Disidentes Mineros Acercan la Guillotina a Napito
*Indagan SFP y PGR Malos Manejos en Pemex
argonmexico.com / Ese Napo, acabó en un sexenio lo que su padre hizo en cuatro décadas… Al anunciar su decisión de integrar un bloque único opositor a Napoleón Gómez Urrutia, no sólo para destituirlo del liderazgo sindical que ya casi nadie le reconoce, ni los mineros ni el gobierno; sino hasta para refundirlo en la cárcel con todo y sus esbirros; la creciente disidencia se dispone a colocar en la guillotina la cabeza del evadido y acabar con su prolongada trayectoria de singular teleconferenciante.
El jueves pasado representantes de más de 20 mil trabajadores de 30 secciones del sindicato minero que integran unos 44 mil sindicalizados, acordaron crear un frente común para democratizar y “recuperar” a esa organización, con el claro objetivo de destituir a “Napito” Gómez Urrutia, recuperar los 55 millones de dólares de un fideicomiso y lograr que el “exdirigente” sea consignado por desviación de recursos.
Los representantes del Frente de Renovación Nacional del Sindicato Minero (FRNSM), que encabeza el exsecretario de Asuntos Políticos, Carlos Pavón, junto con la Alianza Minera Nacional (Amina), que comanda Héctor Jiménez, se proponen celebrar una Convención Nacional para renovar completamente al Comité Ejecutivo del sindicato minero.
Durante un desayuno-rueda de prensa, donde ambos gremios disidentes del napismo oficializaron su alianza, se destacó que el objetivo es demostrar que el sindicato no puede ser objeto de herencia, por lo que echarán fuera al reducido grupo que encabeza Gómez Urrutia a quien acusan de haberse enriquecido, al igual que su familia, “a costa de los mineros”.
Carlos Pavón reitera su reclamo de que a “Napito se le procese por las acciones fraudulentas que cometió”, y hasta reconoce que los logros alcanzados por Napoleón Gómez Sada en 40 años de liderazgo, su hijo “Napito”, se los ha acabado en seis años.
En el encuentro con los medios que por momentos parecía más un acto sindical, por los incesantes aplausos de los mineros asistentes, los oradores insistieron en impulsar la realización de una Convención Nacional Extraordinaria para efectuar una “limpia de gente que le ha hecho daño al sindicato”, es decir, seguidores de Napo.
Para ello, dicen tener el firme respaldo de más de 20 mil de los 44 mil sindicalizados, lo cual significa que ellos cuentan con cerca de la mitad de la base trabajadora. Reportes oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, indican que el sindicato minero tiene menos de 44 mil afiliados.
Los disidentes afirman que a partir del 1 de junio, más de la mitad del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato minero dejarán de tener Toma de Nota; o sea, ocho de las 16 carteras quedarán vacantes, por lo que será necesaria su renovación. Subrayan no avalar los acuerdos adoptados por la convención napista de hace dos semanas ya que Napito las encabezó de manera virtual, lo hizo desde Canadá. Dios no da alas a los alacranes, pero ¿los deja llegar a una dirigencia sindical?…
Cae en Pemex un pez mediano, siguen los gordos… A casi tres semanas de que el Senado de la República advirtiera que pondría su lupa en la situación económico-financiera de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la dirección general de la paraestatal destaparon este domingo una cloaca de corrupción en Pemex y denunciaron penalmente a María Karen Miyasaki Hara, subdirectora comercial quien se presume defraudó a la empresa con por lo menos más de 13 millones de dólares.
El priísta Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República había informado apenas el 4 de mayo que los cuatro consejeros independientes del Consejo de Administración de Pemex, acudirían ante los senadores por primera vez, para presentar un balance de la aplicación de la reforma petrolera, y monitorear a fondo la situación de la paraestatal.
Pero Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública se adelantó a esa proyectada reunión, al denunciar que entre agosto y diciembre de 2008 Karen Miyasaki protagonizó cuatro operaciones “fraudulentas” en la compraventa de cargamentos de diesel de ultrabajo azufre a nombre de Destilados Intermedios de PMI Comercio Internacional, filial de Pemex.
Conforme al objetivo central de abastecer a Pemex Refinación de ese combustible, en el puerto japonés de Chiba, la funcionaria compró a la empresa Idemitsu Kosan Company un cargamento de casi 330 mil barriles de dicho diesel, cuyo costo fue de 27 millones 694 mil dólares; pero sin haber salido de la terminal portuaria la “servidora pública” lo vendió, el combustible, a la empresa Blue Oil Trading en poco más de 28 millones de dólares.
Días después, con el buque tanque en ruta a Rosarito, Baja California donde hay instalaciones de Pemex Refinación, Miyasaki volvió a comprar el mismo cargamento a Blue Oil Trading en más de 34 millones de dólares. Es decir, pagó 4 millones 300 mil dólares sin razón alguna, para luego revenderlo a la misma paraestatal.
La denuncia fue presentada por Vega Casillas durante una rueda de prensa conjunta con el visitador general de le Procuraduría General de la República, César Chávez Flores; dodne además se reveló que el esposo de la ahora funcionaria en capilla, Max Miles Beckett, podría estar involucrado en las operaciones al aparecer como socio y director de Blue Trading S.R.L. de C.V., empresa filial de Blue Oil Trading, a la cual Miyasaki le vendió y compró el diesel.
Peor aún, la SFP detectó también que entre agosto y diciembre de 2008 hubo otros cuatro cargamentos con operaciones similares, que provocaron un perjuicio patrimonial superior a los cuatro millones de dólares, porque la paraestatal dejó de percibir ese monto en utilidades por la venta del combustible.
El reportero supo que se han abierto otras investigaciones para determinar si hubo más transacciones indebidas. En tanto, tras una investigación patrimonial a la exfuncionaria, se advierte que tiene cuentas bancarias no declaradas por unos 16 millones de pesos, nada acordes a sus ingresos formales.
María Karen Miyasaki ya fue notificada de las investigaciones, y fue separada de su cargo, hasta la conclusión de las indagatorias, bajo el probable delito de enriquecimiento público y el de administración fraudulenta; y, aunque ninguno de los dos es delito grave, por el primero la exfuncionaria podría recibir hasta 12 años de prisión y la obligación de reparar el daño. Por el segundo la pena ascendería a 14 años de cárcel y el decomiso de los bienes. Sí señores del servicio público, Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar… y [email protected]
