Estados y Municipios Hacen uso Indiscriminado de Deuda y no Invierten en Proyectos Productivos: Basáñez García

Argonmexico / Daniel Gómez Trejo.- El presidente de la Comisión Especial de vigilancia del gasto y deuda pública de estados y municipios, diputadoEstados y Municipios Hacen uso Indiscriminado de Deuda y no Invierten en Proyectos Productivos: Basáñez García), indicó que, en los últimos 10 años, la deuda de las entidades y alcaldías se elevó a 535 mil 276 millones de pesos, lo que habla de un uso indiscriminado de recursos, empleados muchas veces sólo para “patear el bote”, pero no invertir en proyectos productivos.

Destacó que el objetivo de la instancia que preside es coadyuvar con las administraciones locales en el establecimiento de principios de buen gobierno para una gestión responsable del capital público y generar condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad financiera del país.

“Se busca impulsar un ejercicio de transparencia, en el cual los servidores públicos rindan cuentas, profesionalicen la gestión basada en resultados, eviten la discrecionalidad e impunidad y, por supuesto, la improvisación”, detalló.

Basáñez García recordó que en noviembre del 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comenzó la implementación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se estableció el Registro Único de Deuda.

“Hoy todos los estados o municipios que quieran contratar un empréstito deberán tener ese registro; de lo contrario, los bancos no podrán otorgarles línea de crédito. Es una medida de control que complementará al Sistema de Alertas que iniciará en abril próximo”, comentó.

Las alertas, explicó, medirán oportunamente el nivel de deuda y condiciones de liquidez para detectar cualquier tipo de endeudamiento de los entes públicos.

En la reunión de trabajo, presentó un cuaderno llamado “Disciplina Financiera en Entidades Federativas y Municipios de México”, cuyo contenido se estructura en tres apartados: finanzas sanas para entidades y municipios, A B C de disciplina financiera y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El legislador expuso que el texto tiene una redacción sencilla, con el objetivo de que los 2 mil 446 municipios, las 32 entidades federativas, legislaturas y autoridades hacendarias locales y sociedad en general conozcan los principios, procedimientos y responsabilidades para el cuidado de los recursos públicos.

Señaló que se debe ser preventivos sobre la correcta aplicación del dinero a disposición de municipios y entidades del país. “Tenemos que realizar acciones que nos permitan oportunamente acompañar un correcto ejercicio de rendición de cuentas”.

La presidenta de la Comisión Bicameral en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, diputada Minerva Hernández Ramos (PAN), llamó a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso, a encontrar acuerdos para poner en marcha la instancia que preside, ya que no ha comenzado a operar.

Por otro lado, cuestionó qué pasará con la deuda no registrada, dado que hay una gran diversidad de legislaciones locales. La ley de disciplina financiera, explicó, define puntualmente qué es deuda, pero no se especifica qué sucederá con esos recursos que en algunas entidades no se registra como tal. Agregó que no debe olvidarse el gasto, ya que también es fundamental conocer cómo ejercen las entidades federativas, puesto que algunas tienen muchos excesos.

El secretario de la comisión especial y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, Emilio Enrique Salazar Farías (PVEM), explicó que cuando llegan los gobernadores o presidentes municipales a ejercer su cargo se encuentran con tres deudas: la registrada, que debió haberse usado en inversiones productivas, pero muchos malgastan; la no registrada con proveedores, que para contratarla debía contarse con suficiencia presupuestal, y la deuda de cargas laborales.

Al respecto, aseguró, se requiere cumplir el objetivo de la deuda, es decir, que ésta se destine específicamente para lo que fue solicitada; regresar a un manejo austero y profesional de las finanzas y, sobre todo, la honestidad y decencia.

Estimó necesario trabajar con los Congresos locales, porque si bien muchas veces se culpa a la legislatura federal por contratar la deuda, el responsable es quien la ejerce.

La diputada del PRI, Olga Esquivel Hernández, indicó que los partidos políticos están a favor de “velar por que los recursos públicos sean aplicados para lo que de verdad corresponda y, sin duda, la deuda pública debe ser un asunto de prioridad. Es un momento importante para vigilar la disciplina financiera, y eso tiene que ser parte también de la Federación.

El legislador por el PRD, Tómas Octaviano Félix, comentó que la disciplina financiera es parte esencial de un gobierno responsable que busque la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos, por lo que debe estar acompañada de mayor transparencia y una rendición de cuentas efectiva, y “de una austeridad real y no ficticia”.

Esta comisión, aseveró, fue creada para denunciar lo que visiblemente son “malas prácticas” que dañan las finanzas locales. “Tan sólo el gobierno federal presenta una deuda pública de más del 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en un año; la cifra más reciente señala que es de más de 9.3 billones de pesos”.

En este sexenio, pasó de 5.7 billones de pesos en 2012 a 9.3 billones de pesos en 2016, un incremento de más de 60 por ciento en 4 años de gobierno. Esto, dijo, no es disciplina financiera, no es un ejemplo a seguir, por lo que debemos establecer mejoras sustantivas y la  Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios servirá para acercarnos a las mejores prácticas hacendarias.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez (PRD) refirió que el documento presentado por la comisión es muy digerible y la intención es hacer a los municipios más responsables en el uso de recursos públicos. Pidió a la comisión replicar la información en sus comunidades.

Del partido Morena, el diputado Vidal Llerenas Morales consideró que la ley puso reglamentación muy estricta para estados y municipios, pero no así para la Federación, que reportó un “excedente de aproximadamente 320 mil millones de pesos y no tiene reglas claras para usarlos; entonces, si esto empieza a funcionar en los estados, hay que implementarlo a nivel federal”.

Otro tema importante es cómo los municipios pueden cobrar predial. Explicó que México cobra alrededor de 0.5 del Producto Interno Bruto (PIB) de ese impuesto, contrario a algunos países de América Latina que cobran 1.5 o 2 puntos de sus PIB, es decir, hay 300 mil millones de pesos que no se cobran de este gravamen. Debe buscarse una estrategia nacional para mejorar la situación financiera de los municipios, ya que este tributo es su principal fuente de recaudación.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Pública, Gina Cruz Blackledge (PAN), comentó que la ley de disciplina financiera representa un gran avance, pero coincidió en que se debe trabajar sobre una norma que regule a la Federación, y empatar las legislaturas locales con la ley y dar seguimiento al uso de recursos en las entidades.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor (PAN) se pronunció por que desde la comisión especial se revisen lagunas y ausencias que tenga la ley de disciplina financiera, a fin de “poder afinarla y verdaderamente propiciar una disciplina sobre el uso de recursos, en todos los niveles de gobierno”.

Hay entidades y municipios que están altamente endeudados de forma irresponsable, que ya han pasado administración tras administración y continúan con deuda desde hace 8 o 10 años sin poder bajarla. Se pronunció por ver qué hacer para ayudarles a salir de ese problema y en qué puede contribuir la Federación.

El director de Procesamiento y Formación Económica, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Humberto Aguirre Aguirre, comentó que el documento presentado por la comisión es muy oportuno, dominar el tema es importante para quienes toman las decisiones a nivel local.

Reconoció la intención de hacer una distribución masiva a todos los responsables en esta materia. “Habrá un mayor entendimiento de la ley y, por ende, una mejor aplicación más tersa y rápida de la propia norma”. El fin es hacer sostenibles las finanzas públicas locales, que los dineros se usen de manera transparente y se apliquen realmente a lo que van destinados.

En su intervención, el director general adjunto de Análisis y Deuda de Hacienda Pública Local, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Antonio Medellín Ruiz, comentó que el documento presentado por la comisión destaca la transparencia de la información que registren los estados y municipios, así como el papel que tendrá la Auditoria Superior de la Federación.

“El cuaderno es completo y fácil de entender, es un buen inicio para la toma de decisiones hacia los ejecutores del gasto, la contratación de financiamientos, la regulación y seguimiento de estos temas”, acotó.

El director de Asistencia Técnica del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, de la Secretaría de Gobernación, Ignacio Bonilla López, destacó que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios es un gran avance porque  demuestra el interés por atacar puntos fundamentales en el desarrollo de los gobiernos locales.

Gracias a esta ley, se tendrá un mayor control sobre lo que hacen los gobiernos estatales y municipales, a fin de que sean responsables y transparentes en el uso de sus recursos. Esta norma, continuó, será el comienzo de un marco jurídico que permita a estos gobiernos desarrollar sus capacidades, fortalecer sus ingresos y manejarlos de manera adecuada.

En asuntos generales, el presidente de la comisión especial informó que la instancia presentará un punto de acuerdo para exhortar a los estados de la República y sus legislaturas, a llevar a cabo la adecuación de su legislación local con la ley de disciplina financiera, a fin de promover un balance presupuestario sostenible que garantice finanzas públicas sanas.