Instituciones de Derechos Humanos de América Latina Presentan Solicitud de Medidas Cautelares Ante la CIDH

Por Carlos Cruz Pacheco

Argonmexico/ La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México; la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH o la Comisión Interamericana) el otorgamiento de medidas cautelares a fin de prevenir que niñas, niños y adolescentes migrantes sean separados de sus familias en la frontera sur de los Estados Unidos de América.

Con fundamento en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos arriba mencionadas solicitamos que la Comisión Interamericana requiera a los Estados Unidos de América que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos a la familia, la integridad personal y la libertad personal, en relación con los derechos de la niñez, de niñas, niños y adolescentes migrantes, y se abstenga de separarlos de sus familias.

Se ha tenido conocimiento mediante múltiples notas de prensa  que el Gobierno de los Estados Unidos de América ha implementado la política de separar a las familias que intentan ingresar a los Estados Unidos, de esta forma las niñas, niños y adolescentes migrantes que llegan con sus familiares son separados de estos y llevados bajo custodia del gobierno estadounidense. Asimismo, se tuvo conocimiento de que un gran número de niñas, niños y adolescentes migrantes habrían desaparecido luego de ser separados de sus familias en la frontera sur de los Estados Unidos .

En los últimos meses las autoridades de Estados Unidos han sostenido la práctica de separar a las niñas, niños y adolescentes migrantes de sus padres y madres, alejándoles y tomándoles bajo custodia del Estado, mientras sigue procesos penales en contra de los adultos. Al respecto, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos resaltamos que anteriormente estas medidas no eran aplicadas y se intentaba proteger la unidad familiar, manteniendo a las niñas, niños y adolescentes migrantes junto con sus familiares.

En ese sentido, la Comisión Interamericana había reportado que las familias migrantes eran detenidas en un solo lugar, el Centro Berks en Leesport, Pennsylvania, que tenía una capacidad de 84 camas.  Inclusive la CIDH informó que agentes del ICE le habían señalado que en ese momento no era previsible la necesidad de expandir la detención familiar, ya que el ICE había adoptado una política de excluir a las familias de la detención obligatoria para así ponerlas en libertad o reubicarlas en programas alternativos a la detención.

Para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos solicitantes de estas medidas cautelares resulta de particular preocupación el cambio en la política migratoria de los Estados Unidos, que ha dejado de proteger el derecho a la unidad familiar y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes migrantes, y ha decidido utilizar la separación de familias como una sanción para las personas que intentan migrar a dicho país.

En relación con dicha política, la Secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, en una audiencia ante el Comité de Seguridad Interior y Asuntos Gubernamentales del Senado celebrada el 15 de mayo de este año, afirmó que la política de los Estados Unidos es presentar cargos penales por el cruce ilegal de su frontera, lo que trae como consecuencia que si los acusados vienen acompañados de sus hijos, estos últimos tienen que ser separados; la Secretaria Nielsen refirió que la separación de las niñas, niños y adolescentes migrantes de sus padres ocurre “todos los días”.  Por otro lado, Jeff Sessions, Fiscal General de Estados Unidos, ha dicho, respecto de las personas migrantes, que “si no quiere ser separados de sus hijos, no los hagan cruzar la frontera ilegalmente”.

Por su parte, el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, denunció recientemente, en una carta enviada a tres funcionarios federales, que decenas de mujeres migrantes que cruzaron la frontera suroeste solicitando asilo han sido trasladadas a una prisión federal de Seattle, separándolas de sus hijos, acorde con la nueva y escandalosa política de la administración Trump. El gobernador Inslee exigió a los funcionarios federales dar a conocer dónde están los hijos de esas mujeres migrantes y quiénes los están cuidando.

Al analizar todo lo anterior, resulta especialmente peligroso que esta medida está siendo tomada como un mecanismo para disuadir a las personas de migrar, enfrentándoles al peligro de ser separados de sus hijos si lo intentan; dicha postura por parte del gobierno estadounidense es inhumana y representa un total desprecio por los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, así como por la especial necesidad de protección que tiene para con ellos.

La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido de manera reiterada que las medidas cautelares y provisionales tienen un doble carácter, uno cautelar y otro tutelar. Respecto del carácter tutelar, las medidas buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos, como ocurre en el presente caso. En ese sentido, es urgente que se ordenen las medidas cautelares para que el gobierno de los Estados Unidos detenga la práctica de separar a las niñas, niños y adolescentes migrantes de sus familias.