La FEADLE ha Hecho Caso Omiso

Argonmexico / ¿Quién querrá informar?… Según la Corte Internacional de Derechos Humanos, en los últimos 12 años fueron asesinados 25 comunicadores en Veracruz, estado donde más crímenes de periodistas se cometieron. Felap-México reporta que de 1983 a la fecha, han sido acribillados 228 informadores, ocho trabajadores de prensa, 15 familiares, ocho amigos y tres personas relacionadas con el gremio. No incluye 26 desapariciones sin aclarar.

En tanto, la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez Valdez, urgió a la FEADLE atraiga el caso del homicidio de Jesús Adrián Rodríguez; y realice las diligencias necesarias para capturar y castigar a los responsables de los asesinatos de Cecilio Pineda y Ricardo Monlui.

Desde la comodidad de la oficina que ocupa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sin ir más allá de ordenar a sus asistentes hagan su tarea, la panista consideró “necesario” y “urgente” que la Cámara de Diputados se pronuncie respecto a los homicidios de esos tres comunicadores: Rodríguez, Pineda y Monlui.

Así, con escasa información de los comunicadores victimados, la legisladora estimó pertinente exhortar al Ejecutivo federal para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión sea sensible, y se abstenga de emitir declaraciones tendentes a justificar su falta de eficacia y cumpla con sus obligaciones legales”.

Según la currícula que publica la Cámara baja en su portal, Brenda Velázquez Valdez es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, cuenta con dos maestrías: una en Administración y otra en Ciencias de la Familia (no indica dónde estudió); y su trayectoria en el PAN inicia en 2009, cuando fue diputada local en Nuevo León y Coordinadora de Comunicación en San Nicolás. Nada qué ver con medios de comunicación.

Después de suscribir decenas de iniciativas presentadas en ese cuerpo colegiado, la mayoría como adherente, el 21 de febrero pasado propuso crear un ordenamiento jurídico para proteger, promover y garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo, como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión, del periodismo y del derecho a la información.

Así como Prever un Mecanismo para la Protección de Periodistas, Crear el Fondo para la Protección a Periodistas con el propósito de obtener recursos económicos adicionales al Presupuesto de Egresos de la Federación; y Eliminar la tipificación de delitos contra quien realice actos tendentes a obtener información de los cuerpos de seguridad pública, o figuras similares; o delitos contra el honor.

Es decir, sin mayor experiencia que haber presidido la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, este martes, conminó a las fuerzas políticas representadas en ese cuerpo colegiado a “comprometerse a dictaminar los asuntos que tienen que ver con la prevención y protección a los periodistas, y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión”.

Con todo lo que tienen que padecer los comunicadores en México, consideró lamentable que el país enfrente un problema tan grave de represión, y de limitación a garantías fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información y a su difusión.

Sostuvo que a pesar de que tales derechos están reconocidos por la Constitución, “éstos se ven afectados con frecuencia; por ello, la necesidad de crear instituciones, mecanismos y comisiones legislativas que atiendan la materia, “pero al parecer el problema no sólo no se corrige, sino que parece empeorar”.

Para recordar que el 9 de diciembre de 2016 fue asesinado el periodista Jesús Adrián Rodríguez; mientras que lo mismo sucedió el 3 de marzo a Cecilio Pineda; y, apenas este domingo 19, Ricardo Monlui, también perdió la vida. Cuando desgraciadamente se tiene conocimiento además de 34 agresiones a periodistas, de diciembre último a la fecha.

Ante este panorama, refirió que en sesión previa pidió exhortar al Poder Ejecutivo a que instruya a la Segob y a la PGR a cumplir sus facultades constitucionales y legales de garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información, el ejercicio de la labor periodística; así como la vida, seguridad e integridad de los profesionales de la comunicación en todo el territorio nacional.

Dicho Punto de Acuerdo fue turnado a comisiones para seguir el proceso legislativo correspondiente; sin embargo, es inconcebible que antes de que eso suceda, a plena luz del día y frente a su familia fuera asesinado Ricardo Monlui.

La diputada expresó su total rechazo a la respuesta de la Segob mediante la declaración emitida -a raíz del homicidio de Cecilio Pineda Brito- por el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, quien argumentó que habían advertido al periodista que su vida estaba en peligro y que debía abandonar la entidad, su hogar y su trabajo.

Velázquez Valdez sostuvo que se posee información de que Cecilio Pineda gozaba de medidas de protección brindadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación, y que “le fueron retiradas unos meses antes de su muerte, por lo que exigimos una explicación”.

Respecto al caso de Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, la FEADLE ha hecho caso omiso, y no ha ejercido su facultad de atracción para investigar este homicidio. “Esta situación debe corregirse, las agresiones a periodistas en México deben parar”. No se puede ser comunicador cuando la vida propia, y la de la familia penden de un hilo, que se rompe por lo más delgado…

 

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