Urgen a Reforzar Seguridad en Planteles Educativos del país
Por Jaime Arizmendi
*No queremos ni un estudiante más violentado, secuestrado y asesinado: Beatriz Paredes.
Argonmexico / La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente exhortó a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México (CDMX), a coordinar, emprender, redefinir diversas acciones interinstitucionales que garanticen la seguridad a la comunidad estudiantil que asiste a instituciones educativas dentro de su jurisdicción territorial.
Al presentar el proyecto, la senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Beatriz Paredes Rangel indicó: no queremos ni un joven estudiante, ni un adolescente más que desaparezca, que sea secuestrado y que después toda la sociedad se entere que ha sido asesinado o vulnerada su integridad.
Es importante, continúo, que en medio de la compleja crisis de inseguridad que tenemos haya una estrategia concentrada y focalizada en coordinación con las autoridades educativas para evitar que los estudiantes estén expuestos a esta problemática que ha azotado a la sociedad mexicana.
Asimismo, dijo, exhortamos también a las instituciones educativas públicas y privadas a reforzar acciones encaminadas a garantizar la seguridad e integridad de la comunidad académica. “A la Fiscalía General de la República y a los órganos de procuración de justicia locales a investigar y sancionar a los responsables y procurar justicia a las víctimas de los delitos”, subrayó.
El proyecto menciona que se han incrementado delitos de diversa índole en diferentes campus de la UNAM y en algunas instituciones educativas del país, como asaltos, narcomenudeo o expresiones de violencia sexual contra las mujeres.
Detalla que las agresiones no sólo se dan en la Ciudad de México, sino que también se presenta en las entidades federativas donde autoridades estatales y municipales han emprendido acciones –insuficientes- para atender y prevenir la violencia.
En otro orden, la Segunda Comisión exhortó a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que, en un plazo no mayor a 15 días, informe a esta Soberanía sobre el estado que guarda la producción, distribución y entrega de los libros de texto gratuitos y materiales educativos para el ciclo escolar 2019-2020.
El proyecto destaca que en abril pasado, la Conaliteg declaró desiertas las licitaciones para imprimir 19 títulos, de 52 millones de ejemplares para estudiantes de preescolar y primaria, lo que -a decir de la Comisión- pone en duda si los libros de texto estarán a tiempo para su uso en el próximo ciclo escolar.
Además, indica que se valorará la pertinencia de invitar a una reunión de trabajo al titular de la Conaliteg y al responsable de la Oficialía Mayor de la SHCP.
Al respecto, la diputada María Guillermina Alvarado, de Morena, dijo que hoy el país busca alcanzar la excelencia educativa, y que los libros de texto gratuitos son fundamentales. Gracias a esta invaluable herramienta educativa, millones de estudiantes de escasos recursos pueden cursar sus estudios y alcanzar la movilidad socioeconómica, subrayó.
Refirió que en la reciente reforma educativa se enfatizó la prioridad y se actualizaron sus contenidos en congruencia con la transformación que se vive. El cambio, agregó, también implica honestidad y transparencia en su proceso de producción, por ello ha requerido de una revisión profunda de costos y proveedores.
La citada Comisión también exhortó a los Congresos de las entidades federativas que no han armonizado su marco jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos quinto y sexto transitorios de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para garantizar la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
El documento detalla los estados que faltan de armonizar dicha legislación son: Campeche, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, Tlaxcala, Michoacán, Morelos y Veracruz.
También exhortaron a las Secretarías de Trabajo y Previsión Social, de Salud y de Educación Pública, a fortalecer la coordinación interinstitucional, y realizar acciones y estrategias para prevenir el contagio de influenza en centros educativos y laborales del país.
El texto destaca que las dependencias mencionadas deben implementar y difundir estrategias preventivas para evitar que se vuelva a presentar una crisis como la de 2009, cuando el brote de este mal obligó al Estado mexicano a tomar medidas extraordinarias ante potenciales efectos adversos en materia de salud pública.
