Pide GPPRD a Poder Judicial Inhabilitar Memorándum de AMLO

Por Daniel Gómez Trejo

*Verónica Juárez y Abril Alcalá Padilla informaron que el Grupo demandó amparo contra el inconstitucional documento del Presidente

* El GPPRD establecerá acuerdos para la reforma educativa siempre que se priorice rectoría del Estado e interés superior de la niñez

Argonmexico / El GPPRD en la Cámara de Diputados solicitó juicio de amparo contra el Gobierno Federal por diversas violaciones a la Constitución con el “Memorándum” del Presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 16 de abril mediante el cual ordena a diversas instancias dejar de aplicar “las llamadas reformas educativas”.

Lo anterior lo informaron la Coordinadora del GPPRD, Verónica Juárez Piña, y la Secretaria de la Comisión de Educación de propia Cámara de Diputados, Abril Alcalá Padilla, quienes acusaron al Presidente de la República de dañar con su memorándum al sistema educativo nacional, la división de poderes y al federalismo previstos en la Constitución.

En conferencia de prensa en este recinto legislativo con otras y otros legisladores, solicitaron en consecuencia que el Poder Judicial, mientras se resuelve este juicio de amparo, ordene al titular del Poder Ejecutivo suspender a su vez la aplicación de su memorándum.

Argumentaron que el titular del Ejecutivo Federal, con el mencionado documento, vulnera el derecho a la educación de toda persona, las facultades y decisiones de los poderes Judicial y Legislativo, y los principios de división de poderes, de congruencia, de garantía de seguridad, de justicia exhaustiva, y de interés superior de la niñez y la adolescencia, todos ellos previstos en la Carta Magna.

En su demanda de amparo, las legisladoras mencionadas, así como las y los diputadas Frida Alejandra Esparza Márquez, Mónica Almeida López, Azucena Rodríguez Zamora, Antonio Ortega Martínez, Raymundo García Gutiérrez, José Guadalupe Aguilera Rojas, Claudia Reyes Montiel, Mónica Bautista Rodríguez y Guadalupe Almaguer Pardo, apuntaron que la emisión de “memorándums” ni siquiera está entre las facultades previstas en la Constitución para el Ejecutivo.

Además de vulnerar las facultades de otros poderes y de tratar de ejercer otras que constitucionalmente no tiene, lo señalaron de violar el mandato previsto en la Constitución y dirigido a la Federación y a las entidades federativas de concurrir y coordinar tareas en materia educativa.

La diputada Juárez Piña apuntó que el Presidente López Obrador, además de la Constitución, transgrede diversas leyes que de ella derivan e incluso tratados internacionales con el cuales el Estado Mexicano se ha comprometido.

Abril Alcalá Padilla, a su vez, consideró que el Presidente, con la firma del memorándum ante medios de comunicación, envía un mensaje muy desafortunado y hasta peligroso a la ciudadanía en cuanto a cumplimiento de la ley, precisamente en un contexto en el cual se debate sobre la responsabilidad de actores políticos y las consecuencias que deben enfrentar por ello, y en un contexto en el que la ciudadanía está harta de la inseguridad.

Advirtió que si el presidente no cumple la ley, entonces algunos creerán que cualquiera puede hacerse justicia por propia mano contra la delincuencia porque la ley no la cumple ni quien juró cumplirla y hacerla cumplir.

Recordó que es el Poder Legislativo el facultado precisamente de legislar, expedir leyes y, en su caso, derogarlas, no el Poder Ejecutivo, y que en materia educativa está en proceso precisamente dejar sin efecto la reforma del anterior sexenio para sustituirla por otra con participación del mismo gobierno, maestros, académicos, especialistas, padres de familia, organizaciones y otros actores.

Si el ahora Presidente –dijo- estableció en su campaña electoral compromisos irracionales y, por tanto, incumplibles, no es culpa del Legislativo que ahora no haya acuerdos con una parte de la CNTE, sino de él mismo.

En este sentido, Verónica Juárez advirtió que si los secretarios de Educación, Gobernación y Hacienda y Crédito Público acatan el memorándum del Presidente, podrían enfrentar responsabilidades administrativas y penales.

Expresó la disposición del GPPRD a llegar acuerdos para la reforma al sistema educativo, siempre y cuando se priorice el interés superior de la niñez y la adolescencia, y la rectoría del Estado Nacional.