Comisión Permanente, Caja de Resonancia Electoral
Prepara SHIF Fobaproa por Sofoles; PT y PRI
Este miércoles, durante la sesión de la Comisión Permanente, los señalamientos estuvieron a la orden del día. De panistas respecto a los abusos contra candidatos y militantes de su partido en Yucatán; de perredistas por el extraño lote de 40 tsuritos del año regalados al PRI de Zacatecas; y de priístas que acusaron la continuación de spots promocionales del gobierno federal en radio y tv en los 15 estados del país donde habrá elecciones.
Así como la continua presencia de funcionarios federales en entidades como Oaxaca, a localidades donde han acudido horas antes del arribo de Gabino Cué, candidato al gobierno oaxaqueño por la alianza opositora que integran PAN-PRD-Convergencia, para repartir entre beneficiarios cheques de Oportunidades y más…
Pero entre todos, el caso que más tiempo ocupó en la prolongada sesión de la vieja casona de Xicoténcatl fue el relativo a los automóviles nuevos “asegurados” por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.
De acuerdo al reporte oficial autoridades de la PGJEZ detectaron una bodega donde se almacenaba una gran cantidad de vehículos nuevos, supuestamente otorgados por el gobierno de Nuevo León, para apoyar la campaña política del PRI.
La Procuraduría expuso: al acudir a la calzada Luis Moya número 519, el señor Hugo Díaz Soto, quien señaló ser el propietario del inmueble, afirmó que “han llegado 40 vehículos nuevos desde hace 15 días por parte del gobierno de Nuevo León en apoyo al candidato a la gubernatura por el PRI, Miguel Alonso Reyes”.
En dicha bodega fueron localizados 14 vehículos marca Nissan, línea Tsuru, sin placas, que portaban un permiso provisional de circulación, emitido en el estado de Nuevo León. Por ello, se inició una averiguación previa, y aseguraron los vehículos “para verificar si están o no en el reporte de autos robados”.
De su lado, la dirigencia estatal tricolor acudió ante la Procuraduría a denunciar el robo de dichas unidades automotrices que eran resguardadas en la bodega mencionada, para ser utilizadas en el proceso electoral.
Sostuvo que en efecto, los vehículos provienen de la agencia automotriz Galerías Gonzalitos, que se las otorgó en comodato, y mostró los permisos y facturas de los mismos; al negar tajante que esos automóviles provengan del gobierno de Nuevo León para apoyar las campañas políticas de los candidatos del tricolor.
Asimismo, lamentó que la Procuraduría de Justicia del estado se haya prestado a este tipo de maniobras con propósitos electorales, al advertir que por estos hechos también presentarán una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Igualmente, el gobierno de Nuevo León rechazó ser el propietario de los vehículos asegurados en Zacatecas. “El gobierno de Nuevo León rechaza categóricamente ser el propietario de los vehículos que fueron localizados en esa entidad este martes 11 de mayo de 2010”, señala en escueto comunicado.
“También se descarta cualquier participación en las actividades de organismos políticos, tanto en Nuevo León como en otras entidades federativas”; para anotar que el gobierno neoleonés está dispuesto a que la Procuraduría de Justicia de esa entidad colabore con la de Zacatecas y de manera conjunta revisen si hay reportes de robo de esos vehículos.
Con todo, cuando el senador priísta Francisco Castro Trenti subió a la tribuna parlamentaria para acusar el nepotismo rampante que priva en el gobierno de Zacatecas, que encabeza la perredista Amalia García Medina, desde su escaño, una senadora del PRD le increpó a dejar las mentiras y demostrar que en esa entidad existe un gobierno de familiares de la mandataria estatal.
Y aunque nadie dijo nada, surgieron algunas leves sonrisas entre los legisladores de las distintas fracciones, y es que la reclamante fue la senadora Claudia Corichi, quien es hija precisamente de la gobernadora. Lo dicho, en todos los partidos se cuecen habas. Sí, el poder los hace iguales…
En puerta, un Fobaproa para Sofoles… Luego que diputados y senadores de PT y PRI coincidieron en exigir se investigue a la Sociedad Hipotecaria Federal, porque ha inyectado 76 mil millones de pesos para “salvar” a sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles) y sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes), pero no podrá impedir la aplicación de un Fobaproa.
Ante ello, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para que comparezcan el titular de la Sociedad Hipotecaria Federal (Shif), Javier Gavito; el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), Guillermo Babatz y el jefe de la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Zamarripa.
Según especialistas, la inyección de recursos federales involucrados en el “salvamento de las Sofoles” asciende a 76 mil millones de pesos. Lo más grave radica en que ante la posible complicación del entorno financiero por los sucesos en Europa: Grecia, España y Portugal, los efectos de la salvación sólo permitirán posponer un Fobaproa.
El diputado del PT, Mario Di Costanzo, argumentó que todavía está fresco “el recuerdo del Fobaproa, y que, precisamente tuvo como una de sus etapas más graves, los errores de diagnóstico en cuanto al verdadero fondo del problema”.
El coordinador del mismo partido en el Senado, Ricardo Monreal, se dijo preocupado porque nuevamente los beneficiarios de estos apoyos a las Sofoles y a las Sofomes, son las constructoras de vivienda y no los miles de deudores que enfrentan problemas de cartera vencida, quienes deberían ser involucrados en cualquier programa de ayuda o rescate.
Ante ello, el diputado priísta David Penchyna se sumó a la propuesta en apoyo del punto de acuerdo, al recordar que los mexicanos ya vivieron el rescate bancario llamado Fobaproa, y pese a que se dice que no hay costo fiscal, parece que olvidan que los recursos de la Sociedad Hipotecaria Federal son recursos del pueblo de México.
“Por ello, no queremos sorpresas de que en próximos presupuestos o en la próxima Ley de Ingresos aparezca un apartado, para rescatar intereses particulares poco transparentes y discrecionalmente otorgados”. Lo peor de todo es que en casos como este, el peor puerco, siempre se lleva la mejor mazorca…
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