Senado Aprueba Extinción de Dominio; Avala Reforma del GPPRD

Por Jaime Arizmendi

*GPPRD logró incluir delitos de Huachicol y que inmuebles incautados a la delincuencia generen pronto beneficios para la ciudadanía

*Cuando se aseguran se genera una obligación para la autoridad que debe mantenerlos durante el tiempo que dure el juicio, “eso ya no debe suceder, se deben tener instrumentos para monetizarlos”, señala el coordinador parlamentario Miguel Ángel Mancera Espinosa

*El GPPRD logró que se considere la urgencia de hacer más efectiva esta herramienta jurídica; si opera dicha figura en la Fiscalía General, habrá una ventaja sustancial

Argonmexico / En medio de la discusión para aprobar el dictamen para reformar la Constitución en materia de extinción de dominio, el Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) insistió y logró que el Senado de la República aprobara una adición para garantizar que esta medida en contra de la delincuencia organizada no resulte más cara para los gobiernos, en comparación al beneficio que pueden obtener derivado de su aplicación en las entidades del país. 

Durante la sesión del jueves y que se extendió hasta los primeros minutos de este viernes, el coordinador parlamentario Miguel Ángel Mancera Espinosa, a nombre de su fracción, destacó la urgencia de hacer más efectiva la herramienta de la extinción de dominio.

Tras haberse aprobado el dictamen en lo general, el legislador presentó en tribuna una reserva al Artículo 22 de la Constitución, a fin de adicionar un párrafo tercero en el cual la ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios.

Lo anterior, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y en su caso, la destrucción de los mismos.

Dicha reserva del GPPRD –integrado por la senadora Leonor Noyola Cervantes, el vicecoordinador Juan Zepeda Hernández y los legisladores Antonio García Conejo y Juan Manuel Fócil Pérez— fue aprobada en el Pleno de la Cámara Alta, adición que se sumó a la propuesta que también hizo la fracción –y que también fue aprobada en comisiones— a fin de que se incorporaran los delitos de encubrimiento, los cometidos por servidores públicos y en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos –conocidos como “huachicol”— como tipos penales desde la Carta Magna.

No obstante este avance, Miguel Ángel Mancera Espinosa defendió en el Pleno la necesidad de incluir en el dictamen que se analizó la incorporación de dicho párrafo en torno a la administración de los bienes.

Hacerlo resulta imperioso porque –explicó— cuando se aseguran los bienes por extinción de dominio, “viene una obligación para la autoridad, de administrar, mantener, dar vigilancia, es decir, de realizar una serie de erogaciones para mantener ese bien durante todo el tiempo que dure el juicio”.

Resaltó que tan solo el costo anual de vigilancia de 93 inmuebles que están hoy en responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México por extinción de dominio, se gastan hasta 53 millones de pesos, solamente por vigilancia, aparte el mantenimiento y otros gastos, “imagínense lo que es para la materia federal, para la PGR; por eso es que ésta no tiene tantos asuntos de extinción de dominio, porque les cuesta carísimo y entonces, los tienen bajo la figura del aseguramiento para decomiso, pero lo que gastan en mantener esos bienes es muy superior de lo que después puedes obtener por ellos o de lo que realmente se está menguando”.

“En la Ciudad de México –ejemplificó— uno de los primeros casos que tuvimos fue un asunto de trata, se aseguró el bien inmueble y nos llevó poco más o menos cuatro años el juicio. Durante todo ese tiempo hubo que pagar vigilancia, pagar mantenimiento, una serie de erogaciones”.

El senador mencionó que otro ejemplo recurrente es cuando se aseguran vehículos, dado que la autoridad tiene que disponer de un terreno para tener “cascarones” de coches y hay que mantener tanto el espacio como a los vehículos –cuando menos en un estado de conservación aceptable— por lo que resulte en el juicio.

“Eso ya no debe suceder, la autoridad debe tener los instrumentos para monetizar, y en caso de perder el juicio, pagas, se indemniza, se restablece el patrimonio, pero la autoridad no tiene toda esta carga, perjuicio y menoscabo económico que al final sale más caro”.

Imaginen –dijo— el aseguramiento de un avión a narcotraficantes, “con el procedimiento que tenemos hoy, el SAE tendría que mantener ese avión, pagar todas las licencias y mantener operativo el avión sin poder disponer de él en ningún momento, cuando menos durante tres o cuatro años, con esta figura operaría de manera diferente”.

“Por eso es que necesitamos ser efectivos en la extinción de dominio, el paso que sigue y que éste por ejemplo, ya lo dio Colombia, es que no te cueste más caro tener un buen número de juicios porque si opera como estoy seguro que puede operar esta figura de extinción de dominio en la Fiscalía General, va a haber una ventaja sustancial”.

Tiene que venir desde la Constitución, “establecemos un procedimiento autónomo, jurisdiccional que se va por cuerda separada; démosle a las autoridades las herramientas porque si no después entre Ministerio Público y los que tienen que administrar, encuentran todas las trabas del mundo para poder hacer afectiva la extinción de dominio, se los digo con conocimiento de causa, en la Ciudad de México hemos logrado poco más o menos entre 170, 160 juicios favorables de extinción de dominio y ahorita en este momento debe haber a 110 más en trámite contra dos o tres juicios en materia federal”.