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Presentan Denuncia por Extorsión a Negocios en Edomex

Por Emilio Duran

Los empresarios señalan para la apertura de sus negocios les exigen cumplir con medidas extremas y si no cumplen con ellas, les piden dinero para dejarlos operar

Argonmexico / La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga los actos de corrupción denunciados por empresarios mexiquenses, los cuales acusaron ser víctimas de funcionarios de la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem), encabezada por Santiago Ramos Milán.

Y es que la semana pasada los empresarios señalaron que durante la pandemia, para la apertura de sus negocios les exigen cumplir con medidas extremas y si no cumplen con ellas, les piden dinero para dejarlos operar.

Consta en el expediente CUA/CUA/CUT/0321/040367/21/02 que la encargada de una distribuidora de gas estacionario, que se encuentra en Cuautitlán Izcalli denunció que una funcionaria de la Coprisem le garantizo que a cambio de los 80 mil pesos “no la molestarían” por los próximos seis meses, de lo contrario le advirtieron, clausuraría el lugar. En la carpeta de investigación se cuenta con videos del momento justo de la extorsión.

Es precisamente lo que estamos denunciando, esa comisión está sin control. Hemos pedido el apoyo del gobernador Del Mazo, pero no nos han ayudado, no se dan cuenta todo lo que hemos sufrido por la pandemia, las ventas están mal y apenas nos estamos recuperando. Y por encima de todo, tenemos que lidiar con la extorsión que sufrimos, increíblemente por una dependencia, por una comisión que en teoría, debería ayudarnos”, comentó Santiago Puga, uno de los afectados.

Los hechos ocurrieron la semana pasada, por lo que la indagatoria en contra de la servidora pública sigue en proceso y serán las autoridades mexiquenses las que determinen si la carpeta de investigación se judicializa o no.

Asimismo, se dio a conocer que no se descarta que la investigación se extienda hasta el titular de la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem) del Estado de México, Santiago Millán, pues a decir de los afectados, los supervisores cuentan con “el aval” del funcionario.