Redoblará SFP Esfuerzos para la Fiscalización y Exigencia a Funcionarios: Sandoval Ballesteros

Por Daniel Goméz Trejo / Corresponsal

Argonmexico / Diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, PES, PVEM y PRD preguntaron a la secretaria de la Función Pública (SFP), ‎Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, sobre los ataques frontales a la corrupción; las investigaciones del caso del titular de la Comisión Federal de Electricidad; las declaraciones patrimoniales y el proceso de compras.

Al dar respuesta a las interrogantes de las y los legisladores con motivo del Análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, Sandoval Ballesteros aseguró que la dependencia ha dado muestras claras de que no se protegerá a nadie, al contrario, redoblarán la fiscalización y exigencia a funcionarios.

Precisó que están en proceso 12 denuncias en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo y “a quien se encuentre culpable será sancionado”. Son los casos de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.

Agregó que han realizado auditorías a programas sociales; hay cuatro en proceso, que corresponden a las estrategias de apoyo hacia hijas e hijos de madres trabajadoras, de apoyo a pensión para personas con discapacidad y el de Sembrando Vida.

Al iniciar la primera ronda de preguntas-respuestas-réplicas, la diputada Claudia Reyes Montiel (PRD) expresó que en el marco de la discusión sobre los recursos públicos, dijo si no es más conveniente que estos vengan de los ataques frontales a la corrupción en lugar del cobro de derechos para el uso del agua en el sector agropecuario.

Pidió conocer los avances del caso del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Le exigimos que la investigación de este caso se dé con apego a la ley, sea rigurosa y que, en caso de haber sanciones, se apliquen como deben ser. En esta lucha frontal contra la corrupción y el abuso del poder, usted tiene una tarea principal. Desde esta Cámara se le han dado las herramientas para hacerlo y lo seguiremos haciendo mientras no se use para callar a quienes disienten”.

La diputada del PVEM, Zulma Espinoza Mata, resaltó que el Legislativo y Ejecutivo han hecho, de manera coordinada, ordenada y armónica reformas constitucionales, emisión de nuevas leyes, modificaciones a normas federales y, en general, cambios para que la dependencia pueda hacer lo que le toca en cuanto al combate a la corrupción.

Preguntó sobre las primeras acciones en materia de declaraciones patrimoniales y de interés que se han llevado a cabo y cómo se ha instrumentado una política transversal con estados y municipios contra la corrupción. “Debemos ser exigentes y observantes de que la ejecución de la política de combate a la corrupción, su secretaría sea imparcial, sin malos hábitos y aplique la ley sin distinción”.

Carolina García Aguilar, diputada de la fracción de Encuentro Social, expuso que para nadie es un secreto que la corrupción de los gobiernos anteriores lastimó la imagen del país, erosionó la capacidad de las instituciones y, destruyó la confianza de los ciudadanos. “Con la Cuarta Transformación la corrupción ya se está combatiendo y se va a acabar”.

Puntualizó que la SFP tiene la tarea de revisar las 25 obras prioritarias del gobierno, entre ellas el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la Refinería de Dos Bocas. Hay un avance importante en las denuncias, investigaciones y sanciones y se debe tener una secretaría preventiva y no reactiva. Por ello, inquirió: ¿qué acciones concretas se tienen para evitar y disuadir la corrupción y cuáles están teniendo mayor impacto?

De MC, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar pidió conocer las acciones de prevención, vigilancia e inspección para combatir la corrupción, el conflicto de interés y el beneficio a unos cuantos; “cómo es posible que la Secretaría de la Función Pública no hiciera mención alguna sobre la validez de los contratos con las empresas acusadas penalmente de fraude por vender libros a sobreprecio, y cómo es posible que estas empresas no figuraran en alguna  de las listas de directorio de licitantes, proveedores y contratistas sancionados con impedimento para celebrarlos”.

Agregó que es importante sujetarse al marco jurídico constitucional, y básicamente al artículo 134, que establece que los recursos públicos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. “Esto debe ser una realidad objetiva y no una narrativa imaginaria o de percepción de popularidad. Se debe adjudicar por medio de licitaciones públicas transparentes, con el objetivo de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias permanentes”.