Por Jaime Arizmendi
*Quitar a Partidos la Mitad del Financiamiento Público; Morena
*Matrimonio de Adolescentes, Problema Mundial Creciente
Argonmexico / ¡Fuera la chiquillada!… Recortar el dinero público a los partidos, ha sido desde hace décadas un reclamo social, sobre todo cuando institutos políticos aparecen y desaparecen sin que se les audite ni se conozca el destino real de los recursos que recibieron del erario o, peor aún, que su “contribución” al sistema de partidos haya sido nula, y hasta desastrosa para los comicios.
No obstante, aunque se entiende del peligro de que, por la falta de recursos oficiales, partidos y candidatos podrían caer en las garras millonarias de los recursos provenientes de actividades ilícitas, de cuando en cuando, legisladores abordan este espinoso asunto y llegan a plantear la necesidad, con carácter de urgente, de recortar el financiamiento público que se brinda a los institutos políticos.
El 28 de agosto de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló y consideró constitucional, la llamada #LeyKumamoto que reduce el financiamiento de los partidos políticos en el estado de Jalisco en un 60 por ciento, misma que fue aprobada el 1 de junio de ese año.
Para los siete ministros que integraron el bloque mayoritario, la legislación impulsada por el diputado independiente Pedro Kumamoto y cuya bandera fue: “#SinVotoNoHayDinero” se basó en un tema de libre configuración legislativa para los estados de la República. Así, se pronosticó que, en tres años, Jalisco ahorraría 550 millones de pesos.
El 26 de julio pasado, luego del triunfo comicial de Morena y a casi un mes del relevo de la LXIII Legislatura, desde el partido de Andrés Manuel López Obrador se replanteó el recorte del presupuesto destinado a los institutos políticos en “por lo menos 50 por ciento”.
Vale anotar que, para el ejercicio anual del 2018, los partidos recibieron 12 mil 752 millones de pesos: seis mil 702 millones en recursos federales, entregados por el Instituto Nacional Electoral; y seis mil 50 millones, provenientes de los organismos estatales.
En ese marco, el senador morenista Alejandro Armenta Mier, propuso este martes reducir el monto del financiamiento destinado a las actividades ordinarias de los partidos políticos del 65 al 32.5 por ciento, al calificarlo como “excesivo”, sostuvo que la sociedad reclama menos dinero para los institutos políticos.
Expuso que se plantea incluir a los partidos políticos en el plan de austeridad del Gobierno Federal, para argumentar: se liberarán fondos para el desarrollo social, se recuperará parte de la actividad productiva y rescatar al campo; se crearán empleos y se establecerá un auténtico estado de bienestar económico y social.
El legislador poblano repuso que la reducción propuesta aplicará al disminuir de 65 a 32.5 por ciento, resultado de multiplicar el número total de ciudadanos en el padrón electoral, multiplicado por ese porcentaje de valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al referir que los partidos, como entidades de interés público, y por tener un ingreso económico por parte del Estado, deben adherirse al Plan de Austeridad Republicano.
Tras subrayar que, con el elevado financiamiento público a partidos políticos y a candidatos, se priva de recursos a escuelas, hospitales, infraestructura y salarios a empleados. Así, en tanto decenas de asociaciones políticas buscan constituirse en partidos, es factible que la disminución del financiamiento público les haga perder el interés por alcanzar esa calificación. Que dejen de ser negocio, a veces de una familia…
Bodas Obligadas de Menores… Si la tendencia actual continúa, este tropiezo social afectará a más de 140 millones de niñas en 2020, quienes a menos que se impida, contraerán matrimonio forzado a edades tempranas. Se relacionan con la pobreza, la desigualdad de género y la falta de protección de los derechos de los niños.
Cifras de organismos que analizan ese asunto, señalan que 14 de cada 100 niñas de los países en vías de desarrollo se casarán antes de cumplir los 15 años, y una de cada tres lo habrá hecho antes de cumplir los 18 años.
En el caso de Yucatán, datos del Consejo Estatal de Población (Coespo), reportan que la situación conyugal de la población adolescente muestra que de los 226 mil 171 yucatecos de 12 a 17 años, para 2015 el 96.2% era soltero; cuando mil 710 estaban casados y cinco mil 686 se encontraban en unión libre.
Peor aún, 227 ya estaban en calidad de “separados, divorciados o en viudez”, y se debe considerar que 920 adolescentes más se encontraban en el grupo de los no definidos. En general, el matrimonio infantil es fruto de una combinación de pobreza, desigualdad de género y falta de protección de los derechos de los niños.
Roger González Herrera, director del Coespo en Yucatán, indicó que, según estudios en el tema, los factores subyacentes del matrimonio infantil son complejos y están interrelacionados, las razones varían dentro de los países y, entre ellos, en función de las circunstancias individuales y los contextos sociales.
Esos factores se agravan con frecuencia por un acceso limitado a una educación de calidad y a oportunidades de empleo, aparte de que se ven reforzados por las normas sociales y culturales arraigadas.
Respecto al porcentaje de contrayentes adolescentes de 12 a 17 años por sexo, los datos muestran una brecha amplia en los matrimonios, las casadas eran el 1.17%, y los hombres el 0.34%. Quienes se definen en unión libre alcanzan el 3.86% de las mujeres y el 1.18% de los hombres.
Pero resulta indudable que las consecuencias del matrimonio infantil forzado son físicas, psicológicas y emocionales, además de sociales y económicas. Ya que las niñas casadas en la infancia tienen pocas probabilidades de asistir a la escuela, con frecuencia son tratadas como adultas y muchas cargan con las funciones y responsabilidades de los mayores.
El Censo General de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal del Inegi 2015 reporta que la situación conyugal de la población de 12 años y más en Yucatán, durante el período 2010-2015, registró aumentos absolutos y variados según la situación de la unión. La población casada creció un 6.9% en el mismo período; y la que optó por la unión libre aumentó un 37.5%.
Al mismo tiempo, según Luis Iván Alpuche Escalante: la población separada registra un incremento elevado del orden del 36.6%, la que se encuentra en situación de divorciada el 12.8% y la viuda, con el 15.5 por ciento. Y, como dicen los legisladores: ¿No son estas condiciones “de urgente y obvia resolución”?…
