Condena GPPAN Decisión Unilateral y Autoritaria del Presidente para Dejar sin Efecto Reforma Educativa
Por Jaime Arizmendi
*Viola flagrantemente la protesta constitucional que en términos del artículo 87 realizó el primer mandatario de “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”
Argonmexico / Las senadoras y los senadores del PAN alertamos a la sociedad mexicana por la decisión unilateral y autoritaria del Presidente de la República de dejar de aplicar la legislación vigente en materia educativa.Una decisión de ese tipo no solo viola flagrantemente la obligación principal del Poder Ejecutivo, que estriba precisamente en ejecutar la ley, sino que violenta también la protesta constitucional que en términos del artículo 87 realizó el primer mandatario de “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”.
Si el Presidente no está de acuerdo con lo dispuesto por las leyes vigentes tiene la atribución de promover su reforma ante el Congreso de la Unión, pero invalidarla de manera unilateral es inconstitucional y propio de regímenes despóticos.
Las disposiciones legales, que el Presidente de manera arbitraria pretende invalidar, tocan además uno de los aspectos más sensibles que puede tener una sociedad, que es la educación y el desarrollo de sus niñas y niños.
Condenamos la decisión del Presidente de México, quien mediante un Memorándum instruye a la secretaria de Gobernación y a los secretarios de Educación Pública y de Hacienda a “dejar sin efecto las medidas en las que se ha traducido la llamada reforma educativa”.
Consideramos una acción evidentemente ilegal el que instruya a su Gabinete a no reconocer la norma constitucional y legal, en detrimento de la educación de millones de niñas y niños mexicanos, a quienes se les privará de una educación de calidad.
El Presidente López Obrador actúa de manera autoritaria frente a la Constitución mexicana, conculca el estado de derecho y el principio de legalidad.
Las y los senadores del PAN exigimos cumplir y hacer cumplir lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le mandata al titular del Ejecutivo federal, como lo juró ante el Congreso de la Unión y ante el pueblo de México el pasado 1 de diciembre de 2018.
