Fundamental, Revisar Ley General de Víctimas para dar Respuesta Urgente a Afectados
Por Jaime Arizmendi
*Sólo 13 estados han armonizado su legislación.
Argonmexico / En el Encuentro Nacional de Comisiones Ejecutivas e Instancias Estatales de Atención a Víctimas, la senadora Kenia López Rabadán y representantes del Gobierno Federal, coincidieron en la necesidad de revisar la legislación vigente y construir acuerdos con los estados para resarcir el rezago institucional en la materia.
López Rabadán urgió la necesidad de modificar la Ley General de Víctimas y otorgar mayores recursos para atender este problema, dado que “es urgente dar respuesta a los afectados”.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos señaló que disminuyó 20 por ciento el presupuesto para la atención de los derechos humanos y 13 por ciento para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). “Es algo que se debe repensar y hacemos un llamado a quienes toman decisiones”.
Además, dijo, existe la obligación de revisar y analizar la Ley General de Víctimas para ver lo que ha funcionado y lo que no, para perfeccionarla; y solicitar de nuevo a los gobernadores y Congresos locales que no han establecido su respectiva comisión a que lo hagan conforme a la ley.
Finalmente, destacó que es la primera vez que se hace en el Senado este tipo de encuentro, donde resalta la sinergia entre el Ejecutivo y el Legislativo para entender qué es lo que se debe corregir y mejorar en la legislación actual.
El Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón, advirtió que existe un rezago en la implementación de la Ley General de Víctimas y que únicamente 13 entidades han armonizado su legislación.
La situación de la Comisión Ejecutiva Federal, señaló, tampoco es la idónea. Continuamente enfrenta retos operativos para la atención integral de las más de 25 mil víctimas que se encuentran en el registro federal.
Nuestras capacidades operativas, continuó, se ven desafiadas ante la magnitud y la naturaleza de los fenómenos de victimización por los que atraviesa el país, “a los cuales se hace frente con recursos limitados, pero convicción irrestricta”.
Ante ese escenario, presentó una reforma a la Ley General de Víctimas, elaborada por la Comisión Ejecutiva y diversas organizaciones sociales. La propuesta prioriza los delitos y violaciones a derechos humanos, cometidos en un contexto de crisis humanitaria y crímenes atroces.
También flexibiliza los aspectos para profundizar la atención que requieren las víctimas, sobre todo en materia de salud; así como asegurar un fortalecimiento institucional mediante el uso eficiente y transparente de los recursos.
Posteriormente, exhortó a las entidades federativas para que armonicen su legislación e instalen sus comisiones estatales de atención a víctimas. “La pacificación del país sólo será posible si el Estado mexicano salda su deuda con las víctimas. Atendiéndolas y reparando sus heridas, es como este país podrá escribir una nueva historia”, puntualizó.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que se debe asumir que a seis años de la aprobación de la Ley General de Victimas, “lamentablemente no se ha implementado”. No es un asunto solamente de falta de legislación o recursos, sino de visión y voluntad política en todos los órdenes de gobierno.
Más de la tercera parte del país no tiene comisiones estatales de atención a víctimas y en varios estados no se ha armonizado la legislación. Tenemos que asumir que las cosas no están bien y que debemos construir un sistema que proporcione de manera integral la atención.
Aseguró que es necesario ir a los estados y realizar un trabajo de construcción institucional, porque por muy buena o difícil que haya sido la construcción de una ley, si no se encuentra la voluntad política para su implementación “seguiremos en un proceso de simulación para atender a las víctimas”.
En la Secretaría de Gobernación asumiremos cabalmente esta encomienda. Hagamos un esfuerzo por ir más allá de la sola revisión de la ley para armonizar las tareas en los estados, la creación de los sistemas de atención a víctimas y vencer inercias o resistencias que minimizan estos problemas.