Pederastas Religiosos, Parecían una Gripita; Obispo Vera

logo-politicaalmargen*Sin Policías Garantes de Seguridad, Ejército Fuera de Cuarteles

argonmexico.com / El Hábito no hace al Monje… En el marco de una cumbre Jerarquía Católica-Políticos mexicanos, el tema de la pederastia fue abordado de manera autocrítica por el Obispo de Saltillo, Raúl Vera, al admitir que a la Iglesia Católica “le faltó profundidad” para advertir los casos de abusos sexuales sufridos por menores de parte de religiosos, porque suponía que el fenómeno era “una gripita..”

Previo al encuentro convocado para celebrar el Quinto Aniversario de la Proclamación del Papa Benedicto XVI, el obispo saltillense sostuvo que cuando se hicieron las denuncias, hubo una manera “muy superficial de ver las cosas. En un momento dado, creímos que el sacerdote que tenía ese problema tenía una gripita, y a lo mejor se le iba a quitar”.
Durante la reunión a puerta cerrada que congregó más de 120 obispos y cardenales de la Conferencia del Episcopado Mexicano, asistieron además: Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular del presidente Felipe Calderón; titular de la SEP, Alonso Lujambio; y la coordinadora de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Josefina Vásquez Mota.
También asistieron los gobernadores: Juan Manuel Oliva, de Guanajuato; Marco Antonio Adame, de Morelos; y Juan Sabines, de Chiapas, en cuyo marco la diputada Vásquez Mota pintó su raya en torno a la figura del fundador de los Legionarios de Cristo, el extinto Marcial Maciel a quien calificó como “delincuente!”.
De su lado y por primera vez, El Vaticano puso en claro este lunes que líderes católicos deben reportar a la policía los casos de abusos sexuales cometidos por clérigos, tras acusaciones de encubrimiento durante años. Víctimas acusan que la iglesia católica encubre tales delitos al no difundir los abusos, ni reportarlos ante las autoridades civiles.
La Santa Sede insiste que la denuncia ha sido la política de la Iglesia católica desde hace mucho tiempo, pero una nueva guía para los lectores laicos difundida el lunes en su cibersitio, indica por primera vez una nueva política respecto a informar de los abusos a las autoridades encargadas de la procuración de justicia.
Una de las pautas indica: “Siempre deberán acatarse las leyes civiles, cuando se trate de informar de delitos a las autoridades apropiadas”. Las demás pautas siguen los procedimientos conocidos y públicos, para manejar las investigaciones canónicas y los juicios de presuntos abusadores.
Incluso para el abogado del Vaticano en Estados Unidos, Jeffrey Lena, no hay nada en la ley canónica que lleve a la iglesia a impedir se reporten los casos. Sostiene que dicha legislación no impide denunciar abusos ante las autoridades civiles.
Así es, ninguno de los principales documentos públicos del Vaticano que se aplican en las denuncias de abuso sexual, obligan a los obispos a reportarlos ante la policía. El entendimiento implícito sobre la necesidad de seguir las leyes civiles es tan reciente como 1965, cuando se emitió la Constitución Pastoral Gaudem et Spes, en el Segundo Concilio Vaticano.
Pese a todo, vale recordar que los obispos estadounidenses lograron un acuerdo con El Vaticano, que asumieron como su política, tras enfrentar un escándalo por casos de abusos sexuales en 2002.
Más aún, el sábado pasado, El Vaticano defendió a Benedicto XVI ante acusaciones de que, en un cargo previo como alto funcionario de la Santa Sede, intentó impedir la expulsión de un sacerdote de California que se declaró culpable de abusar de menores.
Mediante una carta de 1985, escrita en latín y traducida para Associated Press, el entonces cardenal Joseph Ratzinger dijo al obispo de Oakland que necesitaba tiempo “para considerar el bien de la Iglesia universal”, mientras revisaba una solicitud para apartar del sacerdocio al cura.
Jeffrey Lena dijo que no podía confirmar la autenticidad de la carta, pero indicó que parecía ser “una forma de misiva típicamente enviada respecto a casos de secularización”, cuando a los religiosos se les pide dejar el sacerdocio.
En su intervención, el subdirector de la oficina de prensa del Vaticano, Ciro Benedettini, arguye que “el entonces cardenal Ratzinger no ocultó el caso, sino, como se deduce claramente de la misiva, hizo presente la necesidad de estudiarlo con mayor atención”. Y niega que la carta reflejara que el entonces cardenal “se resistiera a solicitudes de un obispo de apartar a un sacerdote. Podría haber en ello un exceso y una precipitación al juzgar”.
Por su parte, Jeff Anderson, abogado de las víctimas denunciantes, dijo que esos documentos “demuestran que el cardenal Ratzinger no sólo postergó la remoción de ese sacerdote, sino que escogió proteger la reputación de la Iglesia por sobre el bienestar de los niños”. Pese a todo, A cada capillita, le llega su fiestecita…

Más vale paso que dure, y no trote que canse… La reunión de cuatro horas celebrada la tarde del lunes entre el Gabinete de Seguridad, la Junta de Coordinación Política del Senado y la Comisión Bicamaral sirvió para analizar dos temas centrales: la muerte de civiles durante el fuego cruzado del Ejército y los sicarios; así como la agenda de reformas que analizan comisiones senatoriales para regular la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.
De acuerdo a la información oficial, el senador panista Santiago Creel reconoció la total apertura de los funcionarios, para revisar la figura del fuero militar, siempre y cuando no se vulnere la disciplina castrense, ni se relaje la cadena jerárquica de las fuerzas armadas con las modificaciones en puerta.
Los senadores expusieron a los mandos de la seguridad nacional sus propuestas de reformas en la materia, con que pretenden abrir la posibilidad de que los militares sean juzgados por tribunales civiles, cuando éstos violen las garantías individuales y los derechos humanos.
Coinciden que la participación del Ejército contra el narcotráfico debe ser una decisión acotada y temporal; no obstante, el Gabinete de Seguridad advierte a su vez que, en tanto no haya un modelo policiaco que garantice la seguridad el país, las Fuerzas Armadas deben permanecer fuera de los cuarteles, hasta por cinco años.
Al encuentro privado con los legisladores acudieron: el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; el de la Defensa Nacional, Guillermo Galván; el de Marina, Francisco Saynez; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna; y el procurador General de la República, Arturo Chávez.

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