Mensaje de Alejandro Encinas en Reconocimiento Público de la Responsabilidad del Estado y Disculpa Pública a Lydia María Cacho
De la redacción
Argonmexico / Buenas tardes a todas y todos ustedes.
Con su autorización señora Secretaria de Gobernación.
Señora Lydia María Cacho Ribeiro.
Señor Secretario de Relaciones Exteriores.
Señor representante de México ante la Organización de Naciones Unidas.
Señor representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Señor Cristina Ruelas, representante de Artículo 19, bienvenida.
Amigas, amigos todos.
Representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional.
Estimados representantes de los medios de comunicación, periodistas y defensores de los derechos humanos.
Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy.
A todos, que tengan un buen día.
El día de hoy nos encontramos en este acto republicano de la mayor importancia, vamos a dar cumplimiento a la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, emitida el día 31 de julio de 2018, respecto a la violación a los derechos humanos de la ciudadana Lydia María Cacho Ribeiro, derivados de los hechos ocurridos en diciembre de 2015, y a raíz de su labor como periodista y defensora de los derechos humanos, cometidos estos agravios por distintas autoridades del Estado mexicano.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señaló que se violaron los artículos tercero, séptimo, noveno y décimo noveno del Protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, violentando entre otros derechos humanos, el de la libertad de expresión, el respeto a la integridad personal, el derecho a no ser sometida a tortura, así como el del derecho a la salud, el acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia.
El Comité calificó que los tratos a los que fue sujeta por diversas autoridades del Estado mexicano, en el marco de su detención, fueron arbitrarios, y tuvieron un objeto discriminatorio por razón de género, señalando que el Estado no cumplió con sus obligaciones de proveer de un recurso efectivo para investigar y sancionar a los culpables de tales arbitrariedades.
Dicha responsabilidad entraña la falta de debida diligencia del actuar de las autoridades de investigación del Ministerio Público, al no realizar los actos necesarios y en el tiempo razonable, para garantizar que todas las personas implicadas en dichas violaciones a derechos humanos, tanto particulares, como autoridades administrativas y judiciales de los distintos órdenes de gobierno, fueran procesadas y sancionadas de forma adecuada y proporcional.
Por lo que el Comité determinó que el Estado mexicano debe proporcionar a la periodista un recurso efectivo y una compensación adecuada, así como realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados.
Para el actual gobierno de México, la construcción de un sistema democrático no puede lograrse sin una procuración de justicia oportuna y ética, que sancione la comisión de violaciones a los derechos humanos, y promueva y garantice su respeto y acabe con la impunidad.
El respeto y la garantía de los derechos humanos, son la primicia fundamental de cualquier sociedad y Estado democrático.
Cuando las instituciones fallan en su papel para garantizar el ejercicio de los derechos, éstas están obligadas a reconocer su responsabilidad y reparar el daño causado, a fin de garantizar la dignidad de las personas.
Por lo cual, habremos de asumir, como lo ha señalado el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que el Estado mexicano falló en su responsabilidad de proteger los derechos de libertad de expresión, integridad personal, el derecho a no ser sometida a tortura, a la no discriminación en razón de género, a la libertad y seguridad personal, a la salud y acceso a la justicia, en razón de la detención arbitraria, actos de tortura psicológica y física, amenazas de muerte y violencia verbal y física, así como los actos de discriminación por razón de género que fue expuesto durante y después de la detención originada de la denuncia por difamación como represalia, ante la publicación del libro: “Los demonios del Edén”, de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro.
Ciudadana Lydia María Cacho Ribeiro, a nombre del Estado mexicano, le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Le ofrezco una disculpa por la detención arbitraria de la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano, derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia, por parte de la autoridad.
Le ofrezco una disculpa por la utilización de la tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes del Estado mexicano, durante su detención, así como por la violencia y discriminación que sufrió en razón de su género durante este proceso.
Y una disculpa por la impunidad y corrupción alentada por instituciones de los diferentes órdenes de gobierno, que le impidieron acceder de manera pronta, imparcial y efectiva a su derecho a la verdad y a la justicia.
Comparto con usted la indignación respecto al daño generado de quienes debieron protegerla y no lo hicieron, por lo que investigaremos a las autoridades y a los agentes del Estado que incurrieron en estas acciones, por colusión u omisión, y que permitieron que sucediera este tipo de actos y que no fueran castigados.
El Estado mexicano hace el compromiso de garantizarle la reparación integral del daño en que incurrieron las autoridades mexicanas, desde el 16 de diciembre de 2005, y a su vez, reiteramos el compromiso de implementar las medidas de no repetición para que los hechos que violentaron sus derechos humanos no vuelvan a sucederle a usted, ni a ningún otro u otra periodista, ni persona defensora de los derechos humanos en nuestro país.
Para ello, cada una de las autoridades en el ámbito de sus competencias, acataremos los resolutivos emitidos por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, para realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados.
Para procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas, a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas.
Para adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, garantizando que todos los periodistas y defensores de derechos humanos, puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades.
Para velar por la protección de la libertad de expresión del ejercicio periodístico, y del derecho a la información, en aras de fomentar la participación ciudadana y fortalecer nuestra democracia.
Para tomar medidas necesarias para garantizar a las mujeres, el acceso a una vida (libre) de violencia y eliminar toda forma de discriminación por género y toda práctica de tortura sexual.
Espero que este acto nos permita avanzar en la construcción de una sociedad más democrática, en donde la libertad de opinión y de expresión alcancen su justa dimensión, ya que sin ellas, es imposible que se desarrollen los elementos para el fortalecimiento al respeto de los derechos humanos, condición indispensable para consolidar una sociedad libre, justa, tolerante e igualitaria.
Asumimos la responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos hace poco más de 13 años, en este lapso, el país ha cambiado.
El gobierno ha cambiado, y el gobierno de México, dejará atrás la simulación y enfrentará de manera firme la crisis humanitaria de derechos humanos que (…) el país, para alcanzar la paz y la tranquilidad entre los mexicanos, garantizando a todas y cada una de las personas que viven o transitan por nuestro país, a los periodistas y a los defensores de derechos humanos, el ejercicio libre de sus derechos.
Las cosas van a cambiar en serio, y asumiremos plenamente nuestra responsabilidad.
