Eliminar Fuero Hasta al Presidente de la República; PAN

Por José Luna

*Pide Marko Cortés a Comisión de Puntos Constitucionales Analice Diversas Iniciativas *De no Aprobarse en Ambas Cámaras, se Acreditará Demagogia e Incongruencia de PRI y su Candidato

Argonmexico / Solo quedan dos semanas del periodo de sesiones para aprobarse la eliminación del fuero, la que inicia para la Cámara de Diputados y la última para la de Senadores. Sin duda al esfuerzo por eliminar el fuero el PRI llega tarde, pero más vale tarde que nunca, afirmó el Presidente de la Junta Coordinación Política, Marko Cortés Mendoza.

Estableció que el fuero constitucional es una figura de privilegio para los servidores públicos que ya no puede persistir en el sistema político mexicano, por eso los diputados de Acción Nacional “hemos presentado muchas iniciativas al respecto, la última fue hace más de un año para hacer una reforma política profunda, que entre otras cosas contempla la eliminación del fuero para todos incluido el Presidente de la República”.

Hizo énfasis al pedir a la Comisión de Puntos Constitucionales emita a la brevedad un dictamen conjunto, porque ya solo tenemos dos semanas de este periodo legislativo, una para que la aprobemos en Cámara de Diputados y otra para que la aprueben en el Senado; “sin duda al esfuerzo por eliminar el fuero el PRI llega tarde, pero más vale tarde que nunca, lo importante es consolidar un proyecto de dictamen que elimine por completo la figura que ha servido para fomentar la impunidad y corrupción”.

Expuso que el dictamen deberá garantizar que cualquier servidor público pueda ser sujeto a proceso, permitiéndole seguir en su encargo mientras un juez no lo declare culpable, siempre partiendo del principio de inocencia, evitando por un lado debilitar a las instituciones y por el otro garantizando el combate a la impunidad y la corrupción.

El coordinador de los diputados panistas refirió que la Constitución dicta en el segundo párrafo del artículo 108 que “el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Por lo que subrayó que también se vuelve necesario derogar dicho párrafo para cambiar el espíritu proteccionista del Constituyente e ir al fondo en una de las demandas más sentidas del ciudadano del siglo XXI, además de ser consistentes con el espíritu del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y de combate a la impunidad.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aseguró que la escandalosa corrupción que se ha visto en este Gobierno Federal ha derivado en una actitud de condena ciudadana hacia el fuero de los funcionarios gubernamentales lo que ha derivado en un debilitamiento en credibilidad del servidor público.

Explicó que la desaparición de la figura del fuero constitucional para todos los servidores, empezando por el Presidente de la República, responde a una necesidad de rendición de cuentas y transparencia que exige la nueva forma del quehacer político, de hecho, no es aventurado asegurar que el modelo actual va de salida y se demostrará con la victoria electoral del candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya.

La propuesta panista, dijo el también Coordinador del GPPAN, debe incluir la revisión de los artículos 110 y 111 constitucionales para que no exista la posibilidad de que el Presidente de la República, ni ningún funcionario público quede protegido por el manto de la impunidad.

En estos casos, debemos mencionar a los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República (PGR); los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.

Así como los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.