LXIV Legislatura de Paridad de Género”
Por José Luna
Argonmexico / Titular de la SFP entrega a diputados propuesta para actualizar Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley del Servicio Profesional de Carrera
La secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, entregó a diputados de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, una propuesta para actualizar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y mejorar la Ley del Servicio Profesional de Carrera.
Durante su comparecencia con motivo de la Glosa del VI Informe de Gobierno, legisladores de las ocho fracciones parlamentarias cuestionaron sobre la participación de la SFP en la renegociación del Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá; las limitaciones reales de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y las irregularidades detectadas en el uso de recursos públicos en apoyo a migrantes.
En la tercera ronda de preguntas, el diputado Jesús Carlos Vidal Peniche (PVEM) mencionó la incorporación de un capítulo exclusivo sobre anticorrupción en el acuerdo trilateral; preguntó por la participación y principales aportaciones de la SFP en esa negociación, y cuál es su balance de los acuerdos que se incorporaron.
La funcionaria federal apuntó que la participación de la SFP fue crucial en la renegociación del Acuerdo para articular las obligaciones del gobierno de nuestro país hacia el interior y exterior, en cuanto a compromisos anticorrupción.
Indicó que este capítulo coadyuvará al objetivo del SNA, porque este apartado sobrepasa los estándares internacionales en la materia y reconoce la necesidad de promover el principio de integridad entre los sectores públicos y privado.
En el caso de los servidores públicos, se especifican medidas como la adopción de códigos y estándares de conducta, seleccionar y capacitar a quienes por su posición podrían ser vulnerables a vincularse a actos de corrupción. “Las partes obligaron a tipificar las conductas internacionales que afectan el comercio internacional y la inversión, como el cohecho, malversación de fondos públicos o privados”.
Además, se fortalecen los mecanismos existentes entre los tres países. “Los gobiernos, detalló, deben incentivar programas de integridad empresarial y desalentar el ofrecimiento y aceptación de pagos para agilizar trámites o beneficios”. Informó que en breve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entregará un estudio sobre la integridad. También indicó que México es el primer país en tener un protocolo final para atender el cohecho, que atienda los casos que se comparten con la OCDE.
Por el PRD, la legisladora Luz Estefanía Rosas Martínez señaló la prioridad de combatir la corrupción con la superación del discurso político y avanzar con hechos y resultados. Preguntó por las limitaciones reales en la implementación del SNA. Pidió especificar las facultades del Comité Coordinador para emitir recomendaciones y que éstas sean vinculantes, para que exista un verdadero trabajo de prevención y planeación.
La funcionaria federal precisó que aún no están integrados en su totalidad los sistemas estatales anticorrupción, los cuales también forman parte del SNA y la SFP. Aclaró que, sin ser su responsabilidad, la dependencia que encabeza ha dado seguimiento a la armonización legislativa. “Ya falta menos para contar con sistemas locales, cumpliendo con sus atribuciones”, y solicitó a los diputados sensibilizar a los Ejecutivos de las entidades, para terminar con este proceso.
El diputado de MC, Mario Alberto Rodríguez Carrillo inquirió por el avance de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentadas ante la SFP, por las irregularidades detectadas en el uso de recursos públicos destinados a la organización Juntos Podemos, en el ejercicio 2015. ¿Existen otras denuncias de los ejercicios 2014 y 2016 por presuntas irregularidades de la misma?, planteó.
Por su parte, la titular de la SFP expresó su solidaridad a los migrantes mexicanos. Indicó que en noviembre de 2017, se recibieron 29 promociones de responsabilidades sancionatorias, ocho del ejercicio 2014; 10 del 2015, y once del 2016, a través de la ASF y del órgano interno de control de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante dos informes específicos de auditoría relativa a “Erogaciones para la atención a comunidades mexicanas en el exterior y protección y asistencias consulares”.
A la fecha, 25 fueron archivadas por falta de elementos, las cuatro restantes se remitieron a la autoridad competente para la sustanciación del procedimiento administrativo de responsabilidad por faltas no graves, sin daño patrimonial. Dos se enviaron al órgano interno de control de la Cancillería, y dos más a la subcomisión de personal, por tratarse de miembros del Servicio Exterior mexicano.
En seis expedientes se detectó que se hacían referencia a esa organización Juntos Podemos, cinco se concluyeron por falta de elementos, y uno se envió al área de Responsabilidades, que se encuentra en sustanciación. La presunta responsabilidad está a cargo del director ejecutivo de un instituto, por utilizar el recurso asignado en actividades de becas-comunitarias.
Por el PT, el legislador José Luis Montalvo Luna, al referirse al caso de Odebrecht, preguntó: ¿por qué, a pesar de los avances que en su momento logró la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales en contra de Emilio Lozaya, ex director de Pemex, por presuntos sobornos de parte de la constructora brasileña, no se han retomado esas investigaciones para esclarecer los hechos? ¿La SFP tiene alguna línea de investigación con contra del Ejecutivo federal en relación a este asunto? ¿Odebrecht sigue participando en concursos o licitaciones públicas, a pesar de los hechos de corrupción que se les han acreditado en todo el Continente?
En respuesta, Gómez González subrayó que la SFP sólo es competente para resolver responsabilidades administrativas, tanto de servidores públicos como de empresas. Se ha hecho un gran trabajo, donde se investigaron 21 filiales y se “ha sancionado, de forma ejemplar, a Odebrecht”. Con la inhabilitación, ya no puede laborar y se le rescindieron contratos, lo que no sucede en otros países, explicó.
Indicó que pese a que el Ministerio Público no proporcionó más información, la SFP llegó hasta lo más profundo que pudo en su investigación, respetando su marco normativo.
A nombre del PES, la legisladora Carolina García Aguilar sostuvo que la corrupción se consolida como el principal problema en México, con un aumento alarmante, porque resta competitividad y crecimiento económico; además, evita resolver la pobreza e inseguridad a nivel nacional y se detienen obras estatales. “¿Cómo considera estos hechos irregulares que frenan el avance de importantes obras de infraestructura en Hidalgo?”, expuso.
Gómez González precisó que de las auditorías en Hidalgo, de 2013 al presente año, la SFP determinó 529 observaciones por tres mil 290 millones de pesos, de las cuales, al 15 de octubre, se han atendido 334 por dos mil 618 millones de pesos, y quedan pendientes 195 por 678.4 millones. Del monto atendido ya se reintegraron a la Federación 158.9 millones de pesos.
Del PRI, la diputada María Alemán Muñoz Castillo dijo que la rendición de cuentas y el control de publicidad oficial demandan la transparencia, a fin de saber cómo y cuánto se gasta, para evitar la discrecionalidad, cumplir con la eficacia y respetar los topes presupuestales. ¿Cuál ha sido el resultado del seguimiento al ejercicio de gasto en este rubro?, le dijo.
En respuesta, la titular de la SFP indicó que la dependencia, a través del Sistema Gastos de Comunicación Social, realiza el seguimiento. De enero a agosto del presente año, se han erogado dos mil 600 millones de pesos, que representa un avance del 34 por ciento del presupuesto anual modificado para 2018.
En su turno, el diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, señaló que en el padrón único al que hace referencia la funcionaria, se han encontrado en estudios que se repiten los nombres y hasta el 58 por ciento tiene similitudes, por lo que cuestionó si éste debería pasar a manos de la SCHP.
Al dar respuesta, Arely Gómez dijo que la declaración “3de3” aún funciona en su totalidad. Se pronunció a favor de transparentar la información contenida en el sistema Declaranet, para que sea accesible para la sociedad.
Por último, de Morena, la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez preguntó a cuánto ascienden los montos que se desviaron de Sedesol, Sedatu y Sagarpa, y cuántos son los funcionarios sancionados que se vieron involucrados en la “Estafa Maestra”; a qué funcionarios de universidades se les castigó por desvíos de recursos hacia empresas fantasmas y cuántas carpetas de investigación existen, así como el número de auditorías que se han realizado al respecto.
La funcionaria aclaró que la SFP no puede auditar a las universidades, pero sí puede dar vista a la ASF. “Se disminuyó el número de contratos celebrados, pasando de dos mil 106 en 2013 a 997 en este año, además de que se bajó el monto de estos, pasando de 12 mil 869 millones de pesos a 2 mil 200 millones de pesos; asimismo, se han investigado a 87 servidores públicos de diversas instituciones y se han emitido 17 resoluciones sancionatorias para mismo número de funcionarios”.
Para comentarios, el diputado de Morena, Humberto Pedrero Moreno, dijo que ante esas respuestas de la secretaria de Estado es palpable que aún falta mucho en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción.
Por último, quince legisladores de diversas bancadas presentaron rectificación de hechos, cuyas preguntas las responderá la funcionaria federal por escrito.
