Propone GPPRD Atender Problemática de Aborto como Asunto de Salud Pública desde la Constitución
Por Daniel Gómez trejo
*Plantea reformar su artículo 4 para evitar más embarazos no deseados, muertes por abortos clandestinos y criminalización de las mujeres
*Cada año se perpetran en México más de 600 mil violaciones, la mayoría contra mujeres, muchas de ellas adolescentes que resultan embarazadas
Argonmexico / Para prevenir más muertes por abortos clandestinos, encarcelamiento injusto o daños a la salud de quienes abortan y sobreviven, así como embarazos no deseados, el GPPRD propuso reformar la Constitución para garantizar institucionalmente servicios de salud sexual y reproductiva a las mujeres, incluida la interrupción voluntaria o necesaria de la gestación.
La bancada del Sol Azteca que coordina Verónica Juárez Piña presentó la iniciativa correspondiente a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la cual los legisladores perredistas precisan que se debe considerar la interrupción del embarazo como un asunto de salud pública.
Destacaron la gravedad de este problema al señalar que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se practican más de 20 millones de abortos peligrosos en el mundo y que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que de 1990 a 2015 fallecieron en México dos mil 338 mujeres por abortos clandestinos, lo que representó 1 de cada 13 muertes maternas.
Señalaron que el aborto es una práctica que se lleva a cabo sin importar edad, clase, nivel de educación o socioeconómico, religión, estado civil, o si existe regulación o no, sobre todo cuando el embarazo no es deseado y resultante de falta de anticonceptivos, alguna violación o cualquier otra causa.
La insuficiente cobertura de anticonceptivos, que sólo abarca a 44.5% de las jóvenes y adolescentes, 58% de mujeres indígenas y a 64% de mujeres en zonas rurales, provoca que 40% de los embarazos no deseados se presentan en jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO),
Por otra parte, la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) afirma que la interrupción del embarazo por violación es un problema de salud pública, ya que estos delitos por violencia -de acuerdo a cifras oficiales- representan al menos 600 mil al año. De las víctimas, nueve de cada 10 son mujeres y cuatro de cada diez de ellas tienen menos de 15 años de edad.
El agravante es que muchas de las mujeres violadas que resultan embarazadas y deciden abortar son luego criminalizadas y penalizadas por ello.
“Son las mujeres con menos recursos las más propensas a alguna complicación en las prácticas clandestinas que las puede llevar a la muerte o a la cárcel. Por ellas, por todas, es que garantizar la interrupción del embarazo es un pendiente legislativo que se debe resarcir y que ha sido retrasado por muchos años ya”, expresaron las y los legisladores perredista.
Es cierto que en algunas leyes estatales se permite el aborto por algunos factores, pero hay casos que aún no son considerados.
Por lo demás, el aborto, lejos de disminuir, aumenta en todos los estados sin importar el estatus legal. “La criminalización no reduce su incidencia pero sí aumenta el riesgo de muerte y complicaciones para las mujeres”, señaló una representante de la organización Ipas México.
También reconocieron que en el artículo 4 de la Constitución se garantiza legalmente que toda persona decida libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, pero le falta considerar la interrupción del embarazo como un asunto de salud pública.
Por todo lo anterior y porque México ha suscrito convenios internacionales en los que se compromete a que las mujeres ejerzan sus derechos eficaz y plenamente –entre ellos a interrumpir el embarazo bajo ciertas consideraciones- propusieron agregar al artículo 4 constitucional que:
“Se garantizará este derecho –el decidir sobre número y espaciamiento de hijos-, estableciendo la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción del embarazo cuando la mujer interesada así lo solicite o lo necesite, como una obligación institucional.”
La bancada del PRD expresó que también es necesario trabajar en la prevención del embarazo no deseado y garantizar así, el acceso a la interrupción de éste en caso de ser deseado o requerido, sin ninguna restricción.
“No podemos seguir permitiendo la muerte o el encarcelamiento de mujeres que ejercen su derecho a decidir sobre su cuerpo, debemos asegurar condiciones dignas, gratuitas y eficientes que les permitan llevar a cabo el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos”, reafirmaron.
