Celebra PRD que Proyecto de Ley de Biodiversidad sea Abierto a Pueblos Indígenas

Por José Luna

*Legislar sin una consulta a la que estamos obligados conforme al Convenio 169 de la OIT, sería correr el riesgo y ser susceptible de declararse inconstitucional por la Corte, advierte *El PRD seguirá atento de las voces de la sociedad civil y particularmente de los pueblos indígenas *Siendo un asunto importante y gran magnitud, lo aconsejable es abrir el espacio para lograr el mayor consenso posible, indica

Argonmexico / El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, celebró que impulsores del Proyecto de Ley de Biodiversidad en México (el Partido Verde Ecologista de México y el gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), hayan aceptado que se abra un espacio para seguir discutiendo esta controversial iniciativa que involucra la regulación de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de nuestro país, a fin de que se consulte a los pueblos indígenas antes de aprobarlo y lograr el mayor consenso posible.

Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del GPPRD aseveró que este proceso llevará varias semanas o incluso meses; pero es importante que se cumpla con los procedimientos establecidos ya no solo en nuestras leyes sino con acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT que reconoce el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta previa, libre e informada, lo cual no ocurrió en este caso; de manera que deberá informárseles y escucharlos como los principales involucrados.

Zambrano comentó que durante la reunión de la Junta de Coordinación Política de este lunes, fueron invitados representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la Red Indígena; del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de Greenpeace para conocer sus puntos de vista.

Durante esta reunión con los representantes de los distintos partidos políticos que conforman la actual Legislatura, los promoventes defendieron la posición de que México está obligado a cumplir con el Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a Recursos Genéticos y la Participación Justa y Equitativa de los Beneficios Resultantes de su Utilización del Convenio sobre Diversidad Biológica, ya que a la fecha, en otros países se han patentado especies mexicanas para fabricar productos cosméticos o medicamentos, sin que los beneficios –cotizados en millones de pesos-  aterricen a las comunidades de las que los productos y los conocimientos fueron extraídos, como son los casos del ajolote y el caracol púrpura pansa, entre otros.

De acuerdo con los promoventes, no existe un marco legal en México que regule el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su acceso, ni tampoco hay un presupuesto específico para atender la implementación del Protocolo de Nagoya en nuestro país ni tampoco existe una estrategia nacional de recursos genéticos, por lo que consideraron fundamental la aprobación de esta ley.

Jesús Zambrano expuso que en esta oportunidad se reconoció que hubo una consulta previa al Protocolo de Nagoya; pero ninguna en relación a la iniciativa de la Ley de Biodiversidad que se ha estado promoviendo en San Lázaro, además citó que hay en esta iniciativa, contenidos preocupantes que -desde el punto de vista del PRD y de las organizaciones externas Poder Legislativo- sí hay afectaciones y se vulnera al conjunto de la biodiversidad así como lo que se conoce como “material genético” de diversas especies de origen vegetal y animal para nuestro país.

“Tiene que haber una consulta previa a la legislación en cualquier actividad y, en este caso concreto, hay un conjunto de elementos de la biodiversidad y material genético que involucra de manera directa a los pueblos originarios de México, y hay que atenderlos” dijo.

El legislador expuso finalmente que el PRD seguirá atento de las voces de la sociedad civil y particularmente desde los pueblos indígenas de México pues siendo un asunto tan importante y de tal magnitud, lo aconsejable es que se abra el espacio para que lograr el mayor consenso posible.

“Planteamos la conveniencia de que, antes de entrar directamente a legislar sobre este punto tan importante para México, que se abriera un espacio para una mayor discusión y para la consulta que plantean los pueblos indígenas porque advertimos -y ellos también- que legislar sin una consulta a la que estamos obligados conforme al Convenio 169 de la OIT sería correr el riesgo y ser susceptible de declararse inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, remató.