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Injustificable La Asignación  Del 3.5% Del  PEF Al Instituto Nacional  De Los Pueblos

*Por Raymundo García  CORRESPONSAL

Argonmexico/El legislador solicitó se dé garantías de atención a la población con obras de infraestructura ante los desastres naturales, lamentó que a finales de 2019 aún  haya víctimas de los sismos de 2017

El diputado del GPPRD, Raymundo García Gutiérrez exigió al Gobierno Federal  certeza para todas las dependencias públicas y programas para el ejercicio presupuestal de 2020, detalló que el buen ejercicio del presupuesto federal no solo exige que se conozcan las reglas con las que se debe operar, sino también que se precisen y se cumplan  los tiempos para disponer de los recursos.

Al presentar reservas al dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, en los artículos 9, 10, 27 y 74 manifestó que los gobiernos municipales y estatales en la presente administración han experimentado los contratiempos implicados en la falta de certeza en las fechas para disponer de los recursos públicos autorizados, lo que se traduce en retrasos en la ejecución de obras y programas, e incumplimiento con los proveedores y beneficiarios.

Por ello solicitó dar certeza sobre la disponibilidad de los recursos, por lo que el GPPRD propuso fijar el 31 de enero de 2020 como la fecha límite para que,  se emitan las disposiciones para aplicar los recursos públicos, según la propuesta siguiente de cambio al artículo 9 del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2020.

El legislador lamentó que a finales de 2019 aún  haya víctimas de los sismos de 2017 que siguen esperando que se cumpla con la promesa del Gobierno para recuperar sus viviendas, por lo que solicitó se de garantías de atención a la población con obras de infraestructura ante los desastres naturales.

Ante ello el legislador propuso que en el presente ejercicio fiscal no se comprometerán nuevos proyectos de inversión en infraestructura con excepción de aquellos que sean necesarios en caso de desastre natural conforme al artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado federal por el estado de Guerrero, consideró injustificable que en el PEF se haya designado un ínfimo 3.5% del monto total del Anexo 10, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, lo que equivale a 4 mil millones pesos, para una población de 25 millones de ciudadanos indígenas, que representan el 21% de la población total del país.

Indicó que el reto mayor sigue siendo el sureste del país, en la cual se encuentran las entidades con mayor porcentaje de población en situación de pobreza, donde está asentada la mayor población indígena del país: Chiapas con el 77%, Guerrero con el 68% y Oaxaca con el 61.8%; con los porcentajes más altos de pobreza.

El legislador solicitó rectificar el presupuesto asignado a Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se considere que para combatir la pobreza, el rezago y la marginación y, al mismo tiempo, propiciar el desarrollo de pueblos y comunidades indígenas se requieren inversiones cuantiosas en todos los rubros, tanto en apoyos directos como en infraestructura que permita combatir las condiciones de marginación.