Se Reparten Cientos de Hectáreas de Reserva Ecológica en Nayarit

*Involucrados Priístas, Panistas y sus Avales

Argonmexico / No salimos de unos, y ya estamos con otros… Hace tres décadas la Sierra de San Juan fue declarada “Reserva de conservación y equilibrio ecológico y regeneración del medio ambiente del estado de Nayarit”, conocida también como Reserva Ecológica de San Juan o Volcán de San Juan; pero ahora ha ido siendo cercenada en “terrenitos” que “compran” baratos y a su gusto servidores públicos estatales.

Comunicadores de la entidad nos remiten a cómo el 28 de mayo último, el periódico nayarita Realidades publicó un singular reportaje que tituló “En Nayarit: una Política Criminal en Materia de Protección al Ambiente”, y que presentó numerado como sigue:

  1. I. El 28 de octubre de 1987, en tiempos del gobernador Celso Humberto Delgado, mediante decreto publicado en esa fecha, se declaró al “Cerro de San Juan” zona de reserva y conservación ecológica, teniendo como uno de sus efectos inmediato la suspensión de las explotaciones de materiales pétreos -jal, arena y grava- por la grave afectación al equilibrio ecológico que suponían.
  2. II. El 25 de abril de 2001 fue publicada la Ley estatal del equilibrio ecológico y protección al ambiente del estado de Nayarit, que en su artículo 89 emplaza al gobierno del estado para que a más tardar en un año, y a través de su área responsable de la instrumentación de la política en materia ambiental, elabore el plan de manejo del Área Natural Protegida “Cerro de San Juan”.

III. El 18 de octubre de 2003, el gobernador Antonio Echevarría Domínguez atendiendo los reclamos de los dueños de las areneras y jaleras, abrogó mediante decreto publicado en esa fecha, el decreto aprobado a su vez por el gobernador Delgado y con tan solo mover la cota altitudinal que delimitaba la zona de 980 a 1080 msnm, liberó 15 mil de las 20 mil hectáreas que comprendía el decreto original permitiendo de esa manera que continuara impunemente el grave daño a ése ecosistema urbano.

  1. IV. Los daños de ese abuso de poder de la familia Echevarría están a la vista:

– Abatimiento y sequía de los mantos freáticos,

– Agotamiento de la disponibilidad de agua para la ciudad de Tepic,

– Aumento de la temperatura ambiente,

– Incremento de sólidos en suspensión ocasionando contaminación atmosférica,

– Alteración de la regularidad en los periodos de lluvias,

– Sequía de arroyos que nacían del Cerro de San Juan,

– Obstrucción de los drenajes de la ciudad por residuos de las explotaciones mineras que son arrastrados por las lluvias y más.

  1. V. Eso sí, en las 15 mil hectáreas que quedaron fuera del ÁREA NATURAL PROTEGIDA, ahora aparecen como dueños, al menos de alguna parte de esta extensión, los propietarios de la empresa “Grupo Álica” (GEA); o sea, el exgobernador Antonio Echevarría y otros familiares como su hijo del mismo nombre y quien es hoy el gobernador electo.

Realidades acusa que Grupo Álica ha emprendido en esa zona el proyecto llamado BIÓSFERA, un desarrollo habitacional dirigido a la clase media alta, en una superficie de 33 hectáreas y cuyo director de la empresa era Antonio Echevarría García, el ahora gobernador electo de Nayarit, quien fue abanderado por una alianza de los partidos: PAN, PRD, PT y PRS (local).

“Y para no quedarse atrás –añade–, el gobernador saliente, el priísta Roberto Sandoval construyó en una parte de la superficie cercenada al Área Natural Protegida original, RIE, negocio familiar dedicado a brindar terapia equina”.

El 18 de junio, en otra publicación del mismo diario nayarita se denuncia que cientos de hectáreas del cerro de San Juan, “Patrimonio Nacional” o zona protegida, fueron adquiridas a precios de risa, DIEZ PESOS por METRO CUADRADO, por funcionarios del gobierno estatal, entre quienes sobresale el ya extitular de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto y exdiputado federal Roy Gómez Olguín.

También refiere: se habla de otros altos funcionarios que “no cantan mal las rancheras” y se han apropiado de cientos de hectáreas a todo lo largo y ancho de la entidad, y que poco a poco iremos descubriéndoles sus “abusos de poder”. Así lo ofrece el diario, ante lo que hemos expresado de forma reiterada: el poder los hace iguales.
Por todo ello, ambientalistas y protectores de la flora, fauna y mantos freáticos de Nayarit exigen se dé marcha atrás a la compraventa de tierras del cerro de San Juan, zona protegida por las instancias federales. “No se puede permitir que haya funcionarios tan voraces y abusivos que con unos cuantos pesos compren el oxígeno, el aire, los pulmones de la capital del estado”.

Exigen se actúe en consecuencia para que se devuelvan esas tierras porque son Propiedad de la Humanidad. “Son pulmones vivientes del pueblo y escudos naturales contra huracanes, ciclones, y contra todos los fenómenos naturales que ponen en riesgo la vida de miles de personas”.

De acuerdo a la información publicada, se alerta que en la realidad nayarita los funcionarios estatales a punto de ser relevados o ya fuera del gobierno del estado, “sólo siguen el ejemplo de la familia del Gobernador electo”.

Así las cosas, en este proceso de enriquecimiento ilícito con la apropiación de terrenos de zonas protegidas en Nayarit, y en evidente abuso de poder, que involucra a funcionarios priístas estatales que dejarán el cargo con el relevo; como a quien llegará al palacio de gobierno con el aval de partidos de oposición, la duda que asalta a la ciudadanía es ¿Quién investigará a quién? ¿Quién denunciará a quién? Cuando podrían estar enlodados priístas, y gente del PAN, PRD, PT y PRS…

Sí. Tendremos que esperar a que desde la dirigencia nacional de cada instituto político haya un pronunciamiento firme y contundente respecto a impulsar el retorno de esos terrenos, y que se sancione a quienes resulten involucrados en el abuso en este caso y en otros como en los terrenos de la Riviera Nayarita bajo el control de organismos turísticos federales.

También es de esperar que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y demás autoridades involucradas cumplan su función e investiguen y sancionen a los culpables de apropiarse de zonas naturales protegidas, como de otras de creciente dimensión turística. Y mientras más pronto, mejor…

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