Política al Margen - Jaime Arizmendi

Buscarán 28 Senadores una de las 11 Gubernaturas en Juego al 2010

margen*Pide TEPJF Definir Causales de Nulidad para Elección Presidencial

argonmexico.com / ¡Viva Aguascalientes´n!… Inquirido por éste reportero respecto a si competirá por la candidatura a gobernador de Aguascalientes, el senador panista Rubén Camarillo Ortega resuelve: “lo estamos estudiando… más adelante lo haremos público”.

 

Y apenas termina de decirlo cuando del salón de plenos de la vieja casona de Xicoténcatl sale el priista Carlos lozano de la Torre y, al tiempo de señalar al senador su coterráneo, exclama mirando al periodista: pero él también (“también”) irá por la gubernatura.

Sin cesar el paso, el legislador del PRI contesta al reportero: Sí, iremos juntos, pero por distintos caminos… ¡muy distintos!…

Vale subrayar que con ellos suman 28 los senadores que aparecen enlistados para contender en el 2010 por la candidatura de su partido a gobernador. Hasta este jueves son 11 los estados donde habrá elección de mandatario estatal: Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, Durango, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Sin embargo, siguen pendientes de una resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación los casos de Baja California Sur, Guerrero y Quintana Roo, cuyos congresos locales determinaron adelantar la elección de mandatario estatal al 2010, cuando debería ocurrir hasta el 2011, pero hubo quienes se opusieron y lo llevaron a juicio.

Además de los senadores de Aguascalientes Rubén Camarillo (PAN) y Carlos Lozano (PRI), en la lucha por la nominación están también otros. Por Chihuahua van los tres panistas: Teresa Ortuño, Gustavo Madero y Ramón Galindo. Por Hidalgo, marcha solo el perredista José Guadarrama Márquez.

Durango tiene en vilo a sus tres senadores: los panistas Rodolfo Dorador Pérez Gavilán y Andrés Galván Rivas, con el priista Ricardo Flores Pacheco. Por Oaxaca van Adolfo Toledo Infanzón (PRI), Salomón Jara Cruz (PRD) y el escabullido Gabino Cué Monteagudo (Convergencia).

En busca de sacar del gobierno de Puebla al acusado de proteger pederastas, Mario Marín Torres, van los panistas Rafael Moreno Valle Rosas y Humberto Aguilar Coronado. A su natal Sinaloa van Mario López Velarde (PRI) y María Serrano (PAN), aunque se sabe que el priista va en caballo de hacienda.

Por Tamaulipas velan armas los blanquiazules Lázara Nelly González Aguilar y José Julián Sacramento, frente a la priista Amira Gómez Tueme. Para Tlaxcala, se disponen a lanzarse con todo la perredista Minerva Hernández Ramos y la panista Rosalía Peredo Aguilar.

Con la firme intensión de relevar en Veracruz al continuo ganador de la lotería, el priista Fidel Herrera Beltrán, hacen su tarea el panista Juan Bueno torio y el perredista Arturo Herviz Reyes. Y para Zacatecas, aparte de José Isabel Trejo Reyes (PAN), se anotan los tres senadores del sol azteca: Claudia Corichi García, Tomás Torres Mercado y Antonio Mejía Haro. Aunque la primera es fácilmente descartable si se considera que es hija de Amalia García, actual gobernadora de esa entidad. Y, ¡Como veo doy!…

Hay maderas que no agarran el barniz En medio de la vorágine que todavía este jueves mantuvo divididos a legisladores por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, con denuncias y rechazos de que gobernadores priistas usarán a sus anchas los programas sociales que se pagan con recursos federales; aparecen otras declaraciones relativas al futuro proceso comicial presidencial. Mientras el Tribunal Electoral pide poner en claro las causales de nulidad de la elección, el IFE considera se debe mantener el marco regulador vigente.

Previo a la plenaria senatorial, que incluso tuvo que iniciar con casi dos horas de retraso, los senadores del PRI se reunieron a puerta cerrada con diputados de ese mismo partido que tuvieron a su cargo la concreción del PEF 2010. Entre ellos, sobresalen: el chilango Sebastián Lerdo de Tejada y el mexiquense Luis Videgaray Caso, secretario y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja, respectivamente.

En rueda de prensa ofrecida al término del encuentro, se rechazó que el presupuesto final beneficiará en mayor medida a las entidades gobernadas por el tricolor. Las obras –repuso Videgaray, hasta hace unos meses secretario de Finanzas del gobierno del Estado de México–, se realizarán en todo el país.

Respecto a las obras en materia carretera, aclararon que será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (de la Federación) la que ejercerá el gasto, con lo cual se crearán muchos de los empleos que requiere el país.

Lerdo de Tejada expuso que los recursos federales ejercidos en los estados y municipios del país seguirán siendo auditados por el Congreso de la Unión; y que las 196 reformas aplicadas al proyecto original del paquete económico fueron aprobadas por diputados de todas las fuerzas políticas representadas en San Lázaro, incluido César Nava, presidente nacional del PAN.

En tanto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanis Figueroa, puso una voz de alerta al llamar a que en la próxima reforma electoral se dejen claras las causales de nulidad de una elección, sobre todo en el caso de la contienda presidencial.

Al participar en la clausura del Congreso Democracia, Participación Ciudadana y Justicia Electoral realizado por el Instituto Electoral del DF, la magistrada consideró a las causales de nulidad como tema pendiente en la agenda de las reformas electorales. Aparte de que no existe un catálogo de sanciones para servidores públicos que violen la legislación.

Por su parte, el presidente consejero del IFE, Leonardo Valdés Zurita, considera “prudente” mantener el mismo modelo electoral para los comicios presidenciales de 2012; sobre todo a partir de que las grandes reformas electorales —según él–, se realizan “antes de las elecciones intermedias”.

Con todo, vale anotar que la última reforma electoral facultó a la Sala Superior del TEPJF para anular una elección presidencial; aunque no hubo reforma expresa que dé congruencia a esta competencia en la Constitución con los casos o las situaciones que pudieran llevar a esa decisión al tribunal.

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