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Cámara de Diputados Aprobó que Dependencias del Sector Público Incluyan a Pueblos Originarios Como Proveedores

Jaime Arizmendi

*El dictamen reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público *Los cambios favorecen el desarrollo económico y social: diputado Valenzuela Corral

Argonmexico / La Cámara de Diputados aprobó reforma para que las dependencias y entidades puedan contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, a través de los procedimientos de invitación, cuando se realice con pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas.

El dictamen, avalado en lo general y en lo particular por 440 votos, modifica la fracción XI del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. Se remitió al Senado.

Expone que es relevante garantizar el derecho de participar como proveedores a estos pueblos y comunidades, lo que contribuirá a impulsar el desarrollo económico, social y humano de las regiones donde habitan, dándoles la oportunidad de acceder a una vida digna a través de su trabajo.

En el artículo segundo transitorio se plantea que corresponde a la Secretaría de la Función Pública realizar las modificaciones pertinentes al Reglamento de dicha Ley, a fin de armonizarlo con las disposiciones de este decreto, para lo cual contará con un término de 30 días naturales, a partir de su entrada en vigor.

El diputado Roberto Valenzuela Corral (PAN) destacó la importancia de promover el interés social de los pueblos y comunidades indígenas; es el reflejo del espíritu por considerar a las compras públicas como un factor estratégico que pueda incidir tanto en el desarrollo nacional sustentable como en el apoyo a los proveedores que proceden de sectores vulnerables no especializados.

Subrayó que el objetivo es garantizar que las y los indígenas puedan ofrecer sus servicios a las entidades y dependencias del sector público. “Para nadie es desconocido que las hermanas y hermanos indígenas viven en condiciones de pobreza, esta es la razón fundamental para promover cambios en las leyes que favorezcan el desarrollo económico y social de los pueblos y comunidades”.