Denuncian comuneros extorsiones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
José Cruz Delgado/ Corresponsal en Michoacán
MORELIA, Mich.- Un audio de 15:20 minutos difundieron este martes comuneros de La Chuta, municipio de Lázaro Cárdenas, con el propósito de dejar evidencia pública de que presuntamente fueron extorsionados por colaboradores de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
La grabación se habría generado el año pasado, en el contexto de una plática que sostuvieron pobladores de la citada demarcación con Juan Antonio García Álvez, quien en ese entonces se desempeñaba como ayudante de la CEEAV, y en enero de este 2017 fue cesado por no respetar la normatividad interna.
En distintos momentos de la conversación queda de manifiesto el reclamo de los comuneros a Juan Antonio García de un monto por 43 mil pesos que le otorgaron para que los apoyara en los procesos penales que les fueron iniciados por invasión de áreas federales.
Expusieron que ya habían logrado arreglar el asunto legal por otro lado (desalojaron el terreno federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les otorgó el perdón), de manera que el pago por el acuerdo pactado no se debía concretar.
Las expresiones que, se presume corresponden a García Álvez, van en el sentido de que ese dinero que recibió tiene que devolverse, sin embargo no lo tiene, pues le fue entregado a una persona que identificó como Salvador Pérez Alcaraz.
El entonces colaborador de la CEEAV pidió tiempo a los quejosos para recuperar el monto a través de César Reyes Carbajal, otro implicado en el asunto, quien todavía se desempeña en el organismo.
“Yo no recibí el dinero, no tengo nada que ver ahí, mi conciencia está tranquila, necesito ver personalmente a esa gente. Yo no tengo el dinero, me lo va a dar quien lo tenga, nada más aguántenme”, reiteró en distintos momentos durante la charla.
El caso trascendió el pasado lunes cuando comuneros se presentaron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en contra de las personas ya citadas, y de la titular de la CEEAV, Selene Vázquez Alatorre, a quien acusan de prepotencia. En diciembre del año pasado interpusieron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) una denuncia penal por extorsión, cohecho, usurpación de funciones, encubrimiento e intimidación.
Por su parte, la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Selene Vázquez Alatorre, señaló que no ha recibido notificación de la queja que comuneros de La Chuta presentaron en contra de ella y otros dos funcionarios del organismo.
Selene Vázquez descartó haber recibido alguna notificación relacionada con la denuncia penal y se deslindó de las acusaciones que le imputaron, con el señalamiento de que una investigación interna llevó a la baja de uno de los señalados.
“Se tomaron decisiones administrativas internas en enero pasado, cuya consecuencia fue el despido de un empleado de la comisión, no porque hubiera cometido delitos penales, sino porque incumplió con una norma interna comprometiendo a la institución”, acotó.
La titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Selene Vázquez Alatorre, sostuvo que no ha recibido notificación de la queja que comuneros de La Chuta, municipio de Lázaro Cárdenas, presentaron en contra de ella y otros dos funcionarios del organismo.
Informó que uno de los servidores públicos señalados por presunta extorsión fue despedido, aunque puntualizó que la decisión se tomó porque éste no respetó una norma interna. El otro se mantiene en funciones.
Luego de que los presuntos afectados por los delitos de extorsión y amenazas presentaron este lunes una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Selene Vázquez emitió un pronunciamiento.
Indicó que a finales de noviembre de 2016 recibió en las oficinas de la CEEAV, en esta capital, a una persona de esa comunidad acompañada por el abogado Jorge Gutiérrez, a quienes después de conocer que el interesado estaba en calidad de imputado por un delito federal, sugirió pedir apoyo a la Defensoría Pública.
“Como hacían sin documentación una serie de acusaciones a funcionarios de la Comisión, les pedimos presentaran una queja ante la Secretaría de Contraloría por la inconformidad y le dimos papel y pluma para que fuera depositada en el buzón de la Contraloría que existe en la comisión, cosa que hicieron”, añadió.
Morelia, Mich. Silvano Aureoles dijo que sería un retroceso que civiles tomen las armas, esto en el marco de la reunión reunión semanal de análisis y seguimiento del Grupo de Coordinación Michoacán (GCM).
Recalcó que se tienen importantes avances en el combate a delitos tanto de orden federal como del fuero común, y se ha logrado la desarticulación de células delictivas.
Adelantó que están por concluirse algunos de los 10 cuarteles regionales que tendrá la Policía Michoacán.
“Esta acción permitirá reforzar la estrategia de seguridad, que implica tanto acciones sociales y preventivas, como la reacción oportuna de los agentes policíacos y procuración de justicia”, afirmó el mandatario michoacano.
En esta reunión también estuvo presente el secretario de Gobierno, Adrián López Solís.
Michoacán es atendido por sólo 14% de los policías que requiere
De acuerdo a los estándares internacionales, Michoacán es atendido por sólo el 14 por ciento de los policías que requiere, señaló el gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo, en el marco de la graduación de la tercera generación de elementos que habrán de sumarse al estado de fuerza que brindará seguridad a Michoacán.
En dicha graduación egresaron 224 elementos más del Instituto Estatal de Estudios Superiores de Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP).
Cabe apuntar que de estos, 205 son de la Policía Michoacán y 19 son de la Policía de Uruapan, que también se prepararon en la academia. De estos elementos, 64 son mujeres.
En este contexto, Aureoles Conejo dijo que a partir de lo que se ha realizado en materia de preparación y capacitación “se nota como poco a poco vamos mejorando nuestros resultados, y eso es resultado del trabajo en equipo”.
Remarcó que gran parte de los graduados son jóvenes, y que esto “nos asegura que tendremos paulatinamente un relevo generacional de nuestros elementos de la policía del estado, y paulatinamente se hará también en los municipios”.
Reconoció que la tarea de preparar y reclutar a más policías en Michoacán “se descuidó por mucho tiempo”.
El problema del desplazamiento de personas
En Michoacán la historia del desplazamiento obligado de personas a consecuencia de la violencia o presencia de grupos delictivos, debe evitarse a través de la efectiva aplicación de políticas públicas, encaminadas a resolver el tema de la violencia desde sus causas y por ello se deben de fortalecer las acciones de justicia social, afirmó el presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil en el Congreso del Estado, Wilfrido Lázaro Medina, en el marco del Día Mundial de los Refugiados que se conmemora este 20 de junio.
Señaló que estos casos son solo los que están registrados formalmente, pero seguramente han sido muchas más las familias que han tenido que dejar su hogar en busca de seguridad.
El diputado del PRI, precisó que datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estiman que en Michoacán han sido desplazadas a causa de la violencia y la presencia de grupos delincuenciales cerca de 791 personas, esto durante el periodo comprendido entre 2013 al 2015.
Estas personas, informó, eran principalmente de los municipios Aquila, Aguililla, Múgica, Apatzingán y Tepalcatepec, según el informe que Especial sobre desplazamiento forzado, entregado al Congreso del Estado, aunque el Legislador aseguró que deben de existir muchas más familias desplazadas de forma extraoficial por el tema de la inseguridad.
Michoacán recordó, ha sido una de las entidades que han sido más vulneradas y lastimadas por la delincuencia, pero esta historia debe ser atacada desde su causas y llamó a la sensibilidad de gobiernos municipales, del estado y ciudadanos, ante un escenario adverso en diversas partes del mundo, donde el desplazamiento de cientos de familias orilladas por diversas causas, como son los conflictos bélicos o la violencia, es una lamentable realidad que exige acciones conjuntas, para proteger a los niños y jóvenes de tanta violencia.
Wilfrido Lázaro Medina agregó que la grave crisis de personas desplazadas de sus países de origen a nivel mundial, demanda acciones conducentes de cada uno desde su trinchera, por un lado generar leyes que contribuyan a aminorar la difícil situación que enfrentan, y por otro evitar acciones discriminatorias y que en toda política pública se ponga en el centro, la dignidad de las personas.
