentarias en materia educativa tienen facultades para elaborar su propia propuesta legislativa, con el propósito de cubrir todas las particularidades que demanda la entidad.
Refirió que la Ley Estatal de Educación en Michoacán no es la excepción; ante ello, anunció que el GPPT presentará un exhorto para que el Congreso local no dé un “albazo” en este tema, como pretenden hacer.
“Hoy nos encontramos con el tema de que la SEP, al más viejo estilo, tiene un concepto que llama Ley Marco, que no es más que un machote que distribuyó a cada congreso local, para su aprobación y, desafortunadamente, en el caso de Michoacán Morena está avanzando con este documento”, lamentó.
Alertó que dicho dictamen subordina al sistema educativo estatal a lo que determine la autoridad federal, sin atender el contexto local y regional. Asimismo, limita a la entidad para que solo emita una opinión sobre los contenidos de sus planes y programas de estudios.
“En el caso de la educación inicial, restringe su ejercicio y goce, al dejarlo solo como una opción educativa y no una obligación constitucional del Estado. No lo establece como derecho humano fundamental de las niñas y los niños durante su primera infancia, relevante en su desarrollo físico, neuronal pleno, afectivo, social e intelectivo como miembro de una familia, de su comunidad y del estado de Michoacán”, puntualizó.
El petista abundó que esta normatividad pretende permitir a las asociaciones civil y agrupaciones particulares participar en las políticas públicas en materia de educación inicial, cuando el Estado y los poderes públicos deberían priorizar el interés superior y la protección especial de las y los niños, en lugar de buscar favorecer los intereses lucrativos y opacos de este tipo de organizaciones.
“De manera implícita les impone la evaluación a las maestras de educación inicial para poder seguir ejerciendo, cuando el Estado no las ha formado y mucho menos darle el derecho a acceder a ese sistema, pues apenas se reconoció el concepto de educación inicial en el país”, manifestó.
Urgió a revisar este marco jurídico pues en él se violentan los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como el de autodeterminación y el derecho al consentimiento libre, previo e informado, de buena fe y culturalmente adecuado, al imponer materiales, planes y programas de educación indígena segregadores y hegemónicos.
“El documento no toma en cuenta la diversidad étnica, cultural, ni lingüística de Michoacán; de igual forma, impiden la plena participación de los pueblos indígenas en el sistema educativo del estado e, inclusive, de la dirección general de educación indígena de la entidad, lo cual no podemos permitir”, comentó.
En el caso de la educación especial, ahondó, la reforma impide el ejercicio y goce de derechos, al dejarlo como una opción educativa, pues en la redacción el Estado se desentiende de éste, al reconocerlo como un servicio que puede o no otorgarse, poniéndolo en una situación total de indefensión a las personas con discapacidad, sus familia y cuidadores.
Sandoval Flores sostuvo que por esta situación es que el GPPT invita a los legisladores locales a reaccionar y aprovechar la gran oportunidad de hacer una reforma adecuada para Michoacán.
En su oportunidad, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez se sumó al llamado al congreso estatal para que no se apruebe este marco legal hasta que exista un profundo estudio previo “o bien que no se tome como marco un machote, pues cada entidad tiene sus particularidades”.
Nosotros, agregó, partimos de la idea que cada estado tiene necesidades muy particulares y apostamos por la construcción de una ley para Michoacán donde participen todos los actores interesados en mejorar este rubro, que analicen de manera profunda y no se legisle al pavor y, sobre todo, que no quieran sorprender al magisterio.
“Los diputados federales integrantes de la coalición hicimos nuestra tarea, escuchamos todas las demandas del sector educativo y peleamos porque se incluyeran en el marco legal, en beneficio de este gremio. Considero que dicho ejercicio democrático debe replicarse ahora en el congreso local”, expresó.
A su vez, el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel precisó que la Cámara de diputados Federal ya hizo su labor y el PT logró que se suscribiera en la ley que la educación sea ahora un derecho humano inalienable.
Además, dijo, el GPPT pugnó para que tan solo por el hecho de nacer cualquier niña o niño mexicano acceda a una educación digna. “Nosotros tenemos ese compromiso y por eso impulsamos que la educación inicial ahora sea obligatoria; se trató de una lucha que llevábamos años haciéndola y hoy ya es realidad”.
“Por eso hacemos el exhorto a los diputados locales, para que actúen con responsabilidad en este tema, que no se permita el “albazo” y se dé un amplio debate, a fin de llegar a los consensos necesarios para elaborar una ley a la altura de las demandas del pueblo michoacano”, concluyó.
