Excluidas de su Derecho Sexual y Reproductivo, Mujeres con Discapacidad Intelectual
Por Isabel Rojas Meléndez
Argonmexico / El 8 de marzo es la fecha en que se conmemora en México y en muchos países del mundo la lucha de mujeres por hacer valer sus derechos y acabar con las enormes desigualdades laborales, educativas, de género, familiar, de pareja. En esta lucha se encuentran también las mujeres con discapacidad intelectual en México para que sea reconocido un aspecto de gran importancia en la vida de cualquier ser humano: la sexualidad.
Particularmente para las mujeres con discapacidad intelectual, la sexualidad es un tema del que se habla poco o nada en el entorno familiar o en las escuelas; el tema está rodeado de prejuicios, mitos y falsas creencias. Esta ausencia de información ha generado ideas erróneas sobre la sexualidad y colocado a miles de mujeres en situación de mayor vulnerabilidad al quedar expuestas a sufrir abusos, violencia, nulo acceso a servicios de salud reproductiva, esterilización no consentida y embarazos interrumpidos.
Di sexualidad, proyecto desarrollado por la Facultad de Estudios Superiores-Iztacala y dirigido a familiares y mujeres con discapacidad intelectual para promover su educación sexual, considera que en nuestra sociedad predomina la idea de confundir sexualidad con relaciones sexuales, o relaciones sexuales con coito y creer que el coito es la conducta sexual más importante, sin considerar que la sexualidad es un conjunto de características que definen la identidad, la orientación sexual y la capacidad de crear vínculos con otras personas. Detalla que la sexualidad encierra muchos conceptos, sensaciones, sentimientos y emociones, en el que las mujeres con discapacidad intelectual son capaces de amar, expresar cariño, compartir sensaciones, enamorar o enamorarse.
Di sexualidad expone que en nuestra sociedad existe la tendencia a considerar a las jóvenes con discapacidad intelectual como seres asexuales, ángeles o niñas eternas, que no experimentan deseo sexual o que no tienen interés alguno en estos temas. Son percibidas como personas dependientes, incapaces de criar hijos y de tomar decisiones relacionadas con su sexualidad y reproducción. En un sentido opuesto, también se piensa que son incapaces de controlar sus impulsos.
Ambos casos, señala Di sexualidad, son totalmente equivocados y estos mitos sólo generan que no se les brinde educación sexual al creer que no son capaces de sentir placer o que al ofrecerles información se puede despertar su líbido “dormido”. Esto es una creencia equivocada, no hay nada que indique que tener formación e información sexual altere el comportamiento o que éste sea más excesivo; al contrario, la educación sexual es necesaria para distinguir situaciones de abuso o aprender que hay normas, espacios personales y públicos para expresar emociones y sentimientos.
Gabriela Martínez, de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Confe), durante el webinar “Ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de niñas y mujeres con discapacidad”, aseveró que están muy arraigadas las prácticas de infantilización hacia este grupo vulnerable y se les sigue hablando, vistiendo y tratando como niñas, lo que atenta contra su dignidad. Incluso, en las escuelas se les vulnera el más elemental derecho a ser respetadas en su intimidad y el libre desarrollo de su personalidad cuando se les prohíbe el noviazgo y las manifestaciones amorosas.
23% DE CESÁREAS Y 16.9% DE PARTOS, SON TRATAMIENTOS NO AUTORIZADOS POR LAS MUJERES
Informes dados a conocer el año pasado por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, (principal fuente de información sobre la situación de la violencia que viven las mujeres en nuestro país), señala que en cuanto situaciones de maltrato en la atención obstétrica fueron sometidas mujeres a tratamientos médicos no autorizados, como cesáreas o partos, 23.7% y 16.9%, respectivamente.
En México las jóvenes con discapacidad intelectual no reciben información accesible sobre sexualidad que les permita identificar situaciones de abuso o tomar decisiones sobre su cuerpo, reproducción y forma de establecer relaciones afectivas y sexuales. Muestra de ello, es lo que sucede cuando acuden a un ginecólogo y éste no se dirige a ellas, sino a sus familiares o acompañantes. A ellas no se les explica por qué están en consulta, tampoco son informadas de las intervenciones a las que se van a someter ni se les toma en cuenta su opinión.
En muchas ocasiones, son forzadas a interrumpir sus embarazos (por ser consideradas incapaces para ser madres), obligadas a utilizar algún método de anticoncepción temporal o permanente y sometidas de manera desproporcionada a procedimientos de esterilización forzada.
En sus informes, GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) ha denunciado que la Norma Oficial Mexicana 005-SSA2, en los Servicios de Planificación Familiar, se utiliza el concepto de “retraso mental” como justificante para practicar la oclusión tubería bilateral, un método de esterilización permanente. Situación que, desde luego, viola la Constitución .
Catalina Devandas, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, en su último informe “Sexual and reproductive health and rights for girls and Young women with disabilities” considera que estas prácticas constituyen violaciones de los derechos humanos que dan prioridad a los intereses de los cuidadores en detrimento y negación de la dignidad y la integridad de la persona. Agrega que la esterilización no las protege del abuso o la violencia sexual, ni exime al gobierno de la obligación de protegerlas de tales abusos.
Ante ello, es necesario tomar conciencia de la situación y exigir al gobierno políticas públicas en materia de educación sexual para las millones de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad intelectual que han sido excluidas en su derecho a la educación sexual, tanto en servicios de salud público, privado, social o académico; vinculación o enlace con instituciones del sector público en la promoción e información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, programas dirigidos a su atención y protección, difusión de los mecanismos de protección existentes, ser parte de programas y estadísticas, así como estar presentes en programas para la eliminación de los prejuicios sociales y estereotipos sobre su sexualidad, así como avances en materia legislativa, porque la educación integral de la sexualidad para mujeres con discapacidad intelectual es un derecho humano constitucional.
