INE y Constitución
Por Pablo Gómez
Argonmexico / Cuando el titular del Instituto Nacional Electoral calló frente al cuestionamiento de un diputado en San Lázaro sobre el proyecto de aquél para ganar un 85% más que el sueldo del Presidente de la República, no estaba tomando en cuenta que la Cámara de Diputados es la única que puede aprobar el presupuesto y, en consecuencia, las remuneraciones. El silencio no es respuesta a un parlamentario en sede legislativa.
En el momento que el INE declara que el presupuesto aprobado por la Cámara perjudica a la sociedad y pone en riesgo la “estabilidad política y económica del país”, sus voceros están haciendo graves cargos políticos a integrantes del Poder Legislativo de la Unión que debieran formalizar. No es admisible que lo dicho sea sólo una estrategia de comunicación circunstancial o meramente reactiva que exprese un enfado personal, ya que eso se encuentra al margen de sus facultades legales.
Cuando el INE afirma que se le han “recortado” más de mil millones de su presupuesto en realidad no sólo desconoce que la Cámara es la única que puede aprobar el gasto sino que miente. En verdad, el presupuesto del INE ha sido incrementado para el año 2020 en 1 297.75 millones de pesos respecto a lo autorizado para 2019: el 4.7% en términos reales. Su gasto total será de 16 mil 660.75 millones de pesos.
Señala que el gasto en 2020 será extraordinario porque se habrán de integrar en septiembre de ese mismo año 300 consejos distritales y 32 locales; en realidad vuelve a desinformar porque esos consejeros no tienen sueldo.
El INE pasa de declarar que la elección de 2021 está en riesgo con el presupuesto de 2020, a asegurar, al día siguiente, que ni siquiera peligra la expedición de credenciales, ya no se sabe cuál es el territorio en el que pretende ubicarse. Menos aún cuando reformula sus expresiones para volver luego a los ataques al decir que la no aprobación completa de su proyecto de gasto es un “intento” por “limitar a la autoridad electoral”, por lo que no se perfilan “buenos tiempos”. Se nota, así, que el INE busca subrayar su enemistad con la mayoría parlamentaria es decir, es un asunto sólo político sin implicaciones administrativas ni técnicas.
Toda elección subsecuente será la mayor de la historia porque el listado siempre habrá de ser más grande durante muchas décadas más. Así que hablar de eso es expresar lo que se sabe de sobra. Pero sostener que el inexistente recorte presupuestal es el mayor de la historia ya no es tan simple porque no se ha recortado el presupuesto del INE. No todos los organismos públicos o entidades de la administración obtuvieron la cantidad de gasto que solicitaron. Uno de ellos ha sido el INEGI (31.9% de aumento) porque el año próximo habrá censo general de población, el cual se verifica cada 10 años. En otro sentido, la Fiscalía General solicitó tres mil millones de incremento y la Cámara sólo autorizó 1 500.
El Presupuesto de Egresos es de toda la Federación; sus entidades y organismos entienden que forman parte de un todo y que existe eso que se llama política de gasto. El hecho de que el INE no lograra la aprobación del 100% de su proyecto de gasto no es algo único sino normal: así ha sido casi siempre durante muchos años.
¿Qué quiere decir eso de que no se “perfilan buenos tiempos”? El INE no entra en detalles sobre su dicho, pero se entiende que los consejeros electorales están pesando en “malos tiempos”. Si se refieren al país, como lo habían ya expresado el día anterior, el 21 de noviembre, entonces habría que cuestionarles si como personas se quieren inscribir en la oposición, en cuyo caso tienen el campo abierto como cualquiera, o si de lo que se trata es de convertir al INE en un instrumento político opositor, a lo que habría que adelantarles que eso sería contrario a la Constitución.
En cuanto a las remuneraciones, llama la atención que los consejeros electorales hubieran llegado a solicitar sueldos superiores a los del Presidente de la República cuando es sabido que eso no lo permite la Carta Magna. Fueron más lejos: pretendían que 100 servidores públicos del INE estuvieran por arriba del sueldo presidencial.
Quienes elaboraron el proyecto de presupuesto del INE tendrían que haber sabido que la Cámara de Diputados no puede autorizar gastos inconstitucionales, por lo que era imposible aceptar esa pretensión. Pero, ¿una autoridad puede hacer solicitudes violatorias de la ley fundamental? No han prometido todos ellos y ellas guardar y hacer guardar la Constitución? ¿Cómo quedamos al respeto?
En conclusión, la mayoría parlamentaria no tiene ningún problema con el INE. El litigio llegó a San Lázaro a partir de que se ha cuestionado la capacidad constitucional de la Cámara para aprobar el gasto y fijar las remuneraciones con apego a la legislación.
En términos directos, ni el INE puede estar en una “zona de riesgo” ni se va a “recrear” la democracia por acción de ese mismo instituto, como afirman sus voceros. Tampoco hay insuficiencia de fondos ni se han producido recortes. En conclusión, lo recomendable es serenidad, madurez, responsabilidad e institucionalidad. Eso es lo más fácil.
