Mancera, Neoliberal ¿de Izquierda?
CDMX, Ciudad en Privatización
Argonmexico / Quién votaría por alguien así… El gobierno de “izquierda” que desde diciembre de 2012 encabeza en la CDMX Miguel Ángel Mancera (quien no desdeña su deseo de alcanzar una candidatura presidencial para el 2018), se ha visto marcado por una elocuente tendencia a privatizar sus servicios y controles en materia de multas y otros cobros por aplicar su Reglamento de Tránsito.
Aunque no hay claridad respecto a quién o quiénes están detrás de las empresas privadas que dan el servicio de grúas en la capital del país, es obvio que los operadores de esos vehículos de “arrastre” de automotores, no son empleados formales de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, a pesar de que casi siempre van acompañados de un agente de tránsito.
Bastaría observar con detenimiento el paso de las grúas en las vialidades de la CDMX, para cerciorarse de que circulan como verdaderos bandidos. Los ve pasar casi a paso lento, y en cuanto detectan un vehículo “mal estacionado”. Con tantito que pise las franjas blancas o amarillas al término del área de estacionamiento, enseguida, con veloz destreza lo enganchan y arrastran.
Y si el automotor se encuentra estacionado en sentido contrario al de la calle, aunque ésta sea de doble sentido; igualmente, la grúa los trepa de inmediato, y en segundos, el vehículo es conducido al corralón más cercano, o donde “haya lugar” para su “resguardo”. No importa que en este caso, el mismo Reglamento de Tránsito del DF determine que sólo se debe aplicar una multa al auto.
Respecto a la aplicación de los “inmovilizadores” (comúnmente conocidos como “arañas”), si el conductor no se dio cuenta que al cerrar la puerta de su automotor el comprobante de pago del parquímetro se volteó, esto es motivo de la inmovilización del vehículo; y por ende, de todos modos tiene que pagar la multa, para que le puedan retirar tan nefasto instrumento. Lo mismo le sucede si el auto abarca otro “lugar” de estacionamiento o si ocupa 20 ó 30 centímetros de otro “cajón”.
Peor aún, si por cuestiones de su trabajo, usted tuvo la necesidad de estacionar su automotor en una calle de las colonias Polanco o Anzures (del perímetro delegacional de Miguel Hidalgo), y pagó dos horas de parquímetro; pero solo se tardó una hora; y después se traslada a la colonia Minerva (en la Álvaro Obregón), lástima, debe volver a pagar por el mismo servicio, o le impondrán el inmovilizador. Es que, aducen, las operadoras son empresas distintas.
Mientras que si a usted (sea un visitante de otra entidad del país, o hasta extranjero con un auto rentado), se le ocurre detener ese medio de transporte en forma momentánea en alguna de las calles del Centro Histórico, para tomarse una selfie o tomar una foto del esplendor citadino; es decir, se detiene en una calle de las más de 20 manzanas que conforman dicha área, ni modo, de la nada surgirá una camioneta de la SSP-DF y sin decirle ni “agua va”, se bajarán con suma rapidez los cuatro elementos de tránsito y le impondrán hasta tres inmovilizadores para impedirle mover el automotor.
Y lo más grave de todo es que ni siquiera se puede saber que los casi 600 pesos que usted paga serán canalizados en realidad a mejorar las calles de la zona. Sí, porque las empresas privadas “concesionarias” del “servicio” pueden cobrar hasta más del 60 por ciento del cobro de tal multa. ¿Es esto privatizar a la Ciudad de México, o no?
Y si todo ello le agregamos que servicios de salud que se brindan a los capitalinos (credencial de elector en mano), sobre todo en estaciones del Metro, son ofrecidos por empresas privadas, cuyo costo es cubierto por el Gobierno de la Ciudad de México. ¿Es o no privatizar lo que debe otorgar el GCDMX?
Lo mismo está sucediendo con los medios de transporte como el Metrobús, con las líneas de pasajeros que antes tenía la desaparecida Ruta 100, y con las abusivas concesiones que se han otorgado para administrar la publicidad que se coloca en esos automotores, o en sus paraderos y en las estaciones del Metro.
Si bien, de cuando en cuando se difunde algún logro de cómo uniformados logran la captura de algunos delincuentes, gracias a la “valiosa” intervención del sistema de cámaras de videovigilancia que operan en la CDMX; si esto formara parte de una política de seguridad, no habría tantos robos.
Con todo, nada se dice de cómo los operadores de dichas cámaras de videovigilancia se dedican más a captar, registrar y señalar a los automotores que circulan sin el correspondiente holograma que comprueba que se cumplió con la verificación; o que no debe circular ese día, porque no le corresponde.
Tampoco nada se informa de que en cuanto una de esas cámaras registra tal hecho, el operador está obligado a informarlo enseguida a una oficina de la SSP-DF para que de ahí, se dé una orden inmediata a la patrulla o motociclista más cercano a las vialidades por donde circula ese automotor, para que procedan a detenerlo, y a tratar de remitirlo a uno de sus corralones. Aunque ellos no estén autorizados para hacerlo.
Por todo ello, en la Cámara de Diputados se instaló el mes pasado la Comisión de Investigación del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, con Operaciones y Contratos de Infraestructura y Servicios de Particulares; cuando los parquímetros han sido objeto de cientos quejas ciudadanas, muchas presentadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF (TCADF).
En los primeros tres años de la administración de Mancera Espinosa, la operación de esos aparatos generó al menos 342 juicios de nulidad, cuyos demandantes buscaban se cancelaran las sanciones por el uso de las “arañas”.
Y es que durante diciembre de 2012 se presentaron cuatro juicios; pero para el 2013 ascendieron a 107; en 2014, sumaron 77. Respecto a los últimos meses, el propio TCADF admitió que en 2015 se registraron 148 de esos recursos (92% más respecto a 2014); y para el primer bimestre del 2016 ya eran 46; es decir, durante enero y febrero del año pasado ya se había recibido una tercera parte de los juicios de nulidad presentados en 2015.
Vale anotar que en torno a las denuncias interpuestas, 90 por ciento de los fallos favorecieron a los ciudadanos; y que la mayoría de tales recursos jurídico-administrativos se emprendieron para lograr se anularan las sanciones por la colocación de candados inmovilizadores. No doctor Mancera, usted no puede seguir suponiendo que los capitalinos desconocen esos abusos…