Proponen Plan de Responsabilidad Económica
Por Crispín Barrera Ponce
*Enfrentaría Problemática de México con 10 Puntos
Argonmexico / Al reconocer que México se encuentra en una situación difícil con la gestión económica del gobierno en estos últimos 4 años, la incertidumbre derivada de la elección presidencial de Estados Unidos y el nuevo entorno internacional, afirman senadores panistas que la debilidad crónica del Estado de derecho y la corrupción estructural han debilitado profundamente las expectativas y la confianza sobre la economía mexicana.
Aducen que ante tales circunstancias, obtener un beneficio político a partir de la crítica estéril, proponer soluciones de maquillaje o sólo testimoniales, contribuir a la confusión y encono de los ciudadanos es irresponsable y, en el largo plazo, contraproducente para la legitimidad de la política, de la pluralidad y de las instituciones democráticas.
“Son muchos los problemas que se tienen que resolver y uno de los más serios y apremiantes es mantener la credibilidad en la economía mexicana. Si perdemos el orden en las finanzas públicas estaremos muy cerca de una crisis de final de sexenio de las que creíamos que nunca más volverían. Un escenario con el tipo de cambio depreciándose sin control, incremento en los precios, altas tasas de interés y recesión económica es real y cada vez con mayor probabilidad de ocurrir.
“Nuestro país, en aras de mantener un gasto público cada vez mayor, ha recurrido al endeudamiento a un ritmo muy preocupante. En los últimos cuatro años, la deuda pasó del 34% del PIB a más del 50%. El servicio de la deuda crece de manera alarmante no sólo porque cada vez debemos más, sino también por el incremento en las tasas de interés y la depreciación del peso”.
Consideran que esto es insostenible y tiene que ser revertido. Para ello –refieren–, es necesario gastar menos que nuestros ingresos para dejar de recurrir al endeudamiento y empezar a pagar nuestros compromisos. Es necesario cumplir la meta de superávit primario establecido en el Paquete Económico para el 2017.
“Lamentablemente, hoy eso parece inalcanzable. Se presupuestaron ingresos recaudatorios asumiendo un crecimiento del 2.5%. Esta estimación de crecimiento es irreal. Hay que recalcular nuestros ingresos recaudatorios para el 2017 considerando que nuestra economía está cerca de una recesión económica. Esta disminución en la recaudación tributaria tiene que traducirse obligadamente en una disminución profunda del gasto. De lo contrario, la deuda será inmanejable.
“En el escenario que estamos viviendo, de sobrendeudamiento y con una recaudación menor a lo previsto, lo responsable es gastar menos. De no hacerlo, se confirmaran las sospechas de que nuestro país ha perdido el equilibrio en las finanzas públicas.
“Los mercados financieros lo saben y están atentos al manejo macroeconómico del país. De no emprender acciones para alcanzar un superávit primario, la calificación crediticia de nuestro país seguramente sufrirá otra disminución enviando señales de preocupación a los inversionistas globales deteriorando, aún más, las expectativas de nuestra economía.
“Proponer una simple reducción de impuestos o el retorno a subsidios regresivos y caros, sin realizar un análisis profundo y sin considerar las diversas implicaciones, podría darnos un resultado contraproducente, al grado no solo de generar un incremento aún mayor a los precios que pagamos los ciudadanos, sino además en un escenario más complicado de las finanzas públicas”.
Y plantean que la solución al problema es una reducción al gasto público, pero no para pagar menos impuestos, sino para dejar de endeudarnos. Esto es lo responsable. Esta reducción no debe darse en proporciones meramente simbólicas.
“El país debe eliminar fondos, programas, subsidios y burocracia ineficientes, que alientan la corrupción o que sólo sirven para alimentar clientelas. Debemos devolver al gasto público la función social de corregir desigualdades y su vocación económica de complementar y multiplicar la inversión.
“Proponemos, por tanto, una agenda seria, responsable, objetiva y asequible que comprometa a todos a ser parte de la solución, a través de 10 propuestas y acciones concretas que consideramos necesarias para enfrentar esta crisis que hoy tiene preocupada, molesta e indignada a la sociedad mexicana y que va mucho más allá del aumento a los combustibles”; y enlistan:
1. Reducir un 10% al gasto programable de la administración pública federal, con excepción de los rubros de salud, empresas productivas del estado y órganos reguladores coordinados. Los organismos autónomos y poderes de la unión también deberán ajustar su gasto en la misma proporción.
2. Disminuir al 50% al ramo de Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23 o “fondo moche”).
3. Reducir a la mitad el presupuesto a los partidos políticos durante las campañas electorales y eliminar el financiamiento para actividades ordinarias.
4. Reingeniería a la administración pública federal, en las siguientes dependencias:
a. Desaparición de Sedatu, Capufe, Procuraduría Agraria y Tribunales agrarios, las funciones y programas serán cubiertos por Sedesol, Conavi, SCT, y el Poder Judicial respectivamente.
b. Fusión de las secretarías de Economía, Turismo y Energía para formar la nueva Secretaría de Economía con un 50% del presupuesto total de las 3 juntas.
5. Destinar al pago de deuda la totalidad de los remanentes del Banco de México.
6. Crear una comisión especial en el Senado con los objetivos siguientes:
a. Análisis y seguimiento del gasto, con el propósito de que los recursos públicos se apliquen con la mayor austeridad y eficiencia.
b. Revisión de la evaluación de los programas sociales federales, estatales y municipales con el propósito de promover la Presupuestación Basada en Resultados. Esto permitirá eliminar duplicidades, revisar los programas que no están dando resultados y eliminar programas carentes de reglas de operación o con simples objetivos político electorales.
c. Seguimiento a la implementación de la Ley de Contabilidad Gubernamental, a las obras prioritarias de infraestructura y a las concesiones de Capufe.
7. Crear una comisión especial de investigación y seguimiento a las empresas productivas del Estado, en particular a las acciones tomadas por estas en preparación a la apertura energética.
8. La Comisión de Energía en el Senado revisará la estructura de costos de gasolinas, diesel y gas licuado de petróleo, así como de la aplicación de subsidios focalizados para control inflacionario al diésel agropecuario, diésel marino y al transporte de productos. Asimismo, evaluará el grado de avance y el plan a corto plazo para la disminución de brechas e ineficiencias de Pemex para el transporte y almacenamiento de combustibles.
9. Modificar el mecanismo mediante el cual se aprueba el presupuesto: por una parte, la Cámara de los Diputados no podrá “etiquetar” recursos y, por otra, separar en el tiempo la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Adicionalmente, aprobar las siguientes iniciativas:
a. Modificación constitucional para crear una Ley General de Responsabilidad Hacendaria, con el propósito de homologar en todo el país las reglas de presupuestación, asignación, ejercicio y evaluación de los recursos públicos y poner fin al uso irresponsable y corrupto en los estados y municipios.
b. Reforma al Código Penal y tipificar como delito el uso de recursos públicos fuera de programas sujetos a resultados.
c. Creación de la Ley de Salarios Máximos.
d. Modificación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para cerrar todos los espacios de discrecionalidad en la aplicación del presupuesto.
10. Todos los recursos resultantes de este plan, serán destinados en su totalidad a disminuir la deuda pública.