Empresas “Outsourcing” deben Acatar Obligaciones Laborales y Fiscales, Demanda el GPPRD

Por Daniel Gómez Trejo

* Su actuación dolosa y la indolencia gubernamental provocan efectos devastadores para trabajadores mexicanos

*Verónica Juárez, Claudia Reyes y Raymundo García proponen reformar la Ley Federal del Trabajo para obligarlas a cumplir

Argonmexico / A fin de avanzar en la defensa de los trabajadores mexicanos, tal como se comprometieron integrantes de la Cámara de Diputados en la pasada reforma laboral respecto a quienes sus derechos son violentados por la subcontratación llamada “outsourcing”, diputados del GPPRD propusieron reformar la Ley Federal del Trabajo.

Verónica Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel y Raymundo García Gutiérrez presentaron la iniciativa correspondiente y específicamente plantearon que las empresas contratantes y contratistas de los servicios de los trabajadores deben ser corresponsables del cumplimiento de las obligaciones patronales, de modo que no haya evasión en su cumplimiento con el pretexto de la indefinición.

Además, para no afectar a los trabajadores de base de la empresa contratante, plantearon que los servicios de los trabajadores del contratista deberán ser para la ejecución ocasional de trabajos que ordinariamente no realiza aquélla.

En la argumentación entregada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores perredistas señalaron que el sistema de empleo llamado “outsourcing” es una de las peores secuelas del modelo económico neoliberal, pues hizo del abaratamiento de la mano de obra una “ventaja comparativa” a la cual los patrones recurren cada vez con mayor frecuencia para disminuir costos.

Consiste –apuntaron- en la construcción de redes inter-empresariales y  descentralización de etapas del proceso productivo para encomendarlas a otras empresas especializadas.

Su finalidad es reducir costos y maximizar la utilidad, incluso de manera dolosa, con base en un mercado de trabajo abundante pero vulnerable, de bajas remuneraciones, mínima protección social y prácticamente nula defensa gremial.

Para los trabajadores, los efectos son devastadores, pues el “outsourcing” sirve a los patrones para eludir responsabilidades, evitar el pago de prestaciones (como utilidades y vacaciones), impedir generación de antigüedad, facilitar el despido y romper la unidad del contrato colectivo de trabajo.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los trabajadores bajo esta modalidad de contratación pasaron en 2004 de cerca de un millón 400 mil a casi tres millones 600 mil en 2014, lo que significó más de 150% de aumento.

En cambio, el total del personal ocupado en ese mismo período sólo aumentó 33% y el personal directamente dependiente de la razón social en 21.2%. En 2004, ese tipo de ocupaciones significaron 8.6% del total de los trabajadores ocupados; diez años después, representa 16.6%.

Según la firma Staffing Industry Analysts, el valor de mercado de la industria de la subcontratación en México es de mil 457 millones de dólares anuales con cerca de cinco millones de personas al cierre de 2018 (equivalente a la cuarta parte del empleo formal), todas al servicio de unas dos mil empresas.

Acaso la décima parte estaría registrada ante las autoridades y una fracción mucho menor pagaría impuestos.

Una de las empresas subcontratistas más importantes (GINgroup) tiene más de 180 mil trabajadores contratados para cerca de cuatro mil 500 empresas, entre ellas Walmart, Comex, Afirme, HSBC y Santander.

Juárez, Reyes y García reconocieron que el Poder Legislativo hizo en 2012 un esfuerzo por regular el “outsorucing”, pero a la actitud dolosa de muchos patrones se sumó la indolencia de las autoridades, las que además de incumplir sus responsabilidades para aplicar la norma, carece un diagnóstico sobre ese fenómeno.

Consideraron por ello necesaria mayor inspección a las empresas; evitar que sigan eludiendo el pago de impuestos y sus obligaciones laborales; expedir una norma oficial mexicana para las empresas contratistas para acreditar su calidad en el servicio, y actualizar la Ley Federal del Trabajo, tal como lo proponen.

Destacaron que integrantes de la actual Legislatura se comprometieron, cuando aprobaron la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, libertad sindical y contratación colectiva, que atenderían lo relativo a los derechos sustantivos en el mundo del trabajo dejados entonces de lado.

A unos días de iniciar su segundo año de ejercicio, es momento de que esta Legislatura cumpla y a ello contribuye el GPPRD con esta propuesta que recoge aportaciones de la Unión Nacional de Trabajadores.